Canarias asume una factura de 843.500 euros por retirar pateras

En los puertos del Archipiélago se aglomeran decenas de pateras y cayucos abandonados, junto a piezas de ropa empapada, botellas de agua y bidones de gasolina. Se trata del rastro que deja la llegada de miles de personas desde las costas africanas a través de la ruta canaria, una de las más peligrosas y mortales. Esa huella se ha convertido en una imagen habitual en los muelles desde el último trimestre de 2020, cuando en plena pandemia se reactivó el flujo migratorio hacia el Archipiélago. La retirada de las barquillas es competencia del Estado, pero lleva años sin hacerse cargo de esta obligación que están asumiendo las administraciones locales. Esta tarea ha supuesto un sobrecoste para las arcas de la comunidad autónoma de 843.587 euros desde 2020.

Desde lanchas neumáticas oxidadas y desinfladas hasta grandes cayucos descoloridos, pasando por pateras endebles y raídas, están a la espera de ser retiradas y desguazadas. El hacinamiento de estas barquillas en los puertos supone un potencial riesgo de salubridad, de seguridad y medioambiental, además de que deteriora la imagen de la zona y obstaculiza el trabajo de las cofradías de pescadores, pues resta espacio en los diques. 

Hace dos años, la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad ofreció a la Delegación del Gobierno la posibilidad de firma de un convenio para la retirada de estas barquillas de los puertos que están bajo la responsabilidad de la comunidad autónoma, pero obtuvo una respuesta negativa a esta propuesta. Desde 2020, Puertos Canarios ha invertido un total de 200.000 euros en quitar y desguazar pateras y cayucos de los puertos de Arguineguín (Gran Canaria) y La Restinga (El Hierro). Ese monto, que debería abonar el Ejecutivo central, está pendiente de cobro pues, según fuentes de la Consejería, la Delegación del Gobierno no les ha facilitado ningún canal administrativo para hacerles llegar la factura y saldar la deuda.

La Autoridad Portuaria de Las Palmas ha destinado cerca de 134.000 euros a las labores de limpieza, desinfección, gestión de residuos de combustible, transporte y movimiento de pateras, además del dinero que el organismos ha dejado de ingresar por la ocupación de los terrenos en el puerto de Arinaga (Gran Canaria) durante estos últimos tres años. A esto se añade que, en este mismo muelle, hay actualmente unas 130 barquillas acumuladas. Según fuentes de la Autoridad Portuaria de la provincia oriental, el coste de destruirlas oscila entre los 600 y los 1.000 euros, dependiendo del tamaño de la embarcación. Así, gestionar esas lanchas podría alcanzar los 130.000 euros. En estos momentos, en el puerto de Arrecife (Lanzarote) no queda ninguna patera por retirar y en el de Puerto del Rosario (Fuerteventura) solo hay una.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la Autoridad Portuaria ha gastado 509.587 euros desde 2020 en despejar sus puertos, solo en lo que va de año ha sido 234.000 euros. El presidente de Puertos de Tenerife, Pedro Suárez, ha asegurado que reclamarán al Ministerio de Interior el reembolso de dicha cantidad, «pues no es una tarea que corresponda asumir a la autoridad portuaria». Entre las tareas que ha llevado a cabo está la desinfección, limpieza y gestión de residuos; servicios submarinos de inspección de cascos y achique, vías de agua. También ha desarrollado trabajos de apoyo con personal y medios de mantenimiento y se han empleados grúas de alta capacidad para el izado y traslado al lugar de acopio del cayuco. Además, en el caso de cayucos arribados a La Gomera (dos hasta el momento) se han trasladado hasta Tenerife para su destrucción.

Cuando se produjo la llamada crisis de los cayucos y llegaron a las Islas más de 31.000 personas de forma irregular, en 2006, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero encargó del desalojo de las barquillas de las costas canarias a la empresa pública Tragsa. Ahora, el Ejecutivo de Pedro Sánchez desoye las peticiones de las autoridades locales y desatiende su obligación de gestionar las pateras abandonadas en los puertos del Archipiélago, que en lo que va de año han recibido a más de 15.000 personas.

Tensión en el SCS

A la sobrecarga económica que supone labor de retirada y desguace de las barquillas, se suma el coste de la atención sanitaria de los migrantes, tanto a pie de playa como en los hospitales de referencia del Archipiélago. El incremento de la llegada de personas migrantes en situación irregular por vía marítima ha supuesto un reto para el sistema sanitario en todos los niveles: asistencial, logístico y organizativo. 

Nada más llegar a tierra, todos son sometidos a una revisión general por parte de un equipo multiprofesional del Sistema Canario de la Salud (SCS), que valoran si su estado físico tras la travesía por altamar es bueno. En esta exploración se evalúan las patologías crónicas y se ofrece asistencia a incidencias derivadas del viaje (deshidratación, heridas, úlceras o infecciones...). En caso de detectar complicaciones, los afectados son derivados a los diferentes centros sanitarios de la isla a la que hayan arribado. Además, todas las embarazadas que llegan a Gran Canaria y a Tenerife son trasladadas al hospital materno, para hacer una exploración más profunda de la madre y del bebé. Este protocolo no se puede aplicar en las islas no capitalinas, pues no cuentan con un centro especializado. 

En 2006, era el Estado el que subvencionaba la contratación de médicos y enfermeros para hacer las revisiones médicas a pie de playa y Cruz Roja canalizaba las ayudas y la coordinación del personal sanitario. A partir de 2009, cuando se consideró que la ruta canaria estaba cerrada, el acuerdo con la oenegé se dio por finalizado y es el SCS el que empieza a asumir esa tarea, pues la Sanidad es competencia de la comunidad autónoma.

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