Compra de Votos
Anticorrupción asume la investigación de la compra de votos con fondos de licitaciones públicas en Melilla
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tiene en cuenta la "gravedad y trascendencia" de los hechos "desde el punto de vista social y político"
Ángeles Vázquez
La Fiscalía Anticorrupción será la que represente al ministerio público en la causa abierta por la compra de votos a las elecciones a la Asamblea de Melilla del próximo 28 de mayo. El decreto con el que la Fiscalía Especial asume el caso afirma que la estructura organizada formada por personas afines o relacionadas con Coalición por Melilla (CpM) compraría votos con "los fondos obtenidos por empresas y particulares relacionadas con el partido en licitaciones públicas, convenios, contratos y subvenciones que se habrían adjudicado durante la última legislatura en la ciudad autónoma".
Se trata de una operación "a gran escala de compra de votos, mediante la que se abonaban entre 100 y 150 euros a un importante número de ciudadanos alterando la mecánica legalmente establecida del voto por correo". La operativa delictiva, precisa, se inició el pasado 4 de abril, tras la publicación de la convocatoria electoral y habría sido llevada a cabo por individuos afines o relacionados con Coalición por Melilla que actuarían "con planificación previa y concertada" para comprar sufragios a familias de bajo poder adquisitivo.
Delitos propios de la corrupción
Estas prácticas, además de delitos electorales, podrían ser constitutivas, según el ministerio público, de varios delitos de los incluidos habitualmente en el abanico que integra la corrupción: falsedad documental, prevaricación, malversación y cohecho. La justificación para que la fiscalía encargada de los delitos económicos más graves asuma el caso se encuentra en la "gravedad y trascendencia desde el punto de punto de vista social y político" de lo ocurrido, "dada la pretensión de alterar la libre manifestación de la voluntad popular". Además, el decreto apunta a la complejidad de las investigaciones que se deberán desarrollar para esclarecer la actuación de los responsables.
El resto de presuntos fraudes electorales detectados en otros lugares de España, como Mojácar (Almería), Albuideite (Murcia), Zamora, La Gomera y las Hurdes, en Extremadura, no tienen ni de lejos la relevancia de lo ocurrido en Melilla, donde se considera que se ha actuado a través de una organización que operaba de forma planificada y estructurada.
Por eso serán investigados por los representantes del ministerio público que corresponda por criterios de territorialidad, aunque por ejemplo del relativo a la localidad almeriense se encargará el delegado allí de Anticorrupción. En Mojácar fueron detenidas siete personas de diversas nacionalidades, entre ellas, los números 2 y 5 de la lista electoral del PSOE para el Ayuntamiento de Vera, Francisco Flores y Cristóbal Vizcaíno, respectivamente.
Tras destaparse el caso del voto por correo melillense, el número 3 de las listas de CpM a las elecciones del 28 de mayo, Mohamed Ahmed Al-lal, y el yerno de su líder, Mustafá Aberchan, conocido con el mote de Abdul Lobo, también fueron arrestados y conducidos al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Melilla para que declararan en relación a su presunta responsabilidad en la organización creada para comprar votos a través del que se ejerce por correo. El primero también es consejero de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana en el gobierno melillense y fue viceconsejero de Nuevas Tecnologías.
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