Los portavoces políticos de CC, PP y Cs arroparon ayer al concejal de Ciudadanos y también presidente de la Comisión de Transparencia, Alfredo Gómez, quien anunció que toda la oposición solicitará al próximo pleno la constitución de una comisión de investigación sobre más de un centenar de contratos, que en su mayoría estarían dentro del denominado 'caso Laycas', y que han supuesto un desembolso que ronda el millón de euros.
En la denuncia que formalizó el pasado lunes Alfredo Gómez ante los tribunales de justicia, como ya adelantó EL DÍA, el edil de Ciudadanos advierte de presuntas irregularidades de las que se ha percatado en una investigación que ha llevado a título personal y que evidencian adjudicaciones realizadas por el equipo de gobierno que lidera Luis Yeray Gutiérrez para favorecer a familiares, amigos y compañeros del PSOE.
Bajo la máxima de “proteger y velar por el interés del ciudadano”, Alfredo Gómez ha denunciado lo que considera un “atentado a las arcas públicas” al referirse a más de un centenar de contratos “a dedo” por valor de un millón de euros, un comportamiento que evidencia la falta de moralidad y ética política que reprueba el edil sobre las formas de hacer política el gobierno local desde el 5 de junio de 2019, cuando se constituyó, hasta la actualidad.
En la denuncia, que el concejal de Ciudadanos declinó entregar a los medios de comunicación para salvaguardar los datos de las personas y empresas que aparecen en los casi mil folios de la argumentación, Alfredo Gómez señala responsable de estas contrataciones tanto al alcalde como a su pareja y concejala de Cultura, Yaiza López Landy, así como a sus compañeros de partido y de gobierno local, Alfredo Marrero, responsable de Hacienda, Asuntos Económicos y Seguridad Ciudadana; y Carla Cabrera, titular de Fiestas y Mercados, además de Badel Albelo, en tu etapa como asesor de Cultura, entre otros.
El concejal de Ciudadanos extrajo ocho ejemplos del centenar de contratos que integran la denuncia a la hora de centrarse en el supuesto caso de favor recibido por dos empresas de María Desiree Adán Trujillo: Devicser, que en el momento de su constitución, el 3 de marzo de 2020, se crea para dedicarse al servicio de catering y alimentación, y Venclear, constituida el 15 de junio de 2020, para la limpieza de edificios.
Alfredo Gómez reconoce su sorpresa cuando revisa los decretos de las contrataciones, que las recibe la oposición con casi 18 meses de retraso respecto a los primeros casos, y advierte que se contratan empresas de nueva constitución, creadas unos meses después de entrar el gobierno local.
Caros dispositivos de cara
A partir de ahí le llama la sorpresa que Devicser, una empresa constituida para catering y alimentación, sea que provea al Ayuntamiento de La Laguna de dispositivos de reconocimiento facial y mascarillas, y entra al detalle de uno de los decretos, en los que descubre que el gobierno local adquiere por 15.920,42 euros cinco dispositivos. Por curiosidad va a la misma página web de la empresa y averigua que cada uno cuesta entre 1.499 y 1780 euros. Tomando como referencia el precio del aparato más caro lo multiplica por las cinco unidades que compra el ayuntamiento y el resultado de la operación asciende a 8.900 euros, con un sobrecoste de 7.020 para las arcas municipales.
Para mayor sorpresa del concejal de Ciudadanos, en otro decreto en favor de la misma empresa descubre la compra de un único artilugio, de las mismas características, por valor de 9.680 euros, con otro sobrecosto de 7.900 euros.
En la revisión de los contratos, Alfredo Gómez descubre que también Devicser es la empresa proveedora de mascarillas para los grupos de Seguridad Ciudadana de La Laguna por valor de 5.600 euros, un servicio que presta al Ayuntamiento una empresa que en su razón social de constitución es la alimentación, y que acaba dando material sanitario.
Venclear, otra empresa de María Desiree Adán Trujillo -en este caso creada para dedicarse a la limpieza de edificios, es la beneficiara de un contrato, por decreto, para proveer a la Corporación lagunera de 15.000 mascarillas FFP2 por valor de 14.550 euros. De nuevo, Alfredo Gómez saca la calculadora y, tomando la referencia de los premios de la venta de las mascarillas cuando se adquieren en lotes de mil unidades, hace una proyección y concluye que ha existido otro sobrecoste en esta contratación que estima en 9.150 euros.
El mal trago del agua
En otros de los decretos, la Alcaldía destina 8.075 euros a la compra de agua embotellada, una cantidad con la que, según los cálculos, a adquirir 20.000 unidades para el consumo de Alcaldía y Plenos, dado que el resto de las concejalías se encarga de cubrir esta demanda. Eso significaría que casi se tendría que consumir una botella de agua cada seis minutos en un periodo que coincide con que de marzo a mayo se impuso el teletrabjo o que los plenos entre marzo y enero fueron telemáticos.
En la relación de los ocho decretos que puso a modo de ejemplo en el primero de los vídeos que tiene previsto dosificar en los próximos días, Alfredo Gómez cuestionó también los 11.129 euros que se asignaron al brindis de Navidad, o los 13.931 para el catering de Protección Civil o los 15.084 para los voluntarios de la unidad de emergencia de Protección Civil. En total, el coste de las contrataciones cuestionadas ayer superarían los 140.000 euros, según los cálculos del concejal de Ciudadanos.
Construcción del relato
Alfredo Gómez explica que indagando en la página web de la empresa Devicser encontró que ofertaba servicios de construcción, por lo que se cuestionó si el alcalde y su pareja o alguien del equipo de Gobierno habría realizado obras en sus viviendas, como es el caso del regidor, donde la concejala de Cultura fue quien solicitó la licencia y la empresa constructora es la referida Devicser.
Según los datos aportados por el concejal de Ciudadanos, Yaiza López pidió licencia de obra menor por unos trabajos de 13.000 euros cuando la reforma que ejecutó la empresa constructora podría rondar los 80.000 euros, según los datos a los que ha tenido acceso Alfredo Gómez a través de fuentes vecinales.
A juicio del concejal, letrado de profesión, hay indicios de malversación de caudales públicos, por lo que incidió en la creación de la comisión de investigación para ahondar en estos datos que a título personal ha recabado.
Apoyo de CC y PP
Junto a Alfredo Gómez, intervino el portavoz del PP, Manuel Gómez, quien se mostró a favor de la creación de la comisión de investigación, casi a la vez que defendió la presunción de inocencia de los denunciados por su compañero de Ciudadanos.
José Alberto Díaz, por parte de CC, también comprometió el respaldo de su grupo a la investigación y se mostró confiado en que tanto Santiago Pérez como los integrantes de Unidas Podemos y el PSOE avalen la comisión en aras de dar transparencia a cómo ha sido la contratación del equipo de gobierno desde que se puso al frente del ayuntamiento.
El alcalde propone investigar diez años
El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, salió al paso de la rueda de prensa con un comunicado en el que asegura que todos los procesos de contratación realizados desde que llegó al gobierno local se han realizado conforme a la estricta legalidad y sin un informe técnico que cuestione su legalidad o su idoneidad; de hecho, en este tiempo ni se ha levantado un solo reparo, en contra de lo que fue práctica habitual en la etapa anterior, recuerda.
Además de salir en defensa de la profesionalidad de los técnicos municipales y mostrar su respeto por la justicia, anunció que en el próximo pleno propondrá una comisión de investigación que no solo analice sus dos años en el mandato, sino las contrataciones realizadas en la última década.
