Una experta defiende que una norma "regional" limite las edificaciones en el litoral

César Manrique dijo hace ya décadas que "todo está interconectado y la ocupación desmedida del suelo acaba destruyendo a la naturaleza y, por tanto, al ser humano." La frase la recordó este lunes el diputado socialista Marcos Bergaz tras escuchar las comparecencias en la Comisión de estudio del reto demográfico y equilibrio poblacional de la catedrática de Geografía Física de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y miembro del Gabinete Científico de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote, Emma Pérez-Chacón, y a la arquitecta y urbanista Noemí Tejera. Dos expertas que en sede parlamentaria han abogado por "repensar" las leyes actuales "obsoletas" y "alejadas de la realidad" para urbanizar pensando "primero en la vida, luego en los espacios y por último en los edificios, pues al revés nunca funciona", tal y como expresó Tejera.

Incluso Pérez-Chacón, que demostró con varios gráficos que el 12% del litoral canario ya está degradado, apostó por volver a unas directrices de ordenación general, "como las que hubo y se derogaron alegremente" en su momento, pues "no fue buena idea dejar en manos de los cabildos" la función que antes tenía la extinguida Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac).

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"Una norma general debe decir a partir de qué cota no se puede edificar y no ocurra que en cada isla esa cota sea diferente", afirmó.

Por su parte, Tejera insistió en "aplicar la planificación innovadora frente a una legislación obsoleta" e hizo hincapié en que las ciudades no se deben urbanizar "con la vista puesta en el consumo, sino en facilitar la vida de las personas y el cuidado del territorio y el paisaje".

Un total de 130 especies están en peligro de extinción y el 12% del litoral está degradado

Los datos expuestos fueron contundentes para explicar la "mutación urbano-turística" del litoral: en Gran Canaria y Tenerife el espacio de 500 metros desde el mar está urbanizado en más de un 20%, que en Gran Canaria supera el 30% en la zona de servidumbre de protección. En todas las islas, la línea de litoral está llena de edificaciones, incluyendo zonas susceptibles de inundación debido a que se han invadido los ciclos naturales. Es decir, que se han colocado barreras arquitectónicas que bloquearon la arena y erosionó las playas.

Por ello, en los últimos 50 años se ha conseguido que 130 especies estén en peligro de extinción en Canarias y se han degradado los ecosistemas de playas-duna, como sucedió con el istmo de Guayarteme, en Las Palmas de Gran Canaria, y en El Médano, en Tenerife, que es la zona donde se está construyendo el polémico hotel de La Tejita.

"La duna costera es la mejor protección para evitar que se inunden los terrenos, pero al haber desaparecido ahora nos enfrentaremos a la cultura del hormigón para construir escolleras que eviten inundaciones", aseguró Pérez-Chacón.

En Gran Canaria y en Tenerife el 20% del espacio a 500 metros desde el mar ya está urbanizado

A ello hay que unir que la ocupación del litoral conlleva que haya más agua residual de la que puede "metabolizar" un territorio en el que es limitada la recogida y tratamiento de aguas residuales, sobre todo teniendo en cuenta que se necesita abundante agua de mar para desalinizar y que, la misma, está en malas condiciones.

En cuanto a la sobrepoblación de zonas concretas de las islas y la infrapoblación a la que se enfrentan 47 municipios canarios, ambas esgrimieron un argumento que ya otros expertos han puesto sobre la mesa en la comisión parlamentaria: el problema no es tanto la capacidad de carga, qué número concreto puede soportar el territorio, sino saber gestionar y hacer cumplir la legislación que existe en cuanto a planeamientos de ordenación urbanística.

Tejera defendió que ahora, "más que nunca" el urbanismo se debe vincular a la diversidad social, cultural y ambiental para conseguir "incrementar la calidad de vida sostenible de las personas", ya que hasta el momento ha existido un "crecimiento poblacional exponencial frente a recursos finitos" los que la legislación no ha dado soluciones: "somos un territorio finito, fragmentado, con la mitad del territorio protegido; estamos desbordando los límites de la sostenibilidad".

Por ello, desde una perspectiva ecológica crítica, la arquitecta abogó en el Parlamento por el urbanismo "como respuesta cualitativa y no cuantitativa" a la hora de reordenar los espacios, y apostó por el concepto de ciudades cercanas: todos los servicios básicos para el ciudadano, incluyendo infraestructuras sanitarias, educativas y de movilidad, deben estar a 15 minutos de distancia de la residencia habitual.

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