Un decreto pone en riesgo las ayudas europeas para los almacenamientos de energía limpia

La revisión de la Ley de Evaluación Ambiental de 2013 pone en riesgo la concreción de los 46 proyectos para el almacenamiento de energía renovable subvencionados con fondos Next Generation (NG-EU) en Canarias. El plazo para su entrada en funcionamiento termina el 31 de enero de 2026, pero ahora deben contar con declaración de impacto ambiental (DIA) positiva, lo que convierte en muy escasos los dos años y dos meses que restan para alcanzar la fecha.

Ya lo saben en la Consejería de Transición Ecológica y Energía que dirige Mariano Hernández Zapata. El contacto con el ministerio de Teresa Ribera es constante. La tramitación medioambiental es autonómica y la maquinaria para hallar una solución está en marcha. 

Se trata, una vez más, de adecuar normativa estatal a las especificidades canarias para evitar que se pierda uno solo de los 76,2 millones de euros que el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) ha destinado a infraestructuras en las que guardar los excedentes de energías limpias que se generan en parques eólicos y fotovoltaicos.

Hernández Zapata busca una vía rápida para evitar la pérdida de las ayudas a fondo perdido

El real decreto aprobado en junio tiene por objetivo ampliar los efectos de la ley de hace diez años y adecuar la normativa española a las directrices europeas, cada vez más exigentes en materia medioambiental. Sin embargo, no tiene en cuenta que en Canarias, los parques son mucho más pequeños que en la Península. 

«Allí un almacenamiento puede ocupar una superficie equivalente varios campos de fútbol, porque hablamos de parques con 200 y 300 megavatios de potencia», explica el presidente de la Asociación de Empresarios Eólicos de Canarias (Aeolican), Raúl Macías. Sin embargo, en la comunidad autónoma es impensable acercarse a ese tamaño. 

La infraestructura de almacenamiento la integrarán «tres o cuatro contenedores como mucho», continúa, «y siempre quedarán dentro del área que ocupa el parque y que ya ha tenido que pasar la preceptiva tramitación para obtener la DIA», subraya Macías.

Iniciar desde cero

Añade a ello que los inversores no se enrocan y admiten que hay aspectos que deben someterse a evaluación, como «el análisis de fugas, los riesgos de explosión o la contaminación química de las baterías». Lo que quieren evitar es tener que iniciar el trámite desde cero, porque eso «impide llegar a la fecha que marca el IDAE».

Ninguno de ellos va a activar las compras del material necesario antes de tener todos los permisos en la mano. Hacer lo contrario para luego no obtenerlos significaría tirar el dinero. «Tendríamos que tener la DIA en un año», detalla, para solo entonces acudir al mercado en busca de los suministros, «que tardan entre seis y nueve meses en llegar», continúa. Sería llegar con el agua de los plazos al cuello en los mejores casos. Pero es que ese relato es imaginario, la escasez de personal en Medio Ambiente y la llegada de proyectos en masa aseguran que la DIA de la práctica totalidad de los proyectos nunca llegaría en solo un año.

Lo saben los empresarios y lo sabe el consejero Hernández. Su equipo ha descartado la negociación política para promover la inclusión en la norma de un tratamiento especial para el Archipiélago. La experiencia ha demostrado que por ese camino se llegaría tarde, y eso en el caso de que Madrid preste oídos a los problemas de las Islas.

La inversión total de las iniciativas que obtienen ayuda asciende a 162,4 millones de euros

Con esa decisión en la mano y el convencimiento de que los almacenamientos son el actual punto crítico que impide una mayor penetración de renovables, la consejería ha decidido poner en marcha un grupo de trabajo específico. La labor encomendada es la de conseguir generar una vía rápida para la tramitación de las iniciativas auspiciadas por los NG-EU.

El IDAE publicó esta misma semana la propuesta definitiva de resolución, ya con el estudio de las alegaciones presentadas por los promotores que resultaron excluidos en la decisión provisional. El resultado eleva hasta 46 los proyectos que acceden a ayudas europeas contenidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Entre todos suman una capacidad de almacenamiento de 185,7 megavatios hora y 162,4 millones de euros de inversión total, lo que se traduce en más de 1.000 empleos estables y de calidad.

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