Repunte de llegada de migrantes mientras el Gobierno ata el reparto de menores

La llegada de 268 inmigrantes en cinco embarcaciones precarias en las últimas 24 horas a las costas canarias encendió la luz de alarma y forzó a los equipos jurídicos del Estado y de la Comunidad Autónoma a acelerar los trabajos para tener, como muy tarde el martes, el texto definitivo de la reforma legal para hacer obligatorio el reparto de menores no acompañados. Si todo marcha como está previsto, es posible que el mismo martes el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que en su círculo más cercano aseguran que «está muy implicado en dar celeridad al texto», convoque el 14 de mayo la comisión interministerial con el texto definitivo.

Las prisas se deben a que todo parece indicar que el temido repunte de llegada de cayucos y pateras previsto para mediados de junio puede adelantarse y que, incluso, las previsiones estatales de que hasta final de año desembarquen 70.000 migrantes se desborde hasta superar los 85.000. De ser así, los menores que arribarían a Canarias hasta diciembre rebasarían los 12.500.

Ya en abril arribaron 405 menores, lo que supone haber superado el cupo de derivaciones a otras comunidades que se pactó en la Conferencia Sectorial de Infancia el pasado mes de octubre.

Bajo esta presión, los equipos de los distintos ministerios y consejerías canarias implicadas en la modificación del artículo 35 de la Ley se están centrando en «dos flecos» que aún quedan por pulir, tal y como confirmó ayer el presidente de Canarias, Fernando Clavijo.

Solventado el asunto de que existirá financiación estatal para el plan de reparto imperativo (el ministro Torres ya se lo garantizó al propio Clavijo el pasado martes y ayer lo ratificó la vicepresidenta y titular de Hacienda, María Jesús Montero) y de que ninguna comisión sectorial bloqueará la distribución, las cuestiones que preocupan son las relativas a la custodia temporal de los menores y si los cambios en la norma se van a hacer por decreto ley, como pide Canarias, o por medio de una proposición de ley de trámite urgente, como defiende el Ejecutivo central. Aunque desde el primer momento desde el Gobierno regional se aseguró que la vía de tramitación en las Cortes no iba a ser motivo de casus belli, la reciente deriva del discurso del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que identificó durante la campaña electoral catalana el fenómeno de la inmigración con el incremento de la inseguridad, otorga esperanzas sobre que el Ejecutivo de Pedro Sánchez apueste por el decreto ley para impedir que el viraje del PP hacia las tesis ultraderechistas de Vox prolongue el trámite de presentación de enmiendas y debate final del texto.

Los 2.500 menores afectados por el reparto tardarían un año en ser asignados a las autonomías

Según las previsiones que expuso hace varias semanas el propio ministro Torres, hasta finales de julio las Cortes Generales no aprobarían la modificación legal si se tramita como proposición legislativa de los grupos que apoyaron la investidura de Sánchez. Por ello, desde Canarias se cree que este repunte adelantado, más la deriva del PP a las tesis de Vox, puede hacer caer la balanza hacia el lado del decreto ley. El texto recoge que el Plan de Respuesta se apruebe en el plazo máximo de tres meses a partir de la entrada en vigor de la ley, es decir, a finales de otoño si se opta por el trámite de proposición legislativa.

 Clavijo insistió ayer en que «ya está garantizado» que la Comisión Sectorial de Infancia «no va a cambiar ni los cupos de reparto de los menores, ni en qué momento se activan los traslados», que se estipuló que sea cuando la red de acogida de una región esté al 150% de su capacidad, lo que en Canarias sería 3.000 menores.

Como se recordará, tras el acuerdo alcanzado entre el Estado y Canarias el pasado 22 de abril para hacer factible el reparto obligatorio de los menores entre todas las autonomías, desde la Consejería de Derechos Sociales de la Generalitat de Cataluña se pusieron reparos a la propuesta de redistribuir a unos 2.500 menores migrantes no acompañados de los casi 5.500 que tutela actualmente en solitario Canarias y el Gobierno de La Rioja rechazó «la obligatoriedad» de la modificación legal al asegurar que la distribución se basa en parámetros «incoherentes e inasumibles».

Los niños y niñas que lleguen no podrán estar más de 15 días en las Islas sin ser redistribuidos

En las Islas, los grupos parlamentarios que suscribieron el Pacto Canario por la Inmigración cerraron filas sobre la solución para acabar con el colapso que tiene el sistema de acogida de las Islas, conformado por 78 centros. Salvo Vox, todo el arco parlamentario respaldó, incluido el PP, que la tutela efectiva no la asuma el Gobierno canario y se asigne a otras autonomías en el momento de la llegada, que era otro de los puntos conflictivos y que ya ha sido solventado en el texto.

Con todo, los 2.500 menores de las Islas que son susceptibles de redistribución no lo serían hasta dentro de un año, aunque es cierto que las personas menores de 18 años que vayan llegando podrán ser repartidos de manera obligatoria, pero siempre preservando el derecho superior de los mismos, ya que en todo momento los intereses de las administraciones regional y estatal ha sido que este nuevo modelo de «acogida solidario y vinculante» ha sido «poner en el centro» los derechos de la infancia migrante no acompañada.

También el Estado aceptó que los menores que lleguen no pueden estar más de 15 días sin ser repartidos entre el resto de comunidades autónomas.

El futuro reparto se basa en la población, la renta, la tasa de paro, el esfuerzo que cada comunidad emplea en la acogida de menores extranjeros y la dispersión de la población. Según estos criterios, La Rioja será la que más menores recibirá (285), seguida de Cataluña (191), Madrid (187) y Andalucía (186). La que menos, Navarra (97).

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