Bartomeu recurre el cohecho del Barça: "Si Negreira era funcionario público con más motivo lo habría sido Rubiales"

Ha llegado el primer recurso contra al auto del juez de Barcelona Joaquín Aguirre en el que acusaba al FC Barcelona de cohecho por el caso Negreira. Una imputación que afectaba no solo al club, sino a sus antiguos presidentes, Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, y a otros dos directivos del club. No esta incluido el actual mandatario: Joan Laporta. El recurso de Bartomeu, dirigido directamente a la Audiencia de Barcelona, no solo argumenta que no puede considerarse al exdirigente arbitreal José María Enriquez Negreira como funcionario, sino que también acude al caso Robiales, la investigación abierta contra el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por su beso a la jugadora Jenni Hermoso y por las presunta coacciones posteriores. "Si el señor Enríquez era un funcionario público, aunque no percibiese remuneración en su cargo, con más motivo lo habría sido el presidente de la RFEF, el señor Rubiales", recalca el escrito del abogadoJosé María Fuster Fabra, defensor del expresidente azulgrana. 

"Pues bien cabe recordar los sucesos recientes, tristemente famosos, ni la administración, ni el Consejo Superior de Deportes, ni el Ministerio de Deportes, pudo cesarlo, tuvo que ser la UEFA y la FIFA quienes provocasen ese cese", argumenta el recurso. El escrito agrega que la administració "no ejerce control económico sobre la RFEF", sólo si piden alguna subvención, ni tampoco sobre el personal que tenga contratado. E incide que las federaciones internacionales, europeas y nacionales tienen "su tribunal deportivo" propio, "una muestra más de que se consideran independientes de los gobiernos de la administración y de sus leyes".

El magistrado indicaba en el auto en el que imputaba a los investigados el cohecho que la RFEF de la que depende el Comité Técnico de Árbitros (CTA), del cual era vicepresidente José María Enríquez Negreira, tiene una función pública, por lo que sus dirigentes deben equipararse a un funcionario público. El togado subrayaba que un vicepresidente de dicho comité, "como persona que ejerce funciones públicas, debe ser imparcial y tener un trato equitativo con todos los equipos, por lo cual resulta incompatible" con el ejercicio de su cargo" que Enriquez Negreira percibiera del club azulgrana "una abultada remuneración anual" (más de siete millones de euros en 18 años) sin contrato un que "sirva de soporte para realizar una función de seguimiento de los árbitros que dirigían al FC Barcelona y que se encontraban bajo la órbita" de su autoridad. A la vez, remarcaba la importancia de la federación como "persona jurídico-pública", por el tipo sus funciones de regulación de las competiciones deportivas.

Entidad privada

Sin embargo, Bartomeu rechaza esta teoría y sostiene que la RFEF es una "es una entidad privada que no forma parte del sector público" y recuerda que el delito de cohecho debe aplicarse cuando la administración pública, es decir funcionario u autoridad, "no respeta la legislación ni los principios generales del Derecho". El texto subraya que los estatutos de la RFEF y "por extensión" el Comité Técnico de Árbitros las define como "entidades de naturaleza jurídica privada" y que sus empleados no son funcionarios, sino que tienen contratos laborales. En este sentido, detalla que Enríquez Negreira "no tenía contrato laboral ni recibía sueldo alguno por parte de la federación". También relata que la administración "no ejerce control económico sobre la RFEF", sólo si piden alguna subvención, ni tampoco sobre el personal que tenga contratado.

El escrito, además, afirma que hay árbitros que han declarado públicamente que Enriquez Negreira, a pesar de ser vicepresidente del comité técnico, "carecía totalmente de poder para realizar ninguno" de las acciones que se le puede atribuir, como influenciar en la designación de colegiados y, en definitiva, farvorecer al Barça. Para el defensor de Bartomeu, la decisión del juez de añadir al proceso judicial el delito de cohecho pretende "salvar la supervivencia" de la causa, pues hasta ahora no se han hallado evidencias del delito de corrupción en los deportes que atribuía la querella de la fiscalía.