La patronal, molesta tras el ataque de Román Rodríguez al sector alimentario

Los empresarios se mueven entre la sorpresa y el enfado tras la andanada del vicepresidente del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, contra las grandes superficies y el sector alimentario. El también consejero de Hacienda del Ejecutivo autonómico acusó sin ambages a las empresas de especular con los precios de los alimentos en medio de la ola inflacionaria que azota la economía occidental. «Suben los precios cuando les da la gana» y «se están forrando» son solo dos ejemplos del ataque de Rodríguez contra las grandes superficies, cuando lo cierto es que estas apenas representan un 10% del mercado alimentario del Archipiélago, un mercado «trucado» según el vicepresidente. Unas acusaciones de trazo grueso que ayer llevaron a la patronal, tanto a la sectorial como a la gran patronal, a pedir explicaciones al Gobierno de Ángel Víctor Torres. Los empresarios quieren saber si las palabras del también líder de Nueva Canarias (NC) son una opinión estrictamente personal o representan el parecer del Ejecutivo, en el que Rodríguez ejerce de número dos.

Desde la Asociación Canaria de Medianas y Grandes Empresas de Distribución (Asodiscan), como principales señaladas por el responsable de la Hacienda regional, calificaron de «injustas, desafortunadas y totalmente equivocadas» las acusaciones de Rodríguez. De entrada porque Alcampo, Carrefour y El Corte Inglés –las tres firmas representadas por Asodiscan– solo tienen, en conjunto, ese 10% de cuota de negocio, un porcentaje menor desde el que «difícilmente se puede influir en un mercado». El problema de los precios de la cesta de la compra está en los mayores costes que vienen sufriendo todos los eslabones de la cadena agroalimentaria, le recordó la asociación al vicepresidente.

«Los precios de los alimentos han subido porque no se actuó cuando se debía para evitarlo»

Todo ha subido: los cereales, los envases, la electricidad, la gasolina... Y todo eso acaba trasladándose a los precios de venta al público. «El señor que lleva los chorizos hasta el supermercado tiene mayores costes», ahonda el vicepresidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), José Cristóbal García, con lo que difícilmente podrá sobrevivir si no sube sus precios para compensar ese mayor gasto. Es solo un ejemplo de uno de los eslabones de la cadena. Es más, el vicepresidente de la gran patronal de la provincia de Las Palmas hizo hincapié en que si la carestía de la energía y los combustibles ha acabado por trasladarse a los precios de los alimentos se debe precisamente a la tardanza de los Gobiernos en la toma de decisiones. «Tardaron tanto en dar ayudas al sector agrícola o a los transportes, a ese señor que lleva los chorizos en el camión, que la inflación se ha trasladado a la inflación subyacente», subraya García, un indicador, el de la subyacente, que mide la evolución del coste de vida sin tener en cuenta ni los precios de la energía ni los de los alimentos frescos y que en última instancia es, por tanto, el que enciende las alarmas.

El representante de la CCE hizo un llamamiento a la «responsabilidad» de los políticos, en general, ahora cuando apenas quedan unos meses para las elecciones autonómicas y locales, «o vamos a escuchar un disparate tras otro», enfatizó. Una petición de «responsabilidad» que también hizo el presidente de la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife (CEOE-Tenerife), Pedro Alfonso, que lamentó la facilidad con que muchas veces se olvida el papel social de las empresas. Sin ir más lejos, recordó, durante los momentos más duros de la crisis de la covid. «Es una pena que declaraciones como estas empañen todo eso», agregó el dirigente de la gran patronal del país en la provincia occidental.

Alfonso no se mordió la lengua y en línea con José Cristóbal García puso énfasis en que el Gobierno de Canarias tiene en sus manos paliar el encarecimiento de la cesta de la compra. ¿Cómo? «Reduciendo la carga regulatoria».

Algo que también apuntaron desde Asodiscan. «La vía más eficaz para una reducción en el precio de los productos es reducir la carga regulatoria innecesaria, así como bajar -aunque sea de forma temporal- la excesiva fiscalidad que soportan los productos de alimentación y castiga a las economías familiares». Es decir, menos trabas y menos impuestos, si bien el Ejecutivo ha dado sobradas muestras de que no piensa reducir la carga tributaria, ni muchísimo menos el IGIC, más allá de algún retoque puntual que no merme los ingresos récord de las arcas públicas autonómicas. «Pocas lecciones de gestión podrá darnos el consejero de Hacienda vista la mejorable ejecución de las inversiones y de los fondos europeos y su negativa a bajar la fiscalidad en actividades como, por ejemplo, la del refino del petróleo», ahondó el presidente de la CEOE-Tenerife. «Queremos entender que esas declaraciones son a título personal, porque son de un intervencionismo que no ayudaría en nada», sentenció Alfonso. «Que aclaren si es su posición o la del Gobierno», insistió también el secretario general de la Asociación de Supermercados de las Islas Canarias (Asuican), Alonso Fernández.

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