Canarias da un impulso al ‘cohousing’ con la nueva ley de cooperativas

Canarias no es una de las autonomías en las que las sociedades cooperativas estén más extendidas. En el Archipiélago apenas se crearon una docena en todo el año pasado, frente a las más de 200 que se registraron en el País Vasco. Para tratar de cambiar esta situación y dar un impulso a esta figura jurídica, Canarias estrena una normativa propia que busca, no solo aumentar el número de estas sociedades reduciendo por ejemplo el mínimo de socios, sino también dar cabida a nuevos modelos que hasta ahora no estaban contemplados. Uno de ellos es el cohousing, una fórmula que comienza a extenderse en las Islas como alternativa a las habituales residencias de mayores. Ella diferentes personas –a menudo de la tercera edad aunque también existen aquellas que buscan una convivencia intergeneracional– deciden residir en un inmueble conjunto y compartir los gastos de los servicios que puedan necesitar.

En Canarias existen al menos nueve proyectos de vivienda colaborativa en marcha que hasta ahora no encontraban un encaje legal adecuado para ellas. A nivel internacional, el cohousing funciona como una cooperativa que se basa en un régimen de cesión de uso de la vivienda, es decir, que la propiedad de los inmuebles permanece siempre en la cooperativa y los socios solo disfrutan de su uso. Hasta ahora, estos colectivos se veían obligados a constituirse como cooperativas de vivienda o de consumo, un mecanismo que nada tiene que ver. En el caso de las cooperativas de vivienda, lo habitual es que se conformen para llevar a cabo una promoción y que tras adjudicar las viviendas a los socios esta se disolviese. Pero lo habitual en el sistema cohousing es funcionar de otra manera y que cooperativa mantenga siempre la propiedad.  

En el Archipiélago apenas se crearon una docena de cooperativas en todo el año pasado

La red de Viviendas Canarias Colaborativas celebró la pasada semana a través de sus redes sociales la aprobación de esta ley por unanimidad en el Parlamento regional. A la sesión asistieron representantes del colectivo, que también han colaborado con la Consejería de Economía Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias –impulsora de la norma– para que este tipo de proyectos pudiera encuadrarse adecuadamente dentro de las cooperativas. Para ello se ha incorporado finalmente en la ley un bloque específico referido a este modelo de convivencia, convirtiendo a Canarias en una comunidad pionera en su regulación.

Pero el impulso a las viviendas cooperativas no es la única novedad de esta normativa que ha tardado varios años en fraguarse. Tal y como resaltó la consejera del área, Elena Máñez, esta es la tercera legislatura en la que se trata de sacar adelante esta regulación, por falta de consenso y por los reparos puestos a los anteriores anteproyectos por parte del Consejo Económico y Social y el Consejo Consultivo, que ahora han sido salvados en el nuevo texto.

Entre las novedades de la nueva ley autonómica está la reducción del número mínimo de socios necesarios para constituir una de estas sociedades, además de simplificar trámites de la gestión diaria de estos colectivos y otro tipo de procedimientos, así como los requisitos para la escisión y la fusión de las cooperativas. 

Para Jaime Cabrera, fundador de la Cooperativa de Economistas Canarios (Coecan) –que a su vez forma parte de la Asociación de Empresas Sociales (Asescan)– la principal mejora que presenta esta ley es la reducción del número de socios necesarios para registrar una cooperativa de trabajo asociado. Con esta nueva norma solo se requerirán dos, en lugar de los tres necesarios anteriormente. «Es lo más revulsivo y el efecto más positivo que tendrá la ley», valora, ya que se rebajan las exigencias para poner en marcha una de estas sociedades, independientemente de que después puedan añadirse nuevos socios. Cabrera explica al tratarse de cooperativas «los socios tienen que cotizar y recibir retribuciones» desde el principio y asegura que «es complicado» contar desde los inicios con tres puestos de trabajo. 

La nueva norma también adapta el funcionamiento de las cooperativas canarias a los avances del siglo XXI. De esta manera, se regula el uso de las nuevas tecnologías para la presentación de las cuentas o la realización de asambleas en las que también se autoriza el voto telemático. 

El SCE lanza una línea de ayudas específica para la contratación de nuevos socios

Cabrera explica que existen diferentes tipos de cooperativas. Las de trabajo asociado son aquellas que tienen por objeto desarrollar un proyecto empresarial en el que los propios trabajadores son también los socios de la empresa y existe una limitación a la contratación de empleados que no tengan esta categoría. Pero también existen otro tipo de cooperativas como los agrarias, en las que los socios se unen para comercializar sus productos, o las de taxistas que ponen medios en común para llevar a cabo servicios necesarios para todos como el servicio de radio. «Esta ley las afecta a todas, pero hay que recordar que hasta ahora no existía un vacío legal, ya que existía una norma de ámbito nacional», señala. 

Bajo su punto de vista, la falta de expansión del cooperativismo en las Islas no se debe a la falta de regulación regional sino más bien al desconocimiento por parte de los nuevos emprendedores. «Hay una falta de cultura en este sentido y desconocen que entre sus opciones tienen también esta fórmula jurídica, con la que además tienen derecho a subvenciones específicas» y por eso asegura que se debería difundir mucho más. 

Una de las subvenciones específicas para este tipo de sociedades es la que ha lanzado recientemente el Servicio Canario de Empleo (SCE) para la contratación de personas socia trabajadoras y para la formación en economía social por parte de cooperativas o sociedades laborales. De forma conjunta, esta línea de subvenciones alcanza los 300.000 euros, 100.000 de ellos para contratación y los 200.000 restantes para las actividades de formación.

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