Luis Yeray Gutiérrez dice que el 'caso Laycas' es una "denuncia política" y defiende la legalidad de los contratos
La magistrada investiga posibles delitos de prevaricación, cohecho, malversación de fondos públicos, gestión interesada y falsedad documental
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El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez (PSOE), ha afirmado este lunes que la denuncia del caso Laycas --por supuestas irregularidades en la concesión de contratos públicos por más de un millón de euros-- es "política" y tiene un "calado ficticio" ya que todos los contratos están avalados por los funcionarios municipales.
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En declaraciones a los periodistas tras declarar ante el Juzgado Número 4 de La Laguna ha destacado que "por fin" le ha podido contar a la jueza "la realidad" de los hechos, tanto con la presentación de documentación como respondiendo a sus preguntas.
Así, ha resaltado que todas las contrataciones tienen "informes favorables" por lo que tiene "confianza total y absoluta" en los funcionarios de la corporación. "Nadie va a poner en duda el trabajo que hacen, las contrataciones gozan de toda la documentación para que sea conforme a derecho", ha explicado.
Gutiérrez ha indicado también que la situación política municipal "es conocida por todos" y hay "mucho nerviosismo" entre los grupos de la oposición, subrayando que la denuncia "tiene la mano de Coalición Canarias detrás, hay que decirlo abiertamente".
La oposición pide investigar un centenar de contratos del 'caso Laycas' por un millón de euros
Ha apuntado que se está intentando "laminar o desprestigiar" su imagen como alcalde y ha advertido de que no va a "permitir que la mentira se haga realidad".
Junto a Gutiérrez, este mismo lunes también presta declaración ante la jueza la concejal de Cultura y Participación Ciudadana, Yaiza López, y en los próximos días lo harán los ediles Alejandro Marrero (Hacienda, Asuntos Económicos y Seguridad Ciudadana), Carla Cabrera (Mercados y Presidencia) y Badel Albelo (Fiestas).
El caso se inicia a raíz de una denuncia de Alfredo Gómez, concejal no adscrito --ex de Ciudadanos--, y la magistrada investigaba posibles delitos de prevaricación, cohecho, malversación de fondos públicos, gestión interesada y falsedad documental.