Remando hacia atrás

Para aspirar a una economía resistente tenemos que basarnos en un tejido empresarial y empleo resistente. Si, además, consiguiéramos una administración pública eficiente, ya podríamos colgarnos la medalla de «competitivos».

Pero la transformación de los contratos aprobada en la última reforma laboral está haciendo aguas.

Según los datos del SEPE, en enero de 2021 se contabilizaron 1.302.429 contratos laborales con una duración media de 53,74 días, de los cuales 124.191 eran indefinidos.

Ahora, en enero de 2023, se contabilizaron 1.200.749 contratos laborales, con una duración media de 51,82 días, de los cuales 530.306 son indefinidos.

O sea, que mientras este mes de enero se han hecho 101.680 contratos menos, y los contratos indefinidos se cuadriplican, la duración de los contratos es algo menor que en 2021 (antes de la reforma.)

Entonces, ¿para qué sirve la reforma? ¿Para encarecer los costes laborales de las empresas? ¿Para mejorar las estadísticas, aunque los trabajadores trabajen lo mismo, pero durante 51 días puedan decir que están fijos?

La clave está en la productividad, o la falta de ella. Mientras nuestro país tenga el PIB per cápita más bajo de Europa y Canarias el más bajo de España, el consumo interno no da para más. Si la previsión es que habrá que contener déficit y deuda pública en los próximos años, solo nos quedaría exportar.

Pero claro, si no somos competitivos, menguamos nuestra seguridad jurídica, ponemos en cuestión los incentivos económicos y fiscales y encarecemos los costes laborales de las empresas por encima del resto de países europeos, con los que competimos, se nos presenta una incertidumbre general y global que no incita a la inversión o nueva contratación los próximos años.

Los empresarios, solos, no pueden con todo esto. Menos, si alguien rema hacia atrás.

Ya lo decía Miguel Hernandez en su poema: Tristes guerras si no es amor la empresa. Tristes, tristes…

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