La investidura de Sánchez abre un nuevo escenario en las Islas y con el Estado

La reciente investidura de Pedro Sánchez y la inminente puesta en marcha de un nuevo gobierno de coalición entre el PSOE y Sumar abre un escenario imprevisible como seguramente nunca se ha visto en la política española. Tanto a efectos parlamentarios por sus dependencias de los partidos nacionalistas y soberanistas, como por sus repercusiones en las relaciones del Estado con los distintos territorios, la nueva etapa de Sánchez es una incógnita y deja espacio para todo tipo de especulaciones y posibles escenarios en materia de política territorial. Canarias afronta esta situación con tantos temores como expectativas, y condicionada muy claramente por el perfil político de su gobierno regional, el único liderado por un partido nacionalista en alianza con el PP.

La agenda territorial va a marcar la nueva legislatura, que esta semana se abre de forma definitiva y efectiva, como consecuencia de los acuerdos alcanzados por el PSOE con los partidos de ámbito autonómico y en especial por la amnistía pactada con los independentistas catalanes, Junts per Catalunya y ERC, pero también por la reforma del sistema de financiación autonómica comprometida por Sánchez. Es uno de los asuntos claves del acuerdo cerrado también por el PSOE y CC para el apoyo de la diputada de esta formación, Cristina Valido, al candidato socialista. Ese pacto abre también un nuevo escenario en la política canaria por el efecto que puede tener en las relaciones entre los dos socios del Ejecutivo regional y otras instituciones isleñas, y también por las disfunciones que puede crear entre ellos en las relaciones con el Estado.

Sánchez se comprometió el jueves a cumplir los 25 puntos del acuerdo de investidura con los nacionalistas canarios, a los que lanzó también un guiño para un entendimiento en el ámbito de Gobierno regional, más pensando en el propio presidente regional, Fernando Clavijo, que en sus socios populares. La maniobra de CC para cerrar un «acuerdo de legislatura» con Sánchez, superando sus recelos iniciales por la amnistía, deja a la intemperie el pacto regional y su alianza con el PP, pero sobre todo abre dudas sobre la estrategia que seguirá el propio Gobierno autonómico en la batalla territorial que se abre en el contexto de un enfrentamiento a carne viva de todo el PP y las autonomías que gobierna contra el Ejecutivo central.

Canarias se presenta en ese escenario como la única comunidad 'entre dos aguas' entre las 11 gobernadas por el PP, por un lado, y las tres del PSOE y las dos nacionalistas, País Vasco y Cataluña, por otro. Teniendo en cuenta que los pactos con los partidos de estas dos últimas con representación en el Congreso afectan de lleno a la política territorial, Canarias estará obligada a estar alerta para no perder terreno respecto a cualquier movimiento en este sentido, tanto en relación con posibles revisiones del modelo de Estado, como en el de distribución de fondos estatales o medidas presupuestarias o fiscales que la pudieran discriminar. El Gobierno canario se verá obligado, por tanto, a gestionar una situación de posibles tensiones territoriales sin que los dos socios tengan seguridad de compartir estrategias.

El pacto entre CC y el PSOE en el Congreso trata de blindar parte de los intereses isleños a este respecto, con medidas y recursos económicos, que los nacionalistas calculan en 1.100 anuales, que garantizarían una buena posición de Canarias en el mapa autonómico surgido del conjunto de acuerdos de investidura. 

La nueva financiación autonómica es por ahora una incógnita, y aunque CC ha incluido en el acuerdo con los socialistas que se aplicarán criterios que le mejorarán su volumen de fondos, todo quedará a gastos de lo que en su caso deba pactar con el PP, porque será una reforma que deberá contar en un acuerdo básico entre los dos grandes partidos estatales. 

Otra cuestión que inquieta al Gobierno de Canarias y sobre la que se avecina un debate en carne viva es la aplicación de la condonación de las deudas autonómicas con el Estado a raíz de la pactada entre el PSOE y ERC para una quita de 15.000 millones a Cataluña . Sánchez ha explicado que se extenderá a todas las comunidades autónomas aunque no hayan hecho uso del Fondo de Líquida Autonómica (FLA), el mecanismo que el Estado puso en marcha para financiar a las comunidades durante la crisis financiera, pero no está claro de qué forma afectará a la deuda de las regiones con las entidades financieras, que en el caso de Canarias es muy superior a la del FLA.

El otro aspecto del apoyo de CC a Sánchez y su alianza en el Congreso que puede afectar a las relaciones del pacto de gobierno en las Islas y a las de Canarias con el Estado es la estrategia que adopte el PP canario en las conferencias sectoriales entre el Gobierno central y las comunidades autónomas en aquellas áreas que gestiona dentro del Ejecutivo regional. La más importante es el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en la que participará la consejera de Hacienda, la popular Matilde Asián, y que afecta precisamente a las dos cuestiones fundamentales citadas: la financiación autonómica y la condonación de deuda. Un alineamiento de Canarias con las posiciones del PP estatal y las comunidades gobernadas por este partido, en principio de enfrentamiento abierto con el Ejecutivo central, incomodaría mucho a CC si con ello se ponen palos en la rueda del funcionamiento, desarrollo y ejecución de su pacto de investidura con el PSOE. 

Los socialistas canarios se presentan en este escenario como una posibilidad de ‘arreglo’ de la situación, tal como pareció ofrecer Sánchez el pasado jueves al responder a Valido en la sesión de investidura: «le garantizó que su voto afirmativo a este Gobierno de coalición progresista va a ser positivo para el conjunto de Islas, así puede contar con una colaboración constructiva entre el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias». 

El discurso de Valido en la sesión de investidura sirvió de hecho para enmarcar en parte el dilema al que se enfrenta ahora CC como socio del PSOE en el Congreso y del PP en el Gobierno regional. La diputada tinerfeña, cuyo perfil político está siendo muy valorado por el grupo socialista en la Cámara baja y por el propio Sánchez, ha sido pieza fundamental en la transición de los nacionalistas hacia el apoyo a investidura, pese a la amnistía, si con ello se conseguía cerra la misma ambiciosa agenda canaria que se había pactado con el PP para la frustrada investidura de Alberto Núñez Feijóo. Su discurso siempre ha sido el de que la habían votado para defender los intereses de las Islas por encima de cualquier otra consideración, y por ello señaló desde la tribuna que con las medidas y fondos conseguidos «también deberían estar contentos nuestros socios del PP en Canarias», porque alcaldes y consejeros del Gobierno de este partido tendrán más recursos para gestionar y resolver los problemas de los canarios, según su interpretación.

CC, tal como dijo la propia Valido, va a estar muy vigilante sobre el cumplimiento de los acuerdos, que no solo afectará a la medidas para las Islas pactadas directamente, sino también a la posición en que vaya quedando el Archipiélago en la agenda territorial abierta por Sánchez para esta legislatura. «Si no cumplen, en la bajadita nos encontrarán», advirtió la diputada en una expresión muy canaria y celebrada mediáticamente. 

Desde las filas socialistas se ve por ahora más seguro el voto de Valido a su agenda parlamentaria que el de otra diputada teóricamente integrada en la coalición progresista de gobierno, la de Noemí Santana, diputada de Podemos por Las Palmas, como consecuencia de la guerra interna entre su formación y Sumar, la plataforma liderada por Yolanda Díaz en la que se se integró la formación morada para las elecciones del 23 de julio. Muchos socialistas temen de hecho que Santana pudiera acabar con Valido en el grupo Mixto, junto a los otros cuatro escaños de Podemos, si las dos formaciones coaligadas no superan sus diferencias.

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