RIU niega los argumentos de Madrid para ordenar el derribo del Oliva Beach de Corralejo

«Desproporcionada», según el presidente de Canarias, Fernando Clavijo (CC), o «escandalosa», en palabras de las patronales turísticas de las Islas. Son los calificativos vertidos hoy en torno a la resolución –recurrible– que ordena la demolición del hotel Oliva Beach situado en las Dunas de Corralejo. El Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), responsable de la decisión, asegura que existen sobradas razones para adoptar la decisión mientras RIU, propietaria del establecimiento, observa una premeditación y una lectura sesgada de la realidad.

Todo el sector alojativo canario salió en tropel el defensa de la cadena hotelera balear. En un comunicado conjunto, no solo calificaron la decisión de «arbitraria y escandalosa», sino que la consideraron un «desafío» contra «otro ministerio», el de Política Territorial que comanda el canario Ángel Víctor Torres, y la comunidad autónoma en su conjunto. Las dos partes que tienen pendiente una reunión para bajar el tono al actual desencuentro por la transferencia de las competencias de Costas.

Las patronales turísticas tildan de «escándalo» el proceso y la decisión del Gobierno central

El equipo de Teresa Ribera dio a conocer las razones de su resolución: «realización de obras no amparadas en el título concesional, existencia de usos no previstos e incumplimiento de la condición de dedicar una parte de la superficie de la concesión (18.000 metros cuadrados) al uso público».

RIU, que prepara su defensa, salió al paso de dichas afirmaciones, asegurando que las obras a las que se refiere Transición Ecológica van «en dirección contraria a lo que asegura defender»; esto es, la preservación de un espacio de alto valor medioambiental como son las Dunas de Corralejo.

Una cancha de tenis menos

En el inicio de este expediente de caducidad se refleja la construcción de una cancha de tenis. «Realmente es lo contrario, había dos y en 2004, cuando se realizó la última reforma, dejamos solo una para alinearla con el perímetro del hotel. Lo sugirió Costas y lo hicimos, pero ni siquiera estábamos obligados», afirmó la representante de RIU en las Islas, Águeda Borges.

Ella misma redujo el uso no previsto en la concesión a la existencia de un bazar en el hotel y asegura que sí hay un espacio público de al menos 18.000 metros cuadrados. «Puedes aparcar y deambular libremente por allí; está completamente abierto, sin barreras, ni carteles».

"Desde el principio quieren que desaparezcan los hoteles Oliva Beach y Tres Islas"

Águeda Borges

— Representante de RIU en Canarias

 Además, Borges sostuvo que la resolución se aparta en varios momentos del preceptivo informe del Consejo de Estado –no vinculante– y es mucho más duro que el órgano consultivo. ¿Para qué? «Para conseguir lo que se proponían desde el principio, que desaparezcan los hoteles Oliva Beach y Tres Islas», afirmó. 

Según explicó, el expediente «queda aparentemente muy bien hilvanado, pero [al ministerio] no le ampara la legalidad; ahora todo se ha acelerado a causa de la querella contra los funcionarios del ministerio que han participado en la tramitación de este expediente, imputados por prevaricación». Esa denuncia por vía penal la presentó RIU.

Desde la orilla contraria, el ministerio recalcó que durante la tramitación se ha escuchado a «todos los interesados». Entre ellos, mencionó a la propietaria del establecimiento, la empresa Geafond –cuya administradora única es Carmen Riu–, los trabajadores o asociaciones ecologistas.

Satisfacción de los ecologistas

El secretario del colectivo Turcón-Ecologistas en Acción, Gilberto Martel, expresó en la misma tarde del miércoles su satisfacción por la defensa «del interés general frente al particular» de la empresa hotelera. A ello añadió el carácter «totalmente democrático» de las actuaciones que se han seguido durante los últimos años.

Además de este tablero en el que se ponen en liza la actividad empresarial, el empleo –400 puestos de trabajo– y el dinamismo económico de La Oliva, hay un segundo en el que despliegan sus piezas los gobiernos central y canario. En disputa está la capacidad de decisión sobre las costas.

El Estatuto de Canarias deja en manos de la comunidad autónoma el otorgamiento de concesiones

Madrid cuenta como activos con la defensa de un paraje natural y las transferencias de las competencias a Cataluña, Andalucía y Baleares. Según fuentes ministeriales, el proceso seguido en aquellas deja en manos del Estado «funciones que son inherentes a la titularidad del bien»; el espacio natural en este caso.

Ante esto, Fernando Clavijo opone el Estatuto de Autonomía de Canarias. El apartado b del artículo 157 («Ordenación y gestión del litoral») deja en manos de la comunidad autónoma «la gestión de los títulos de ocupación y uso del dominio público marítimo-terrestre, especialmente el otorgamiento de autorizaciones y concesiones (...)».

Conversación con la ministra

El presidente de Canarias descolgó el teléfono en la misma tarde del miércoles para hablar con Teresa Ribera. «Independientemente de que las relaciones sean cordiales, cada uno tiene que defender lo que cree», explicó ayer Clavijo. La distancia entre las partes despeja el camino hacia el Tribunal Constitucional, que será el que tenga que decidir cuál de las dos tiene la razón. «Si nos vemos en la necesidad», subrayó el jefe del Ejecutivo autonómico, el Archipiélago elevará hasta dicho órgano el «conficto de competencias» con el que viene amenazando desde hace meses.

En paralelo, las Islas esperan que se convoque la Comisión Bilateral Canarias-Estado, mecanismo previsto para ventilar estos choques entre administraciones. El departamento encargado de fijar la fecha en la agenda es el Ministerio de Política Territorial, a cuyo frente se sitúa el socialista predecesor de Clavijo como máximo dirigente de la comunidad autónoma, Ángel Víctor Torres.

El ministerio de Torres prepara los informes previos a la convocatoria de la comisión bilateral

Hace «más de un mes» que se «solicitó esa reunión», expuso el presidente regional para criticar que aún no se tenga una fecha. Y no la habrá hasta que en el ministerio se finalicen los «informes preceptivos» que deben realizarse desde que se pone en marcha, que lo está, el mecanismo para la convocatoria de la comisión. 

Desde el departamento que dirige Torres, aseguraron ayer que el Gobierno de Canarias tiene toda la información y sabe que será uno de los primeros en ser atendido. Hay más comunidades que lo han solicitado. Por ejemplo, el País Vasco (comisión mixta se llama en este caso) pasará antes que las Islas por el ministerio, porque su solicitud es anterior.

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