La patronal y los sindicatos se unen para paralizar la demolición del Oliva Beach

Los agentes sociales canarios se unen contra la decisión «unilateral» de Madrid. Patronal y sindicatos consideran que la orden del Ministerio para la Transición Ecológico que caduca la concesión del hotel Oliva Beach de las Dunas de Corrales no tiene en cuenta la realidad de la economía insular. Solo este complejo, propiedad de RIU Hotels & Resorts, supone el 10% de las camas turísticas de Fuerteventura, y gracias a los viajeros que mueve aterrizan 500 aviones al año en la isla. Sobre todo la preocupación radica en los 1.000 puestos de trabajo, directos e indirectos, que pone en juego la demolición del inmueble. Para salvarlos, las organizaciones han pedido al Gobierno central que se siente a la mesa.

Este llamamiento al diálogo tuvo lugar esta mañana en la capital grancanaria. En él participó la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT), Comisiones Obreras (CCOO), Unión General de Trabajadores (UGT) y la propia cadena hotelera afectada. 

Argumentos "falsos"

«Hemos pedido al Ministerio que se reúna con nosotros, pero no ha querido», subrayó la jefa de los Servicios Jurídicos de RIU, Águeda Borges. El próximo movimiento de la firma será recurrir el dictamen del ministerio de Teresa Ribera, al que tachan de «arbitrario e infundado», ante la Audiencia Nacional. Y en última instancia, si persiste la negativa de Madrid a que el inmueble continúe abierto, la empresa acudirá al Tribunal Constitucional (TC). Un litigio que puede dilatarse hasta cinco años, señaló Borgues.

El conflicto en torno al Oliva Beach y su licencia para ocupar suelo de dominio público, advirtió el presidente de la CCE, Pedro Ortega, pone en riesgo la inversión empresarial en Canarias porque genera inseguridad jurídica. «El hotel factura 13 millones de euros, riqueza para la zona. Los empresarios fomentamos el empleo, hay que buscar una solución para evitar una decisión unilateral que puede perjudicar a Fuerteventura», remarcó.

Por su parte, el presidente de la FETH, José María Mañaricua, destacó que el Gobierno central con esta orden de derribo, basada en argumentos «falsos», demuestra que no escucha a las «voces del pueblo canario». Y es que no solo patronal y sindicatos están en contra del fin de la concesión, también el Cabildo de Fuerteventura, el Ayuntamiento de la Oliva (al que pertenece Corralejo), los principales partidos políticos de las Islas y el Gobierno autonómico. De hecho, el Ejecutivo canario anunció el pasado lunes que acudirá al TC para frenar la resolución de Transición Ecológica, a la que tachan de «injerencia directa» en las competencias sobre Costas traspasadas a la comunidad. 

Pero, ¿por qué la patronal y RIU argumentan que los motivos del Ministerio son «falsos y arbitrarios»? El equipo de Ribera sostiene que la resolución desfavorable está justificada por las obras que se han realizado en el inmueble, y que «no están amparadas por la licencia», resaltan los técnicos en el informe publicado la semana pasado. También objeta que incumple el requisito de dedicar una parte de la superficie concedida (18.000 metros cuadrados) al uso público.

Estas cuestiones tergiversan la realidad física del Oliva Beach según la cadena hotelera. Borgues apuntó ayer que todos los usos del aérea licitada están autorizados por la concesión, ya que todos los casos citados en el expediente, como el bazar, son usos complementarios y habituales a la actividad turística. Además, criticó que Madrid acuse a la empresa de ocupar más espacio del que le corresponde sin pruebas. «Esos 18.000 metros cuadrados forman parte de la playa, a la que cualquier persona puede ir, no está cerrada», enfatizó la jefa jurídica de RIU. 

Pendientes del expediente

De la demolición solo se salvan los apartamentos del Oliva Beach. Al menos «hasta que se instruyan los expedientes que resuelvan la situación jurídica en la que se hallan los titulares registrales no amparados por el título concesional», señala la orden de Transición Ecológica. 

Ante esta situación, Mañaricúa lamentó que el expediente del Oliva Beach no se haya abordado en la comisión bilateral Canarias-Estado pese a que el gabinete que lidera Fernando Clavijo lo reclamara en diciembre. No es la primera vez, durante el gobierno anterior de Ángel Víctor Torres también se pidió una reunión sin éxito con Madrid para limar diferencias. Por ello, el presidente de la FETH agradeció tanto a Clavijo como al actual ministro de Política Territorial el apoyo para que el complejo pueda continuar en activo.

«En el norte de Fuerteventura, el motor principal de la economía es el turismo. No creemos en un modelo para el sector basado en el número de viajeros, apostamos por la calidad y la especialización, pero no es lo mismo hablar de lo que no está construido, que de lo que sí lo está, como el Oliva Beach», indicó el secretario general de CCOO en el Archipiélago, Inocencio González. Esta mañana resaltó también que el sindicato que lidera aboga por una mesa de diálogo que permita mantener la actividad turística, y aseguró que secundará cualquier iniciativa del comité de empresa del hotel que vaya en esta línea del diálogo. directos.

Por último, el secretario general de UGT en Canarias, Manuel Navarro, solicitó que «la Administración resuelva el problema que afecta al hotel», y en especial a sus trabajadores, a los 400 directos y a los 600 indirectos.