El TSJ determinará a finales de noviembre si la protección de la cruz del Valle de los Caídos depende de Ayuso

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid delibera en menos de 15 días, el 29 de noviembre, sobre en qué administración recae la responsabilidad de proteger la cruz del Valle de Cuelgamuros, conocido como Valle de los Caídos hasta que entró en vigor la Ley de Memoria Democrática en octubre de 2022. El análisis judicial responde a un recurso presentado por la asociación para la Defensa del Valle tras rechazar la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad la declaración de Bien de Interés Cultural del monumento.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, navegó sobre este asunto en la pasada legislatura ante la insistencia de Vox, entonces socio externo de su gobierno, para que se ocupara de defender el legado histórico de este enclave. El Gobierno regional siempre ha defendido que todo lo que se encuentra en el Valle es competencia del Estado, pero ahora espera la sentencia para saber si efectivamente es así o tiene que tomar alguna decisión. Desde la Comunidad, de momento, se limitan a decir que "hay que esperar" a lo que diga el TSJ, que hasta ahora no han hecho ninguna propuesta para este enclave y que en función de lo que diga el tribunal decidirán qué hacen.

En 2022, cuando el PP necesitaba los votos de Vox para sacar adelante sus proyectos y especialmente los presupuestos, Ayuso quiso hacer un gesto a la formación de Rocío Monasterio con este asunto. Vox defendía lo mismo que la Asociación que interpuso el recurso en el TSJM, que el Valle fuera declarado Bien de Interés Cultural por parte de la Comunidad (algo imposible por ser un bien estatal) y que la normativa autonómica les concedía un margen para actuar en él, algo que en aquel momento la Comunidad negaba.

El guiño al los ultraconservadores llegó con la Ley de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid. Esta norma no estaba pensada para defender el todavía Valle de los Caídos, pero su tramitación coincidió con el debate sobre el cambio de denominación del entorno en el marco de la ley de Memoria Democrática y el equipo de Ayuso supo vestirlo de intencionalidad política. En una norma que, en principio, debía servir para "adaptar y modernizar la Ley vigente a las tendencias actuales en materia de patrimonio cultural" se creó un nuevo tipo de patrimonio, el etnográfico, en el que caben "todos los bienes muebles, inmuebles, inmateriales, espacios o elementos que constituyan testimonio y expresión significativos de la identidad, la cultura y las formas de vida tradicionales de la Comunidad de Madrid", como la "arquitectura religiosa, incluyendo los calvarios tradicionales y las cruces, así como los elementos decorativos y bienes muebles relacionados directamente con el bien patrimonial a proteger", explicaron entonces desde el equipo de Gobierno.

Con esta interpretación, la Comunidad se reservaba, al menos dialécticamente, la posibilidad de proteger la cruz del Valle de los Caídos. Ahora que el PP ya no necesita el apoyo de Vox y que, por el contrario, intenta hacerse con su electorado intentando ningunear a los de Monasterio, Ayuso puede acogerse o no a esta interpretación si finalmente el TSJM deja la cruz en manos de la Comunidad.

Recurso pendiente

El origen del litigio se encuentra en una decisión de la Dirección General de Patrimonio Cultural de julio de 2021 por la que se rechazó la incoación del procedimiento de declaración de Bien de Interés Cultural de Cuelgamuros Contra esta decisión concreta presentó recurso la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos que incluye una extensa descripción de las peculiaridades del conjunto arquitectónico, que incluye esculturas de Juan de Ávalos.

Pablo Linares, presidente de la Asociación, señala a El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, que desde esta agrupación se entiende que la Comunidad de Madrid podría proteger el conjunto con independencia de lo que resuelva ahora el tribunal superior madrileño. Al recurso contra la decisión del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso suman otra vía judicial presentada contra decisiones del Ministerio de Cultura. Las acciones de esta parte responden a un interés de protección frente a las nuevas disposiciones de la Ley de Memoria Democrática.

Así, alegan que el interés arquitectónico y artístico del complejo "no constituye ninguna afirmación retórica, huérfana de todo soporte técnico, sino que ha sido expresamente declarado en diversos informes, como el emitido por miembros de la Junta de Gobierno del Colegio de Arquitectos de Madrid», que concluye que el monumento "cumple con las condiciones de interés histórico, artístico, arquitectónico, paisajístico y etnográfico".

Apuntan también que entre los objetivos de la leyes autonómicas de protección cultural están la "protección, conservación, investigación, difusión y enriquecimiento del patrimonio histórico y su trasmisión a las futuras generaciones", y que «la forma de garantizar que esto ocurra es la inclusión del Valle de los Caídos en el catálogo de Bienes de Interés Cultural". 

En su escrito también recuerdan lo dicho por el propio Supremo en la sentencia que dio via libre a la exhumación de Francisco Franco, donde se decía que su sepultura se encontraba "en un lugar relevante de una basílica monumental que tiene el carácter de bien de interés cultural protegido".