El caso Laycas de presuntas ilegalidades en contratos municipales públicos durante este mandato llega a los tribunales. Alfredo Gómez, presidente de la Comisión de Transparencia del Ayuntamiento de La Laguna y concejal de Ciudadanos, presentó ayer al mediodía en los juzgados de instrucción de la plaza de Los Adelantados una denuncia contra ediles del grupo de gobierno y funcionarios municipales por irregularidades en una serie de contratos públicos que pueden ser constitutivos de los delitos de prevaricación, cohecho, malversación de fondos públicos, gestión interesada y falsedad documental.
El grueso de los contratos públicos que ha llevado el edil de Ciudadanos al Palacio de Justicia de La Laguna coincide con los denunciados en abril por Javier Abreu, exconcejal socialista del Ayuntamiento, ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial. Alfredo Gómez ha añadido otros casos y trabaja para ampliar en las próximas semanas la denuncia y añadir nueva documentación, que analiza en este momento en el ejercicio de su función fiscalizadora como responsable de la Comisión de Transparencia, Buen Gobierno e Información Pública del Consistorio de Aguere.
El caso Laycas abarca decenas de contratos públicos formalizados en los dos primeros años del mandato del gobierno tripartito lagunero (PSOE, Unidas Podemos, Avante). En el caso de la primera denuncia de Javier Abreu, está pendiente de la investigación de la Fiscalía provincial, que tiene que determinar si la eleva a los tribunales o la archiva. Alfredo Gómez se ha dirigido directamente a los juzgados de instrucción y ha presentado una amplia y detallada documentación, con más de un millar de folios, sobre los procedimientos que el concejal de Ciudadanos considera sospechosos. Alfredo Gómez ve «muy grave» lo que ha descubierto y calcula que estos contratos denunciados representan una cantidad superior al millón de euros públicos. Los contratos del caso Laycas –nombre que viene del acrónimo de los concejales del gobierno lagunero denunciados– abarca adjudicaciones, contratos y favores presuntamente ilegales. Mientras Alfredo Gómez cuantifica el montante económico total de los contratos del caso en un millón de euros, Javier Abreu va por ahora por 600.000. También tiene previsto, como el concejal de Ciudadanos, presentar nueva documentación a medida que tenga acceso a más información.
Javier Abreu, retirado de la política después de ser teniente de alcalde de La Laguna y secretario general de los socialistas laguneros, ya había denunciado otras presuntas irregularidades en el gobierno municipal, en concreto del edil de Urbanismo, Santiago Pérez. El 5 de noviembre, durante una comparecencia judicial por el caso reparos como investigado, Abreu desveló a la jueza y la fiscal que había recibido presiones de Santiago Pérez y la representante legal de este, Sandra Rodríguez, para que se portara «bien» en esa misma declaración y favoreciera su intención de procesar a un rival político, el nacionalista Fernando Clavijo. La jueza y la fiscal pidieron que se investigaran las revelaciones de Abreu.
Santiago Pérez ya había denunciado antes a Clavijo en el caso grúas, archivado en mayo por el Tribunal Supremo al no hallar ningún indicio de ilegalidad en la gestión de Clavijo del servicio de recogida de vehículos de las calles. El 4 de marzo, César Romero Pamparacuatro, juez del Juzgado de Instrucción 1 de La Laguna, tomó declaración a Javier Abreu para determinar si hay indicios para llamar a declarar como investigado a Santiago Pérez por presuntos delitos contra la administración de la Justicia. El caso reparos, que sigue su curso y en el que están investigados entre otros el propio Abreu y José Alberto Díaz, exalcalde de La Laguna por CC, trata sobre el levantamiento de reparos del interventor municipal para prorrogar contratos públicos en los gobiernos nacionalistas.
Tras estos casos llega Laycas, que afecta a contratos firmados por miembros del actual gobierno tripartito, que tomó posesión en el verano de 2019. Alfredo Gómez, el firmante de la segunda denuncia de este caso que presentó ayer en el Palacio de Justicia, revisa más contratos por si fueran constitutivos de los delitos de prevaricación –resolución arbitraria de una autoridad a sabiendas de que es injusta y contraria a la ley–, cohecho –soborno– o malversación –sustracción o uso indebido de un patrimonio o caudales de propiedad ajena y de carácter público–.
