Los arrendatarios culpan a la Ley de Vivienda del alza de pisos turísticos en Canarias

Atribuyen a la «inseguridad jurídica» el 20% del incremento del sector

El alquiler vacacional apenas supone un 4% del parque total, frente al 19% de casas vacías

Una vivienda vacacional

Una vivienda vacacional / Juan Carlos Castro

Clara Morell

Clara Morell

Los propietarios de viviendas en alquiler vacacional se sienten observados con lupa en Canarias. El Gobierno regional ultima la ley con la que regulará esta actividad económica –la semana pasada contestó a las alegaciones realizadas por la ciudadanía–, mientras que proliferan los anuncios de infraviviendas en las plataformas virtuales –en forma de tiendas de campaña o camionetas–, lo que provoca una mala imagen con la que el sector trata de lidiar. En medio de esta lucha por mantenerse a flote, la Cátedra de Territorios Sostenibles, Desarrollo Socioeconómico y Turismo ASCAV de la Universidad de La Laguna (ULL) junto a la empresa de gestión de datos Beyond presentaron ayer un informe con cifras que dejan entrever la realidad del mercado vacacional en el Archipiélago. En su defensa, estos propietarios, representados por la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav), se declararon ajenos de toda culpa en la crisis habitacional que atraviesan las Islas recordando que solo representan un 4,3% en el parque total de viviendas, mientras que las casas vacías suponen un 19,4%. A juicio de los dueños de pisos turísticos, es la Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno de España lo que ha generado «inseguridad a los propietarios». El 30% de quienes alquilaban a largo plazo han retirado sus viviendas del mercado y, según Ascav, un 20% de esas edificaciones han ido a parar al mercado vacacional. 

«Sufrimos la presión de otros agentes que durante muchísimos años se han visto timoneando el sector turístico en exclusiva y a quienes les preocupa que la vivienda vacacional se esté comiendo el 36% de las camas turísticas en las Islas», señalaba ayer Doris Borrego, presidenta de Ascav, tras ser preguntada por los titulares que en las últimas semanas han protagonizado alquileres sin cédula de habitabilidad ofertados en plataformas como Booking o AirBnB. Borrego insinuaba de esa forma que la aparición en los medios de estos alquileres irregulares se produce intencionadamente con el objetivo de dañar la imagen del sector. «Están nerviosos porque esos pisos turísticos están en manos de familias y empresarios canarios, no porque no creemos riqueza y puestos de trabajo», aseveró. 

De hecho, según el informe elaborado por la Cátedra de Territorios Sostenibles, Desarrollo Socioeconómico y Turismo ASCAV de la ULL, los pisos turísticos generan 43.000 puestos de trabajo directos, lo que equivaldría a 0,89 puestos de trabajo generados en torno a cada una de las casi 50.000 viviendas vacacionales que hay en el Archipiélago. Todo ello implica un impacto económico de más de 2.500 millones de euros.

En cuanto al trabajo que en los últimos meses se ha venido realizando por parte del Gobierno regional con el fin de regular el alquiler vacacional es visto con recelo por los propietarios. Cabe recordar que la semana pasada el Ejecutivo valoró como «aportación valiosa» una de las propuestas ciudadanas que sugería obligar a quienes pongan una vivienda en alquiler vacacional a destinar otra al alquiler de larga duración, algo que de finalmente incluirse en la ley supondría para Ascav «una prohibición encubierta» que favorecería «a los grandes tenedores». En la actualidad, solo el 27% de los pisos turísticos están en manos de pequeños propietarios.

El informe elaborado por la Cátedra lagunera establece un mapa estadístico en el que se muestra municipio a municipio el porcentaje de peso de la vivienda vacacional y casas vacías frente al conjunto del parque de vivienda. En todos los casos, las cifras de pisos turísticos se sitúan por debajo de las de edificaciones deshabitadas. «Es poco creíble, por no decir que es prácticamente imposible, que se le pueda atribuir a la vivienda vacacional la responsabilidad del incremento tanto de los precios de alquiler como de la falta de vivienda, pues nuestra presencia, sobre todo en los municipios residenciales, es insignificante y testimonial», valoró Javier Martín, gerente de Ascav. 

El informe refleja que en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria hay 175.203 viviendas, de las que 3.859 –el 2,2%– están en el mercado del alquiler vacacional y 25.016 –el 14,2%) están vacías. En Santa Cruz de Tenerife el alquiler vacacional tiene menor penetración, pues de las 97.227 casas que hay, 1.475 –el 1,5%– son pisos turísticos y 16.816 son viviendas vacías –el 17.3%–. Esas proporciones entre viviendas vacías y alquileres vacacionales se repiten en todos los municipios canarios. Es por ello que Eduardo Parra, director de la Cátedra, ha pedido «cautela» al Gobierno canario a la hora de regular este sector y sentarse antes a dialogar qué modelo quiere para el futuro: «Una regulación dura podría tener un efecto perjudicial, como ha ocurrido en Nueva York. Miremos a Hawái, donde primero quieren planificar las ciudades que quieren y luego sentarse a legislar».

Expectativas

Las viviendas vacacionales de Canarias llevan meses en bonanza, al igual que el resto de modalidades de alojamientos turísticos. Solo La Palma se vio perjudicada en 2023, cuando tuvo una ocupación dos puntos inferior con respecto al año anterior. De cara a las próximas festividades, en todas las Islas se espera una ocupación similar o mejor a la que hubo en la Semana Santa de 2023. En el caso de Tenerife, destaca el elevado número de reservas para el 29 de junio –coincidiendo con el concierto de Ed Sheeran– que alcanzan el 47% de ocupación. En el caso de Gran Canaria, para el Granca Live Fest –5 y 6 de julio–, hay ya una demanda del 20%. 

Suscríbete para seguir leyendo