Un escándalo de financiación ilícita diezma al Gobierno de Japón

Un escándalo de financiación ilícita ha forzado la dimisión de cuatro ministros del Gobierno de Japón y empujado a su líder, Fumio Kishida, a su enésima prueba de supervivencia. La crisis le estalla a un año de las primarias en las filas conservadoras, que funcionan en Japón como las generales por la secular ineptitud de la oposición progresista. El camino a su reelección en el Partido Liberal Democrático (PLD) se intuye árido para Kishida por más agua que achique estos días.

A primera hora ha dimitido Matsuno Hirokazu, secretario en jefe del Gabinete, número dos del Ejecutivo, mano derecha de Kishida y su potencial sucesor hasta esta mañana. Le han secundado Yasutoshi Nishimura, ministro de Economía e Industria, Junji Suzuku, ministro de Asuntos Internos, e Ichiro Miyashita, ministro de Agricultura. Y también otros cinco vice ministros. "A la luz de las variadas acusaciones sobre los fondos políticos que han castigado la confianza del público, y de otras alegaciones sobre mis propios fondos, he presentado la dimisión", ha explicado Hirozaku.

Detrás están las presuntas violaciones contra la Ley de Control de Fondos Políticos. La Fiscalía investiga el más que probable reparto de 500 millones de yenes (unos 3,2 millones de euros) recaudados por el partido en el último lustro entre docenas de asociados. Es habitual que las formaciones políticas en Japón organicen eventos para recaudar fondos. Eso es legal. También es habitual que los organizadores excedan los objetivos asignados de ventas de entradas y se embolsen el excedente. Incluso eso es legal. La ilegalidad llega cuando no se declaran esos ingresos. "Si tienes confianza vendiendo entradas, y vendes más de aquellas a las que estás obligado, el resto se convierte en tus propios ingresos... es fácil", ha dicho a la televisión nacional un miembro del PLD con la cara cubierta y la voz distorsionada. Otros testimonios sugieren una práctica generalizada.

Cobros en negro

Los cobros en negro fueron canalizados a través de Seiwaken, el principal grupo del PLD, y al que pertenecen los cuatro ministros dimitidos. Por vez primera carece el Gobierno de representantes de esa poderosa familia que lideraba el asesinado primer ministro, Shinzo Abe. Podría no contar Kishida con ella en la reconstrucción del Ejecutivo pero perdería apoyos en la formación. Para el primer ministro, sin el linaje de sus predecesores, la diplomacia entre barones es una cuestión de supervivencia. Llegó al cargo en 2021 con una aprobación popular del 50%, sin disfrutar ni siquiera de unos meses de confianza. Ahora se hunde en el 23%, la más baja de su mandato, cuando acomete el tercer baile de sillas de su equipo. La secta Moon y otros escándalos provocaron las anteriores.

"Abordaremos los diferentes asuntos sobre fondos políticos y haré esfuerzos para devolver la confianza del público", ha avanzado esta semana. La policía empezará la semana próxima a inspeccionar las oficinas de los investigados, según la prensa nacional, y extenderá sus pesquisas a otras cuatro agrupaciones del PLD. Una de ellas era liderada por Kishida hasta que dimitió la semana pasada para enfatizar su neutralidad.

Las próximas elecciones parlamentarias serán en 2025. Una democracia sana castigaría tanto desmán pero no es el caso japonés. El PLD es hegemónico desde la Segunda Guerra Mundial. Los progresistas sólo cuentan con una victoria, a principios de milenio, y su mandato es recordado por el tsunami y la mejorable gestión de la crisis. El PLD ganaría presentando una silla a una oposición progresista que esta semana veía fracasar su moción de confianza. El reto para Kishida son las elecciones internas del próximo septiembre. Si llega a ellas, y no es un condicional gratuito, lo hará debilitado por este escándalo, los pasados y los probables futuros.