Sumar teme el desgaste de la izquierda tras poner el PSOE la legislatura "en suspenso"

Los resultados del 23 de julio permitieron a PSOE y Sumar hacerse con los mandos del Gobierno. Fue una victoria por la mínima, casi inesperada, pero el socio minoritario teme ahora que la nave que pilotan en coalición vaya perdiendo vuelo si no se repone el combustible. Una caída que terminaría por estrellar las opciones para la izquierda en próximas citas electorales y que atribuyen directamente a la falta de "ambición" de los socialistas.

Poco más de cinco meses han pasado desde que el Ejecutivo echó a andar, y desde la plataforma de Yolanda Díaz ya acusan a Pedro Sánchez de falta de voluntad a la hora de gobernar. Moncloa ha diseñado un plan de medidas descafeinadas en lo ideológico que no convence en absoluto a su socio minoritario, donde advierten del serio "desgaste" para el electorado progresista, que podría castigar a la izquierda en las urnas si no ve cumplida las expectativas con las que fue a votar en las generales.

"Un Gobierno que ganamos por los pelos se sostiene avanzando", advierten desde la dirección de Sumar, donde acusan al PSOE de que "pretende dejar la legislatura en suspenso". Apuntan a que Moncloa no apostará por medidas de calado hasta el próximo curso, una vez que hayan pasado las elecciones catalanas y europeas y se haya aclarado la gobernabilidad de Cataluña: "Nos ponemos en septiembre", se lamentan.

Los de Yolanda Díaz advierten de la escasa apuesta de Sánchez a la hora de plantear apuestas legislativas. A esto achacan también la renuncia a los Presupuestos Generales del Estado de 2024 y la prórroga de los anteriores, una decisión que criticaron en su momento y que deja a Sumar sin la aprobación inmediata de algunas de las medidas que quería sacar adelante para este ciclo electoral. 

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Esta decisión por sí sola, argumentan, no tendría por qué paralizar al Gobierno. El problema es de actitud, censuran los de Díaz. "Puedes dejar caer los presupuestos y tener una agenda ambiciosa, pero no lo estamos viendo". Se malician además de que las propuestas por las que apuesta el PSOE tienen algo en común: "No cuestan un euro", critican, en referencia entre otras a la ley contra la prostitución presentada por los socialistas. Una falta de inversión que, creen, puede pasar factura y mermar sus opciones de aspirar a gobernar una próxima legislatura.

Los socios minoritarios de la coalición consideran que "la única manera de ensanchar la base social del Gobierno es avanzar". La parálisis de las cuentas y los casos de corrupción, creen, contribuyen a que el "ambiente se pudra". "Y eso perjudica siempre más al votante progresista", advierten.

El mantra de Sumar en las últimas semanas es que el Gobierno no puede "aguantar" semana a semana, sino que "tiene que gobernar". "No nos han votado para permanecer, sino para transformar", argumentó la semana pasada Iñigo Errejón en el Congreso de los Diputados. 

En Sumar consideran que es más necesario que nunca aprobar medidas sociales que justifiquen la necesidad de perpetuar una coalición progresista. Entre las propuestas que aspiraban a incluir en los presupuestos y que se han quedado de momento en el tintero está la ampliación de los permisos de nacimiento a 20 semanas o la reducción de la jornada laboral.

Este último asunto estaba ya incluido en el acuerdo de Gobierno firmado entre PSOE y Sumar, que contemplaba la reducción a 38,5 horas en 2024, una medida que se encuentra de momento en la mesa de diálogo social. En los últimos días el socio minoritario de la coalición se esfuerza en trasladar que esta medida saldrá adelante, una insistencia que busca aumentar la presión pública y asegurar su aprobación ante los posibles titubeos de los socialistas en este punto. 

Otro de los asuntos que fueron acordados en la coalición y que ahora está en duda es hacer permanentes los impuestos extraordinarios a la banca y energéticas. Aunque figura en el pacto de Gobierno, el ministro de Economía Carlos Cuerpo ha defendido en los últimos días que la propuesta está en estudio, dejando en el aire su aplicación.

La Ley de Familias, en el aire

La falta de presupuestos ha tenido otra consecuencia colateral, y ha sido la parálisis de medidas importantes para Sumar que ya habían sido aprobadas en el Consejo de Ministros. El escenario electoral de Cataluña complica ahora los acuerdos también en el Congreso, que tendrá que convalidar entre otros la Ley de Familias, elaborada por el Ministerio de Derechos Sociales de Pablo Bustinduy.

La convocatoria adelantada de elecciones en Cataluña -después de que los comunes tumbasen las cuentas de Pere Aragonés- generó gran malestar en ERC hacia Sumar y Yolanda Díaz, a quien acusaron de no interceder ante los comunes para evitar el desenlace. Un enfado que, amenazaron horas después de aquel episodio, se traduciría en el bloqueo de las iniciativas procedentes de los departamentos de Díaz en el Gobierno.

Y el primer examen es precisamente la Ley de Familias, que se aprobó en Consejo de Ministros por trámite de urgencia y que ahora tendrá que quedarse en una suerte de letargo en el Congreso de los Diputados, donde se encuentra en tramitación, mediante una prórroga del plazo de enmiendas que se podría alargarse hasta que pase la cita electoral catalana y se aclare el escenario político.

El ministro Bustinduy trató la semana pasada de desvincular la caída de las cuentas de su ley estrella. "No renuncio en absoluto [a la Ley de Familias] aunque no haya presupuestos", defendió en la Comisión de Derechos Sociales del Gobierno, asegurando que esta era una "prioridad de la acción de Gobierno": "Lo haremos por la vía legislativa con el consenso máximo del que seamos capaces de suscitar".

Desde Sumar, en cambio, sí admiten que "el Ministerio de Derechos Sociales es el más perjudicado" por el nuevo escenario político, sin cuentas públicas, que dejan en suspenso el incremento de las ayudas a la dependencia que aspiraban a aumentar, y la subida del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), el indicador por el que se calculan las subvenciones y ayudas públicas.

El de Trabajo, de Yolanda Díaz, es por contra el "menos perjudicado", según advirtió ella misma en una entrevista en Onda Cero la semana pasada, cuando argumentó que el presupuesto de su departamento se nutren directamente de las contribuciones de los trabajadores.