Los interinos canarios se organizan para exigir el freno del proceso de estabilización

Las consecuencias del reciente fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el personal interino no se han hecho esperar. Trabajadores afectados por el abuso de temporalidad en los distintos ámbitos de la Administración autonómica se están organizando en plataformas para exigir al Gobierno regional que paralice los procesos de estabilización en marcha y que se aplique la sentencia comunitaria, es decir, que se consolide la fijeza de los empleados indefinidos no fijos de forma directa, sin pasar por oposiciones ni concursos de méritos. El Ejecutivo asegura que los procesos selectivos no se pueden parar porque se trata de un mandato legal y está a la espera de que el Estado se pronuncie sobre el alcance del fallo y si afecta o no a la estabilización.

Las protestas se extienden no solo en Canarias sino también en otras comunidades autónomas. Se han puesto en marcha recogidas de firmas, comunicados, peticiones de reuniones y concentraciones de protesta ante los organismos oficiales para demandar la fijeza inmediata del personal en abuso de temporalidad y que no continúen los procesos de estabilización. En Canarias organizaciones como la Plataforma de Empleados Públicos en Fraude de Ley (Pefralca) –Administración General de la Comunidad Autónoma–, la Asamblea 7Islas –Sanidad– o el colectivo Docentes Interinos en Abuso –Educación– han saltado a la palestra para exigir la paralización de los procesos selectivos porque no son la solución para acabar con la temporalidad en el sector público y que se reconduzca la situación para dar estabilidad definitiva a los más de 20.000 empleados de la Comunidad Autónoma que se encuentran en situación de interinidad.

Estos colectivos y plataformas no se alinean con los sindicatos que tienen representación en la Administración autonómica, que tildan de «temeridad» que se paralicen los procesos sin conocerse el alcance real de la sentencia europea y la doctrina jurídica que impartirá el Tribunal Supremo. Sin embargo, a los pocos días de pronunciarse el TJUE ya se están conociendo los primeros fallos de juzgados españoles que aplican esta nueva jurisprudencia europea. Sin ir más lejos este lunes se conoció una sentencia de un Juzgado de Sevilla que aplica el reciente fallo europeo para declarar la fijeza de una trabajadora no docente de Educación que fue cesada en su puesto después de 14 años ocupando una vacante. Además de hacerla fija, el fallo judicial eleva la indemnización hasta igualarla a la de un despido improcedente y no como un despido objetivo frente a lo que recoge la ley 20/2021 para aquellos interinos que no superen los procesos de estabilización.

La plataforma Pefralca recuerda que estuvo dos años manifestándose en la legislatura pasada para exigir la fijeza de todo el personal en abuso de temporalidad y ahora su portavoz, Yolanda Cívicos, asegura que «Europa nos ha dado la razón» y exige al Gobierno regional que declare fijos por decreto a todos los empleados públicos con un vinculado laboral con la Administración superior a los tres años. Por su parte, el recién creado colectivo de docentes interinos, surgido en Gran Canaria, ya ha recabado más de 1.500 apoyos de afectados y ha convocado concentraciones de protesta para el próximo 15 de marzo ante las sedes de la Consejería de Educación en todas las islas, para lo que ya cuentan con el respaldo del sindicato STEC.

En el caso de Educación, la directora general de Personal, Mónica Ramírez, advierte que comprende la incertidumbre que ha generado la sentencia del TJUE entre los docentes pero que en la misma «no hay nada que nos indique que paremos los procesos de estabilización, se trata de la aplicación de una ley del Estado y estamos sometidos al principio de legalidad». Según Ramírez «no está en nuestras manos paralizar el proceso hasta que el Estado se pronuncie o la Justicia unifique doctrina, estamos obligados a llegar al 31 de diciembre con los procesos selectivos terminados».

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