11.000 euros en una fiesta con prostitutas y drogas: los últimos detalles del caso 'Mediador'

El Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife tomará este viernes declaración a más investigados y testigos en el 'caso Mediador', entre otros, al empresario madrileño Maximiliano Poveda, acusado de un delito de cohecho por, supuestamente, haber pagado a los cabecillas de la trama para que movieran sus influencias a favor de uno de sus negocios.

En los informes policiales del sumario, se recoge que Poveda llegó a desembolsar hasta 11.000 euros en una fiesta con prostitutas y drogas organizada en Madrid por el intermediario que da nombre al caso, Marco Antonio Navarro Tacoronte, a quien recurrió para que le ayudara con sus planes para abrir una instalación de almacenamiento de derivados del petróleo en las islas.

También aparece que, finalmente, acabó sintiéndose estafado por el exdiputado nacional Bernardo Fuentes Curbelo, 'Tito Berni', y sus colaboradores en esta trama de presunta corrupción.

En calidad de testigo ha sido citado Carlos Ignacio Vera Barrios, presidente de la Asociación Deportiva Tetir, club de fútbol aficionado que, según las investigaciones, era utilizado por Fuentes Curbelo como vía para recibir los supuestos sobornos.

El exdiputado socialista llegó a ser presidente de ese club de Fuerteventura, cargo del que dimitió cuando resultó imputado y comenzaron a publicarse los primeros datos de un sumario que ya cuenta con miles de páginas y una veintena de investigados.

En principio, trascendió que constaban varios pagos a la cuenta del equipo de fútbol por parte de empresarios que buscaban un trato de favor para sus negocios y, por ello, se ponían de acuerdo con los políticos implicados para canalizar las transferencias a través de la asociación deportiva.

El Tetir defiende su honestidad

El Tetir, sin embargo, ha defendido siempre su honestidad y la gestora que tomó las riendas de la entidad tras la dimisión de Fuentes Curbelo ha iniciado una auditoría que abarca desde el año 2019 hasta 2022.

La Asociación asegura que los ingresos quedaban reflejados en una única cuenta corriente a su nombre con los datos de los ordenantes, "perfectamente identificados" y que, además, era mancomunada, de modo que los movimientos debían ser autorizados por dos personas.

Una de las partes del sumario que está resultando más abultada son las investigaciones de las relaciones de la trama con la Zona Especial Canaria (ZEC), al sospecharse que Fuentes Curbelo ofrecía desde su asesoría la posibilidad de acelerar los trámites para acogerse a las ventajas de ese instrumento de baja tributación.

En este contexto se puede interpretar que también vaya a declarar como testigo Jesús María Pérez Spínola, quien iba a ser el administrador de Raúl Gómez Rojo, empresario del sector de las energías reonovables cuya intención era crear una filial en la ZEC para instalación de placas solares en Canarias.

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Gómez Rojo podría haber llegado a transferir 22.000 euros a algunas de las cuentas bancarias que han sido investigadas por la sospecha de haber sido usadas para el pago de comisiones y en el sumario constan numerosos abonos con su tarjeta en los lugares frecuentados por los imputados.

También ha sido llamada a declarar como investigada Ana María Hernández Martín, a la que se le atribuye un presunto delito de blanqueo, por los ingresos en su cuenta de dinero presuntamente procedente de la trama.

A las doce de la mañana comparecerá como testigo un miembro del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Guardia Civil para dar cuenta del resultado de las investigaciones.

La juez ha remitido a la Secretaría Técnica de la Consejería de Agricultura del Gobierno canario un escrito por medio del cual le informa que el próximo 21 de diciembre expira la prórroga del plazo de instrucción, por lo que le pide que le remita el resultado de una auditoría que ese departamento llevó a cabo.