La protección de la arquitectura antigua de Canarias

Recientemente, se ha celebrado una sesión del renovado Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias, órgano asesor de las administraciones públicas dedicado a informar sobre cuestiones relativas a la aplicación de la vigente Ley 11/2019 de Patrimonio Cultural de Canarias (LPCC) y dirigido por los responsables de la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura; en el mismo están representados los Cabildos Insulares, expertos en Historia y Arqueología, las principales universidades de las Islas, los obispados existentes, el Consejo Canario de Colegios de Arquitectos y diversas instituciones culturales del archipiélago.

En esa reunión se han tratado tres expedientes para la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) de carácter inmaterial que han sido informados favorablemente entre ellos, el Silbo Gomero, expresión etnográfica, que obtiene así un reconocimiento colectivo del que tenemos que congratularnos por su carácter preeminente dentro de las tradiciones y costumbres que identifican a las islas.

Sin embargo, se han dictaminado también favorablemente como BICs, en la categoría de monumentos, dos edificios existentes en los números 35 y 37 de la calle León y Castillo en Arrecife, Lanzarote, uno de ellos, el número 37 conocido como Hotel Oriental. Al respecto, los arquitectos tenemos serias dudas de que deban declararse con ese nivel de protección estos inmuebles, de hecho, en esa sesión del Consejo, los representantes de los arquitectos canarios votamos en contra.

Según la Ley 11/2019 de Patrimonio Cultural de Canarias en su artículo 22 declara que “bienes de interés cultural aquellos que ostenten valores sobresalientes de carácter histórico, artístico, arquitectónico, arqueológico, etnográfico, bibliográfico, documental, lingüístico, paisajístico, industrial, científico o técnico o de cualquier otra naturaleza cultural, así como los que constituyan testimonios singulares de la cultura canaria”.

Añadiríamos que debe considerarse como BICs sólo aquellos elementos culturales claramente apreciados, siendo reconocibles como tales de una manera colectiva. Por poner ejemplos, cualquiera puede considerar a la catedral de Santa Ana en Las Palmas de Gran Canaria, como un edificio monumental acreditado; o también el barranco de Acentejo, en Santa Cruz de Tenerife, como un sitio histórico relevante para la cultura de Canarias. Lo que no ocurre en el caso de los dos edificios de Arrecife en Lanzarote informados favorablemente en esta ocasión.

Esos inmuebles lanzaroteños arrastran una situación negativa desde hace más de quince años, en 2011 se anuló judicialmente el catálogo arquitectónico de Arrecife, que los incluía y protegía con carácter parcial y/o ambiental conforme a la terminología legal aplicable, probablemente, esa derogación se produjo debido a defectos formales en su tramitación o a la ausencia de información adecuada para analizar y valorar sus condiciones culturales, esta situación sigue manteniéndose hoy en día y afecta a los dos edificios citados. Pero más lesivo aun es que no existe una motivación razonable; que se expresa en este ejemplo de Lanzarote en la insuficiencia en la identificación de valores culturales suficientes para considerarlos monumentalmente.

A este respecto, hay que señalar que el conjunto de informes técnicos que avalan supuestamente su declaración, sólo han aportado como valores reseñables para ambos que representan un ejemplo de las llamadas casas altas de la capital de Lanzarote, que allí se hospedó la familia del historiador Juan Millares y que el escritor surrealista Agustín Espinosa pudo escribir posiblemente en sus salones su novela Lancelot 28º-7º. Consideramos que ambos avales expresan una endeblez más que evidente para una asignación BIC.

Haber ahora declarado BIC esos dos edificios que, por otra parte presentan algunos rasgos arquitectónicos relevantes, sin evaluar de manera adecuada su aportación cultural real significa acelerar su proceso de deterioro y ruina, para acabar desapareciendo en el futuro de manera probable. Además, abre la posibilidad a justas reclamaciones pecuniarias que perjudican sin necesidad al interés colectivo, debido al recorte de aprovechamiento urbanístico que se está originando en el bien mismo y también en su entorno protegido como consecuencia de la propia declaración.

Hoy en Canarias, hay extensas zonas antiguas de las ciudades y varias decenas de miles de edificios legalmente protegidos por ser considerados culturalmente valiosos, sin embargo, empezamos a observar cómo aquellos contenedores más importantes incluidos en catálogos, están directamente abandonados y muchos otros presentan síntomas graves de deterioro conducentes a la ruina. Esta manera de actuar trata de ignorar que se está afectando a derechos de propiedad consolidados, que deben tener su justa compensación de acuerdo a la legislación urbanística.

En realidad, no se han querido ver las consecuencias reales que esta forma conservadora de tratar de preservar la riqueza patrimonial heredada está ocasionando. Los edificios no son obras de arte que han adquirido una forma definitiva una vez realizados, como ocurre con la pintura o la escultura. Para cuidar y enriquecer los inmuebles edificados es preciso permitir que cada generación pueda ajustar su uso y configuración de forma razonable, lo cual hoy es muy difícil por no decir imposible.

Sin embargo, los valores culturales que existen en manos privadas, los cuales la sociedad canaria estima necesario preservar, deben apoyarse, cuidarse y mejorarse con otros mecanismos más adecuados que la mera designación. Se está consiguiendo así lo contrario de lo que se ha pretendido: la condena a la desaparición de numerosos bienes que nos dignifican colectivamente.

Por ello, los arquitectos consideramos que ha llegado el momento de explorar otra forma de actuar en relación al patrimonio arquitectónico heredado. Imaginar maneras que apoyen y enriquezcan esos valores culturales que nos identifican y podamos seguir disfrutando de su rica presencia en nuestros entornos urbanos y rurales.