El viceconsejero y la jefa de Servicio niegan recibir órdenes de Taishet y 'Tito Berni'

Los nuevos investigados dicen que el expediente de Montesdeoca se ajustó a la legalidad

El viceconsejero del Sector Primario en funciones del Gobierno de Canarias, Álvaro de la Bárcena Argany, y la jefa de Servicio del departamento, Estefanía González Núñez, negaron en la mañana de este jueves, 13 de julio, que el exdirector general de Ganadería Taishet Fuentes les diera alguna orden o directriz sobre cómo tenían que tramitar el expediente sancionador al empresario ganadero Alberto Montesdeoca, tras no justificar de forma adecuada una subvención de la Unión Europea.

Además, el citado cargo público y la funcionaria señalaron que el antecesor de Taishet en el cargo, su tío Juan Bernardo Fuentes Curbelo, exdiputado del PSOE hasta mediados de febrero pasado, tampoco les mandó alguna acción para favorecer dicho proceso.

Así lo aseguraron en su declaración como investigados en el supuesto Caso Mediador ante la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife, María de los Ángeles de Lorenzo Cáceres Farizo, y el fiscal delegado contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, Jaime Serrano-Jover, en el Palacio de Justicia de la capital tinerfeña.

Álvaro de la Bárcena y Estefanía González Núñez explicaron que la tramitación de dicho procedimiento se ajustó a la legalidad y que no hubo un trato de favor hacia el citado empresario, dueño de la Biogranja Montesdeoca, situada en el municipio de Adeje.

El viceconsejero del Sector Primario y la jefa de Servicio de dicho departamento dejaron entrever que la actuación de Taishet fue correcta en este asunto.

Otra de las cuestiones que reflejaron de la Bárcena y la jefa de Servicio es que supuestamente el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) determinó que el periodo para la prescripción del proceso sancionador al dueño de la Biogranja y Quesería Montesdeoca no era el fijado por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, que fijaba el reingreso del dinero procedente de la Unión Europea como el inicio del expediente, sino que debía empezar cuando el beneficiario recibió la ayuda económica.

Desde esa perspectiva, según los nuevos investigados, resultaba irrelevante que el expediente sancionador pasara de grave a leve o que prescribiera.

Sobre Taishet Fuentes, De la Bárcena y González Núñez manifestaron que una de sus funciones era tener contacto directo con los ganaderos para saber en qué situación estaba este subsector. Y que, además, en el momento en que se produjo la tramitación del expediente del asunto Montesdeoca había sociedades ganaderas y queserías que estaban en una grave situación económica, a raíz de la crisis económica generada por la pandemia.

Según algunas fuentes, tras las declaraciones realizadas por los investigados Álvaro de la Bárcena y Estefanía González, el Caso Mediador "se desinfla" en la rama cuya instrucción continúa en el Juzgado de Instrucción número 4 de Tenerife.

Una de las personas citadas a declarar por la jueza fue un taxista de Candelaria, Celedonio C., a quien presuntamente se le acusa de recibir y entregar dinero a Marco Antonio Navarro Tacoronte, el mediador que da nombre a este asunto de supuesta corrupción, de cobros de dinero, contratación de servicios de prostitución o consumo de cocaína a cambio de favorecer a empresarios de varios sectores económicos.

En su declaración, dicho taxista aseguró que, en realidad, es una víctima más de Navarro Tacoronte, pues le prestó dinero, que nunca le devolvió y presuntamente pagó servicios con su tarjeta de crédito. Según los datos que han trascendido, el supuesto conseguidor le solicitaba una cantidad significativa de dinero, con la excusa de que se lo devolvería, pues tenía una posición económica y de influencia que le permitiría hacerlo. Sin embargo, el tiempo pasaba y esa devolución no se hacía realidad. En esos momentos, le hacía pequeñas entregas de dinero como forma de engaño.

Otra persona que declaró fue Plácido Alonso Peña, quien fue abogado de Navarro Tacoronte durante años, hasta que se empezó a investigar el Caso Mediador. Antes de acceder al Palacio de Justicia, Alonso Peña utilizó palabras como "soberbia", "malos modos" o "prepotencia" para referirse a la forma en que la jueza ha instruido este asunto.

Este abogado aparece en algunas de las imágenes de la trama del Caso Mediador que estaban en los teléfonos móviles de Marco Antonio Navarro Tacoronte. Según el propio Alonso Peña, ejerció como abogado del empresario Alberto Montesdeoca, pues fue quien le presentó las alegaciones para que no tuviera que devolver 74.000 euros de una subvención que no pudo justificar. Esas alegaciones fueron desestimadas por el Gobierno de Canarias y el citado abogado señala que no cobró por ese trámite. Aclaró que sólo recibió "una caja de quesos".

Pero en Gran Canaria, el mediador le presentó a Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias Tito Berni, en Gran Canaria y presuntamente también gestionó unos procesos de cobro de unas facturas a los empresarios catalanes Esteban Banús e Inmaculada Roca, propietarios de Leches Sandra, entre otras mercantiles. "Después de una pandemia, uno busca clientes hasta debajo de las piedras", afirmó. Apuntó que "Navarro será un sinvergüenza y un estafador, pero está relacionado con todo el mundo; era mi cliente desde hacía mucho tiempo".

Fue el actual abogado de Navarro Tacoronte quien pidió que Alonso Peña declarara como testigo. Sin embargo, la jueza decidió citarlo en calidad de investigado por los hechos.

Al comienzo de su declaración, hubo un serio enfrentamiento verbal entre este abogado y la jueza. Según Alonso Peña, una funcionaria y una jueza supuestamente lo acusaron de llevar periodistas al Palacio de Justicia, mientras que el abogado negó rotundamente que hubiera hecho eso, "pues los periodistas ya son granditos y saben lo que tienen que hacer". Hubo un momento en que la autoridad judicial casi llegó a desalojar al letrado del espacio en que se realizó la toma de declaraciones.

Plácido Alonso Peña indicó que, después, el trato que le dispensaron el fiscal Anticorrupción y la jueza fue "correcto". Expuso que "es peligroso ser abogado penalista, pues, al final, me he visto sentado en un banquillo, cuando lo único que he hecho es ser abogado".

Explicó que participó en una reunión con el exdirector general de Ganadería Taishet Fuentes en Tenerife porque se lo pidió su entonces cliente, el empresario ganadero y quesero Alberto Montesdeoca. "Si un empresario tiene que devolver 74.000 euros, que llevará a la quiebra a su ganadería y existe la posibilidad de reunirse, desde el director general al presidente del Gobierno", dijo el letrado que ahora figura como investigado.

La jueza le comentó que tenía más derechos si lo citaba como investigado que si lo hacía en calidad de testigo, "y en eso tiene razón". Señala que el pasado miércoles le dieron las 10.000 páginas del sumario y hasta ahora ha podido leer sólo una parte.

Alonso Peña le recordó a María de los Ángeles de Lorenzo Cáceres que fue ella quien le aconsejó a Navarro Tacoronte que cambiara de abogado y le dijo que "eso no me parecía correcto".

A Plácido Alonso Peña le molestó que el mediador lo llamara "totorota" en un medio de comunicación. Respecto a la entrega de los teléfonos móviles de Navarro Tacoronte, dijo que "yo creía que con la entrega de unos pantallazos de los whatsapp" del exdirector insular de Deportes del Cabildo de Tenerife y los de Navarro Tacoronte podía quedar claro que no hubo estafa, como había denunciado el primero de ellos.

"Entiendo que Navarro Tacoronte se fue de la lengua, que el hombre bocazas sí es, algo tuvo que decirle a la Policía de que él tenía en el teléfono tal y cual, porque no es normal que te venga" la Unidad de Delitos Informáticos, señaló el abogado Alonso Peña. "Sí es verdad que me negé a entregar los teléfonos móviles y me seguiré negando una y mil veces", apuntó. "Yo sabía que había fotos de prostíbulos y cocaína con políticos; y si la causa es del director general de Deportes y Navarro Tacoronte, ¿para qué vamos a meter a otra gente?", recordó.

"Si yo sé que él está metido en esta causa, ¿cómo vas a entregar unos teléfonos con un delito de organización criminal, como está esto que le pueden caer 15 años de prisión, para escaparte de un delito de dos? Eso no se le ocurre a nadie; no los entrego y nadie me puede obligar porque no había ninguna investigación abierta en el sentido ese y tiene que haber un auto judicial para eso".

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