El Colegio de la Abogacía de Madrid lleva a Europa la ley de amnistía con la oposición de parte de sus miembros

La batalla contra la ley de Amnistía se juega en Europa. A las actuaciones anunciadas por el PP y la posibilidad de que la aplicación de la futura ley acabe siendo objeto de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por parte de los jueces a los que corresponda aplicarla se empiezan a sumar actuaciones ante diferentes órganos de la UE. Desde la sociedad civil ha tomado la delantera el Colegio de la Abogacía de Madrid, cuyo decano, Eugenio Ribón, presentará este miércoles ante la Comisión Europea un escrito "en defensa del Estado de Derecho" con expresa mención a proposición de ley tras el análisis de este texto por parte de sus servicios jurídicos.

La decisión para dar este paso ha sido adoptada por la Junta de Gobierno que el pasado año ganó las elecciones para gestionar el Colegio de abogados más grande de Europa, pero sin consultar a sus más de 76.000 colegiados. El movimiento es criticado a desde sectores minoritarios como es la Asociación Libre de Abogados, que advierte que la postura "política" adoptada por los dirigentes del Colegio vulnera la obligada "neutralidad institucional" que debe presidir sus actuaciones, más aún cuando colegiarse es obligatorio para poder ejercer, según fuentes de este sector consultadas por El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica.

Con su decisión de acudir a Europa, la dirección del Colegio de la Abogacía se une a iniciativas como la del Consejo General del Poder Judicial, que el pasado jueves puso en conocimiento de diferentes responsables de la UE el "ataque al Estado de Derecho" que a juicio de sus mirembros suponen los acuerdos de investidura entre le PSOE y Junts, por su alusión a la existencia de lawfare y la posibilidad de que decisiones judiciales acaben siendo revisadas en comisiones de investigación parlamentarias.

La advertencia del órgano de gobierno de los jueces fue remitida de forma concreta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; a la vicepresidenta del Gobierno comunitario, Vera Jourova; al comisario de Justicia, Didier Reynders; al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel; y al jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell; así como a la presidenta de la Red Europea de Consejos de Justicia.

También la Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Madrid se reunió en sesión extraordaria para aprobar una declaración institucional en relación al documento suscrito por el PSOE y Junts que mostraba "enorme preocupación por su contenido" y recalcaba que "la conformación de mayorías parlamentarias ha de estar supeditada siempre al principio de legalidad constitucional". 

División en los Colegios

Finalizaba apuntando que el Colegio, en cumplimiento de sus fines, "ejercitará cuantas acciones sean procedentes en defensa del Estado de Derecho y la separación de poderes", una declaración en la que parece enmarcarse su movimiento frente a Europa. Otros colegios hicieron públicos comunicados similares, como el de Baleares, cuyo comunicado manifiesta el "rechazo absoluto" a la inclusión del término lawfare en el pacto de investidura, mientras que el de Barcelona evitó un pronunciamiento alegando "neutralidad política", lo que motivó la dimisión de una de sus miembros, la abogada Mireia Ramón, según informó El Confidencial.

Fuera del ámbito institucional, numerosos bufetes de abogados han manifestado su rechazo a la inclusión del concepto "judicialización de la política" en los acuerdos de investidura, y a ellos se sumó este lunes la International Bar Association, que reúne a colegios de todo el mundo y que este lunes expresó su "grave preocupación por la erosión sin precedentes del Estado de derecho en España.

Un abogado frente al TJUE

Un letrado valenciano ha llegado incluso ha presentar un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pidiendo que, "ante la inacción de la Comisión Europea" anule de forma cautelar la proposición de ley de amnistía registrada por el PSOE este lunes en el Congreso de los Diputados. Se trata de Curro Nicolau, un abogado que alcanzó cierta notoriedad durante la pandemia al recurrir ante la justicia las restricciones que le impedían viajar con su hija fuera de su comunidad autónoma.

En el escrito, al que ha tenido este diario, señala que "sin duda" la ley de amnistía "infringe los principios básicos del Derecho Comunitario" y "supone un claro quebrantamiento del Estado de Derecho y de la separación de poderes, con una clara injerencia sobre el Poder Judicial".