Incoado expediente disciplinario al presidente de la Federación Canaria de Atletismo

El Comité Canario de Disciplina Deportiva (Cocade) ha decidido incoar expediente disciplinario sobre Alberto Hernández Barrera, presidente de la Federación Canaria de Atletismo (FCA). Un proceso que inicia, por unanimidad de todos sus miembros, el organismo presidido por Nicolás Díaz de Lezcano y que abarca no solo al máximo rector del citado ente federativo, sino también a "todos sus directivos, incluidos los miembros no natos de la Junta de Gobierno, siempre y cuando hubieran participado en los hechos contrarios a derecho susceptibles de infracción", tal y como reza en el escrito de resolución del Cocade.

Esta decisión, la primera del Cocade desde su vuelta a un funcionamiento normal tras casi dos años de inactividad, atiende a la petición realizada, por medio de un escrito, el pasado 15 de noviembre por la Dirección General de la Actividad Física y el Deporte, organismo presidido por Ángel Sabroso.

En estas alegaciones puestas encima de la mesa del Cocade, se denunciaban, especialmente, varias inacciones de Hernández Barrera y su Junta, la mayoría relativas a diversos procesos rutinarios o extraordinarios de suma importancia para el funcionamiento de la Federación Canaria de Atletismo. Entre ellos, la no celebración de las asambleas anuales ordinarias de 2022 y 2023, una extraordinaria este mismo año, la no atención de una petición (6 de julio de 2023) de una moción de censura, el no entregar el libro-registro de entrada y salida de documentos de la FCA, así como no haber publicado el calendario de competiciones de las dos últimas temporadas.

En la petición de la Dirección General de la Actividad Física y el Deporte también se recogen otros cinco puntos, caso de los informes con los planes de preparación y soporte de gastos de atletas canarios de alto nivel, la designación de jueces a diversas pruebas, o la presentación de las cuentas anuales de la FCA ante el Registro de Entidades Deportivas. Llama igualmente la atención la denuncia de que la sede de la Regional (ubicada en La Laguna) permanezca siempre cerrada a cualquier usuario, teniéndose que realizar todos los trámites por medio de la web y mediante interlocutores anónimos.

El Cocade considera que tras el análisis de la solicitud y de la información complementaria remitida por la Dirección General de la Actividad Física y el Deporte, y tras la apertura de un período de actuaciones previas, se detectan suficientes indicios que justifican la incoación del citado procedimiento disciplinario contra los directivos de la FCA.

Según señala la resolución del Cocade, existe el "derecho a formular alegaciones" así como a "la audiencia en el procedimiento", avisando además de que, "en caso de no efectuar" dichas alegaciones "en el plazo previsto sobre el contenido del acuerdo de iniciación, éste podrá ser considerado propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada". El plazo para esas posibles alegaciones es de 10 días hábiles a contar desde el 28 de noviembre, fecha en la que se emite la resolución. Se cumpliría dicho periodo, por tanto, el 14 de diciembre.

El Cocade también manifiesta que, al margen de "notificar la presente resolución a todos los interesados", se les ha "hecho saber" que la misma "es definitiva en la vía administrativa, y que, por constituir el inicio del procedimiento disciplinario un acto de trámite, no cabrá recurso alguno".

Posible inhabilitación

Este proceso contra Alberto Hernández y su Junta de Gobierno, cuya resolución podría ser efectiva incluso antes de que acabe 2023, podría derivar en la inhabilitación del todavía presidente de la FCA, que paralelamente se encuentra inmerso en un proceso judicial iniciado a finales de marzo.

En él, tras una denuncia del Ministerio Fiscal, y en una investigación que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción número 4 de La Laguna, el dirigente deportivo podría ser acusado de hasta cuatro delitos: uno continuado de malversación de caudales públicos, otro de administración desleal, un tercero de apropiación indebida, así como un último delito continuado de falsedad documental.