María Celia Blanco, jueza del Juzgado de Instrucción 2 de La Laguna, cita a declarar al alcalde lagunero, Luis Yeray Gutiérrez, y a cuatro de los concejales de su Gobierno por la investigación del denominado caso Laycas. La magistrada indaga una presunta trama de adjudicación de contratos menores con dinero público a familiares y amigos de los responsables municipales investigados que denunció en mayo el concejal no adscrito de La Laguna Alfredo Gómez. La denuncia de Gómez, que comenzó el mandato como concejal de Ciudadanos y pasó al grupo mixto en octubre al abandonar el partido, abarca 116 contratos menores por los que el Ayuntamiento se gastó 952.000 euros de 2019 a 202.
Luis Yeray Gutiérrez tendrá que declarar el 6 de abril en el Palacio de Justicia de La Laguna, adelantó ayer la cadena SER en Tenerife. Ese mismo día ha sido citada por la jueza Yaiza López, concejala de Cultura y Participación Ciudadana y pareja del alcalde. Al día siguiente les tocará a Alejandro Marrero, edil de Hacienda y Seguridad, y Carla Cabrera, responsable de Mercados. Cerrará la ronda de declaraciones judiciales Badel Albelo, que sustituyó en mayo a Andrés Raya como concejal del grupo de Gobierno lagunero y pasó a ocuparse de Fiestas. Los cinco investigados son del PSOE, que gobierna en La Laguna con Unidas se Puede y Avante.
Presunta «red clientelar»
En la querella que ha llevado a la jueza del Juzgado de Instrucción 2 de La Laguna a abrir las pesquisas, Alfredo Gómez denuncia una presunta «red clientelar», desde que Luis Yeray Gutiérrez llegó a la Alcaldía en junio de 2019, consistente en la adjudicación de contratos «a dedo» a familiares y amigos de los cinco querellados, «con un claro vínculo» con el PSOE, y por cantidades que incumplen la Ley de Contratos Públicos, que fija un máximo de 15.000 euros.
La magistrada abre diligencias y llama a declarar a los denunciados –sin todavía haberles imputado delitos concretos– después de rechazar, con el apoyo de la fiscalía, el recurso de Sandra Rodríguez, la abogada del alcalde de La Laguna, que pedía el archivo de la causa. Sandra Rodríguez es la misma abogada que llevó las denuncias de Santiago Pérez, cuando este estaba en la oposición en La Laguna –ahora es edil de Urbanismo en representación de dos partidos: PSOE y Avante–, contra los anteriores responsables municipales de Coalición Canaria, en el caso grúas , archivado por el Tribunal Supremo, y el reparos.
Alfredo Gómez, que fue destituido de la presidencia de la Comisión de Transparencia del Ayuntamiento tras presentar esta denuncia, considera que los hechos serían constitutivos de los delitos de prevaricación –aprobar resoluciones a sabiendas de que son injustas–, malversación de caudales públicos –administración desleal de recursos públicos–, gestión interesada –autoridad o funcionario que se vale de sus funciones por un interés particular–, cohecho –soborno– y falsificación documental.
El mayor número de contratos denunciados (42) fueron realizados a las empresas de Desiré Trujillo y su marido Víctor Ventura: Catering Mi Favorita, Devicserver y Venclean. Según la querella, la pareja de empresarios mantiene una «íntima relación de amistad» con el alcalde y su pareja, la concejala de Cultura Yaiza López. Estas empresas recibieron encargos del Ayuntamiento de La Laguna que «en muchas ocasiones nada tenían que ver con el objeto social» y que, además, presentaban «sobrecostes»
Suministro de mascarillas
Por ejemplo, Devicserver, que fue creada en marzo de 2020 para «provisión de comidas preparadas», resultó adjudicataria de contratos menores para el suministro de mascarillas ante la pandemia de covid-19. Estas empresas también fueron contratadas para el suministro de agua, catering, desinfección y aparatos de control de temperatura, siempre según la querella. Catering Mi Favorita, Devicserver y Venclean cobraron por los 42 contratos denunciados 142.542 euros. Alfredo Gómez añade que una de esas empresas, Devicserver, fue «la encargada de la reforma de la vivienda del alcalde», en la que la Concejalía de Urbanismo ha observado ilegalidades subsanables.
El concejal no adscrito también señala a Badel Albelo, concejal de Fiestas e «íntimo amigo» de Luis Yeray Gutiérrez y Yaiza López. Según la denuncia que ahora investiga la justicia, Albelo habría favorecido supuestamente a su pareja, Silvia Zorita, y dos amigos, Guancarlo Santeli y Rayco Pérez. Los dos primeros fueron contratados «de manera reiterada –19 ocasiones–» para buena parte de los espectáculos con mayor afluencia del municipio: la Noche en Blanco, el programa de rutas teatralizadas, los actos del 20 aniversario de la declaración de La Laguna como Patrimonio de la Humanidad, el Festival de Música Sacra y otros conciertos.
El Ayuntamiento de La Laguna también contrató a Rayco Pérez –en 12 ocasiones– para actos culturales «a través de distintas empresas de las que o bien es administrador único o intermediario». Entre las empresas aparecen citadas en la querella Grupo de Proyectos y Desarrollos Grama, Right Method y Llave en Mano. Los allegados de Badel Albelo participan en 31 contratos menores del área municipal de Cultura, por los que recibirían un total de 228.456 euros entre julio de 2019 y febrero de 2021.
Otros de los supuestos beneficiados es el cantante y productor musical Moisés González, primo del alcalde de La Laguna. En su caso fue contratado tres veces, por un total de 90.350 euros, también para actividades culturales como la Gala de Fin de Año de 2019 o la producción artística del concierto de Soul Sanet. Otro familiar de los responsables municipales citados en la denuncia es el hermano de la concejala de Cultura, Alejandro López. Las empresas a las que está vinculado el familiar de Yaiza López –como se detalla en la querella–, La Creme Films y We Are Paradisso, fueron contratadas por el Ayuntamiento en ocho ocasiones por un importe total de 46.104 euros, a través de la Concejalía de Cultura y el Organismo Autónomo de Actividades Musicales.
No son los únicos familiares que aparecen en el caso Laycas, ahora bajo la lupa de los tribunales laguneros. Otro señalado es el padre de Alejandro Marrero, concejal de Seguridad y Hacienda que se encuentra entre los querellados a los que va a tomar declaración la jueza Celia Blanco en abril. Yaiza López, como concejala de Participación Ciudadana, adjudicó dos contratos menores de 8.089 euros y 13.549 euros a Julio Marrero, en representación de Industrias Juno, para pintar y hacer labores de mantenimiento en centros ciudadanos. «Este fraccionamiento es ilícito puesto que los contratos menores de suministros y servicios, según la Ley de Contratos Públicos, no pueden superar 15.000 euros», apunta en la denuncia Alfredo Gómez.
Asimismo, el edil no adscrito señala que existen otros 25 contratos de 2019 a 2021, por un importe de 400.000 euros, «a través de cantidades mayores a las permitidas por la Ley de Contratos Públicos».
