El bloqueo de Fuerteventura

Unos amigos majoreros me advirtieron hace meses que el Cabildo de Fuerteventura protagonizaría una astracanada fenomenal y que, en la práctica, el mandato está perdido para cualquier cosa. Y así ha sido. Ahora mismo el equipo de gobierno lo conforman dos personas y la oposición 25. Después de la dimisión obligada del socialista Blas Acosta se formó una nueva mayoría en la que Sergio Lloret, una nulidad de las insignificantes Asambleas Municipales de Fuerteventura, se convirtió en el nuevo presidente. Las AMF solo habían obtenido dos consejeros en las elecciones de mayo 2019. Es una tomadura de pelo a los electores –una burla ya con cierta tradición– que un caballero que encabeza una lista que no ha llegado al 11% de los sufragios emitidos (y con una participación de apenas del 56% del censo electoral) pueda convertirse en el presidente del Cabildo. Pero es lo que ha ocurrido. Además de su coaligado de Nueva Canarias Lloret –un ingeniero de caminos familiarmente relacionado con Asamblea Majorera– contaba con los siete consejeros de CC y los 4 del Partido Popular. Todo ha volado por los aires gracias a su sobrehumana inteligencia política. A los consejeros coalicioneros les destituyó fulminantemente por negarse a apoyar la instalación de un supuesto centro de producción de películas –con una gran plataforma comercial anexa– muy cerca del parque natural de las Dunas de Corralejo. Los consejeros del PP se han marchado sencillamente porque el presidente les ninguneaba y se negaba a facilitarle la mínima información operativa para desempeñar sus responsabilidades. Lo más sorprendente es que el reglamento del Cabildo majorero estipula que para tomar decisiones de gobierno se debe contarse con un quórum de tres consejeros a la hora de votar. Y Lloret no los tiene. En realidad es un presidente meramente verbal, apenas un gruñido gastrítico como presidente, pero si se empeña en no serlo, puede verse envuelto en una situación judicialmente muy delicada.

El Cabildo de Fuerteventura está bloqueado. Es imposible gobernar en estas condiciones. Las probabilidades de llegar a esta situación implosiva eran elevadas desde que se formó la corporación dada la atomización del voto que decidieron los electores en 2019: hasta siete partidos o plataformas electorales alcanzaron representación, incluido Podemos, Ciudadanos y el cabriolé de Domingo González Arroyo. En ese sentido Fuerteventura ha igualado ya a Lanzarote y lo peor es que las encuestas vaticinan una disgregación similar para los próximos comicios. Mientras se insistía en la corrección de los topes electorales y en la inclusión de una lista regional, en los cabildos, en cambio, los equilibrios entre gobernanza y representatividad parecía que no intranquilizaban a nadie. En Lanzarote, por citar un ejemplo anterior, con muy poco más de 2.000 votos en el contexto de una abstención del 48% puedes conseguir un consejero y tal vez condicionar la vida política insular durante cuatro años. O, como en el caso de Fuerteventura, bloquear espuriamente durante seis o siete meses la gestión de un gobierno municipal que en la práctica es inexistente.

El presidente del PP de Canarias, Manuel Domínguez, se ha dirigido al PSOE y a CC para encontrar un acuerdo y cerrar un tripartito con un programa de mínimos hasta las elecciones. Se me antoja un objetivo muy complicado, porque ninguno de los potenciales socios está dispuesto a ceder la presidencia de la corporación. Es mucho más probable que esta estúpida agonía se prolongue mientras todos se responsabilizan mutuamente de la catástrofe. ¿No es un buen momento el próximo mandato para una reforma en la ley de Cabildos o un ajuste coordinado de todos los reglamentos para evitar el chantaje de los partidos más pequeños, sobrerrepresentados por la altísima abstención de los últimos años?

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