La Justicia europea consolida la fijeza de 25.000 interinos de las Islas

La Justicia europea cuestiona la ley que utiliza la Administración pública española para estabilizar a los miles de empleados interinos que han acumulado años de antigüedad en sus puestos de trabajo sin que se les haya consolidado las plazas que ocupan.

En una nueva sentencia, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) advierte que las indemnizaciones que contempla la ley española para aquellos trabajadores temporales que no superen el proceso de estabilización son opuestas a la Directiva comunitaria sobre el trabajo de duración determinada y que estos empleados deben pasar directamente a fijos por el abuso de temporalidad al que les ha sometido la Administración, sin que se hayan puesto medidas eficaces sobre la mesa para revertir esta situación.

Este fallo afecta a más de 800.000 interinos en toda España y a más de 25.000 en Canarias si se cuentan a los empleados no solo de la Comunidad Autónoma, sino también de los ayuntamientos, cabildos, Administración del Estado y el resto del sector público de las Islas.

El tribunal comunitario se refiere a los trabajadores indefinidos no fijos, que son aquellos empleados que han encadenado contratos en la Administración sin que ésta convocara los concursos y oposiciones necesarios, por lo que recurrieron a la Justicia al acumular más de tres años consecutivos realizando las mismas funciones. Los tribunales les dieron la razón y las administraciones se vieron obligadas a dejarlos de forma indefinida pero sin consolidación de las plazas.

Para la Justicia europea el trabajador indefinido no fijo debe considerarse un empleado con contrato de duración determinada y entiende que, al no haber convocado la Administración un proceso selectivo para la cobertura definitiva de la plaza ocupada en el plazo establecido, el contrato de este tipo de trabajadores «ha sido prorrogado automáticamente».

España puso en marcha la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público ante las exigencias de la Comisión Europea, de tal forma que antes del 31 de diciembre de 2024 tienen que estabilizarse a todos los interinos que trabajan desde antes de 2020 en las administraciones públicas. Canarias también está inmersa en este proceso y tanto la Comunidad Autónoma como las corporaciones locales aceleran los procesos para cumplir con los plazos.

La mayoría de las plantillas afectadas están compuestas por personal laboral temporal o indefinido no fijo. Los gobiernos confían en que la inmensa mayoría de estos trabajadores estabilicen sus plazas, pero la ley prevé que para los que se queden fuera se les indemnice a razón de 20 días por año trabajado, con un tope de 12 mensualidades, y pasarían a engrosar las listas de empleo para cubrir vacantes.

Ceses en Cataluña

Ya en la Generalitat de Cataluña hay cerca de 500 interinos que no han superado los procesos de estabilización y el Gobierno catalán ha reservado fondos para pagar sus indemnizaciones, si bien más del 90% del personal que está participando en los concursos y oposiciones para consolidar la plaza que lleva años ocupando de manera temporal se está quedando.

Con el nuevo fallo del TJUE estos trabajadores pueden recurrir a los tribunales y con la jurisprudencia europea en la mano la Administración tendría que dejarlos fijos, una vez que el Tribunal Supremo unifique el criterio derivado de esta sentencia.

Los procesos de estabilización en Canarias se han pactado entre las distintas administraciones con los sindicatos con el fin de ajustarlas lo máximo posible a las necesidades del personal interino y temporal, ya que son procesos abiertos y están sujetos en teoría a las mismas condiciones que cualquier concurso u oposición para entrar en la Administración.

La mayoría de las plantillas de los laborales, sobre todo las más antiguas, podrán consolidar sus plazas solo por concurso de méritos mientras que los funcionarios interinos, que son la minoría, tendrán que hacer una prueba junto a los méritos. Se da prioridad en la puntuación a los que ocupan la plaza y el departamento correspondiente, con el fin de limitar también el trasvase de empleados entre administraciones.

Función Pública y los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma ya se encuentran analizando el alcance de este fallo del TJUE, aunque en una primera impresión no se ve ninguna consideración que pueda afectar a la marcha de los procesos de estabilización que se están desarrollando para cumplir con el plazo establecido y que la UE ha advertido que se tiene que cumplir.

Por su parte, los sindicatos también analizan la sentencia pero ya han mostrado su satisfacción porque afianza las reivindicaciones de las centrales sindicales para que todos los trabajadores que han sufrido abuso de temporalidad por parte de la Administración consoliden sus plazas aunque no superen los procesos de estabilización.

Los representantes de los trabajadores advierten que los recursos judiciales caerán en cascada una vez que la Justicia española asuma la jurisprudencia europea, ya que muchos trabajadores indefinidos no fijos irán a los tribunales bajo la premisa del abuso de temporalidad.

Fuentes sindicales advierten que «el fallo ratifica que España está incumpliendo el acuerdo marco europeo, son los tribunales los que deben modificar las sentencia y si éstas son incompatibles con la legislación nacional se debe cambiar y adaptarla a las reglas comunitarias». La figura del indefinido no fijo está extendida por toda la Administración española y el TJUE la descalifica por no ajustarse a la Directiva.

El Gobierno canario ha acelerado el trabajo en los últimos meses para sacar todos los procesos adelante con la publicación casi continua en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) de las listas de admitidos en los procesos selectivos y de las distintas categorías para presentar los méritos. Función Pública ha reforzado la plantilla con más personal para dedicarse exclusivamente a los procesos de estabilización ante el riesgo de sanción.

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