El Gobierno de Canarias costea la escolarización en aulas de 2 a 3 años cuyas obras no estén terminadas
La medida, de carácter extraordinario y temporal, permitirá a sus familias inscribirlos en escuelas infantiles municipales o privadas hasta que puedan incorporarse a las plazas públicas
Tendrá un coste estimado de cuatro millones de euros y evitará el perjuicio que ha supuesto para ellas la falta de previsión del Ejecutivo anterior, tal y como ha venido denunciando el actual consejero de Educación, Poli Suárez
El Gobierno de Canarias destinará cuatro millones de euros para que todos los niños de las Islas nacidos en 2021 y cuyas familias los hubiesen matriculado en el primer ciclo de Educación Infantil en centros públicos cuyas obras no estén aún terminadas, puedan ser escolarizados este curso.
Para ello, ha cerrado ya un acuerdo con la red de escuelas privadas de educación infantil de las Islas, a las que el consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, Poli Suárez, ha agradecido su apoyo y predisposición.
El alumnado afectado será derivado, temporalmente y de forma extraordinaria, a otros centros para que, de manera progresiva, vaya ocupando sus plazas a medida que terminen las obras.
"Dijimos que buscaríamos una solución para estos niños y niñas, y lo hemos hecho. Se trata de una situación temporal y extraordinaria para evitar un serio perjuicio a las familias provocado por el anterior Gobierno de Canarias", ha afirmado Poli Suárez, quien ha recordado también que, desde su llegada al cargo, hace ahora mes y medio, advirtió de la gravedad de la situación debido a la falta de previsión del anterior Ejecutivo.
Más detalles en las próximas fechas
En ese sentido, para este curso 2023/2024 el Gobierno de Ángel Víctor Torres había previsto en un total de 65 centros del Archipiélago la creación de 1.196 plazas de 0 a 3 años (en realidad, de 2 a 3) cuya puesta en funcionamiento requería de obras que, a la llegada del nuevo Ejecutivo, no solo no habían comenzado sino que en muchos casos no estaban licitadas o adjudicadas.
Además, y pese a haber autorizado también la matriculación del alumnado en dichas plazas, el Gobierno anterior había previsto que esos trabajos durasen, al menos, dos o tres meses desde su adjudicación, por lo que era materialmente imposible que estuviesen listos antes de octubre, una situación que ya se había producido al inicio del curso anterior (2022/2023), provocando el caos entre las familias, a las que entonces no se dio ninguna solución, a diferencia de lo ocurrido ahora.
En próximas fechas se ofrecerán más detalles del protocolo que deberán seguir las familias, que, no obstante, podrán elegir el centro al que llevar a sus hijos e hijas, siempre que haya plazas disponibles.
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