El turismo no es un derecho; la vivienda, sí

Está asimilado que hay espacios en Canarias que son solo para turistas. Como si se trazara una línea en el territorio, se cortase el pedazo, y se repartiera entre las personas que vienen de vacaciones. Este es un asunto que trasciende al paisaje, porque puede llegar al punto de dejar a la gente sin casa. El pretexto: colocar una etiqueta de zona turística.

Hace pocos días, se ordenó el desahucio de 28 viviendas en situación de abandono en Playa Blanca, Lanzarote. Fueron ocupadas por un centenar de personas ante la dificultad de encontrar una vivienda estable por la presión turística que encarece el alquiler, según declararon las familias afectadas a los medios. En este caso, debe hacerse un estudio caso por caso. Lo cierto es que aquí se mezclan muchos factores y vulnerabilidades, entre los que se encuentra el turismo masivo, aunque no solo. Pero no es, ni mucho menos, el único ejemplo reciente.

Hablemos, pues, de las sanciones que reciben las familias propietarias de apartamentos en el sur de Gran Canaria por no cederlos a explotadores turísticos. Las multas del Gobierno de Canarias, en muchos casos, fueron impuestas de forma retroactiva y han llegado diez años después de que se aprobase la Ley de renovación y modernización turística de Canarias, en 2013. En ella, se habla de «la necesidad de que el planeamiento propicie la reconducción del proceso de residencialización en zonas y núcleos turísticos, (…) declarando el deber de atenerse al uso turístico efectivo». El criterio aclarado en el documento establece que «las áreas más óptimas y privilegiadas se destinen al uso turístico».

Un caso diferente, aunque interconectado, es el de La Laguna. La ciudad tinerfeña, que en su día fue universitaria, está siendo testigo del encarecimiento de la vivienda residencial a costa del auge de los pisos vacacionales. Digo que fue universitaria, y no que lo es ahora, porque cada año le cuesta más al estudiantado encontrar un lugar a precio asequible para pasar el curso. Alquilar es una necesidad para gran parte del alumnado que no puede acceder a los estudios universitarios desde su propia isla. Mantener dos casas no es algo que cualquier familia pueda permitirse. Mientras, una de cada tres viviendas de las islas es comprada por extranjeros. En su mayoría, provienen de países con mayor poder adquisitivo, contribuyendo a que los precios sigan al alza.

Ejemplos hay muchos. Todos ellos dejan en evidencia que la prioridad es el uso comercial y que la vida es secundaria; humana, animal y vegetal. El turismo sigue creciendo a costa de la vivienda (un derecho que está avalado por la Constitución Española), y de los espacios naturales de Canarias. Cuna del Alma, el Circuito del Motor o el muelle de Granadilla son solo algunos de los muchos proyectos que lo ilustran. Mientras, la ecotasa ha estado años sobre la mesa pero nunca llega a ponerse en firme.

Entre un factor y otro, el empobrecimiento de la sociedad canaria se cronifica. La dificultad de acceso a la vivienda es una de las mayores lacras. Se supone que el dinero que genera el turismo fortalece la economía del archipiélago, pero la realidad es que el beneficio, mayoritariamente, se queda en las grandes empresas líderes del sector. Si no, no se explicaría que el 47,8 % de menores de las islas y el 36,2 % de la población general estén en riesgo de pobreza y/o exclusión, según señala el XIII Informe Arope sobre el Estado de la Pobreza en España, publicado por EAPN en 2023. Menos sentido tiene si se considera el récord de turistas registrado a lo largo del año pasado, que supera las cifras precovid con un total 14,1 millones de visitantes extranjeros y 48,4 millones de pasajeros en los aeropuertos canarios.

Uno de los graves errores que cometen las políticas canarias es priorizar el turismo de masas que, está demostrado, merma las islas y sus recursos, pero no está logrando disminuir la precariedad de la población. También tiene buena parte de culpa la tendencia a turistificarlo todo para coleccionar destinos por el mundo al menor precio posible, como si fueran cromos. Y con ello viene aparejada una idea errónea de que el turismo es un derecho, o incluso una necesidad, lo cual lleva a que se haga una especie de parque temático de los lugares donde vive gente.

El turismo, insisto, no es un derecho. Tener un techo digno donde dormir por las noches, que no se coma el sueldo de cada mes, sí. Y para garantizar que todo el mundo tenga acceso a ello, es necesario pasar por un proceso de decrecimiento. Pero, hasta la fecha, seguimos la corriente contraria: acelerando a cada paso, subiendo las cifras de millón en millón.