Con mucha discreción, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, se mueve en Madrid para tratar de buscar una «solución política» al conflicto con el Estado en torno a la reciente reforma unilateral del REF por parte del Gobierno central. Fundamentalmente a través de contactos telefónicos, pero también otros que él llama «informales», Torres busca por todos los medios a su alcance un acuerdo con el Gobierno de Pedro Sánchez para recuperar el 80 % de diferencial fiscal en el Impuesto de Sociedades (IS) a las producciones audiovisuales en Canarias respecto a las del resto del Estado, tal como establece la ley económica y fiscal canaria, y hacerlo antes de que sea convocada la Comisión Bilateral para resolver el conflicto institucional abierto.
El jefe del Ejecutivo canario se está fajando fundamentalmente con el Ministerio de Hacienda, responsable del recorte al REF llevado a cabo en la ley de lucha contra el fuero fiscal, aprobada hace dos semanas en las Cortes, y en un reciente decreto ley aprobado recientemente por el Consejo de Ministros. El departamento que dirige la ministra María Jesús Montero sigue defendiendo que en ninguno de esos dos nuevos textos normativos se vulnera el REF, y apelando a que la disposición decimocuarta de la reforma de 1994 del mismo establece el tope de las deducciones en ese ámbito en 5,4 millones.
Insiste la dirección general de Tributos del Ministerio, en base a los informes jurídicos de que dispone, que esa disposición normativa es la que fija realmente la fiscalidad del sector del cine rodado en las Islas, que no estaría afectado por tanto por el artículo 94.1 de la ley de 1991 en la que se recoge ese diferencial fiscal del 80 %. Respetar ese diferencial obligaría a elevar a 18 millones el tope de 12,4 actualizado en la mencionada ley de lucha contra el fraude fiscal contra el que se ha pronunciado por unanimidad el Parlamento de Canarias, y que ha llevado al Gobierno regional a solicitar la convocatoria de la Comisión Bilateral para dirimir el conflicto.
Torres sigue intentando convencer al equipo de Montero que hay que llegar a un acuerdo que pase por eliminar del REF cualquier referencia numérica sobre el tope del gasto al que aplicar las deducciones y que sólo permanezca como criterio el porcentaje de bonificación respecto a las producciones del resto del territorio nacional. Aunque ayer mantenía un mutismo total respecto a estas conversaciones con Hacienda, fuentes de la negociación aseguran que el Ministerio está dispuesto asumir esa posición antes de la convocatoria de la Comisión Bilateral, para la que todavía no hay fecha.
Uno de los argumentos que se utiliza desde el departamento de Montero es que, una vez salvada la situación para la declaración del IS correspondiente a 2020 que las productoras están realizando hasta el 26 de este mes al haberse elevado el tope a 12,4 millones, que el sector acepta como solución transitoria, el diferencial fiscal para Canarias se recuperará manteniéndolo en ese cifra porque la bonificación extra aprobada el año pasado para el resto del Estado se reducirá o desaparecerá en cuanto las condiciones de los rodajes, que se vieron afectados por la pandemia, se normalicen.
En todo caso, Torres insiste en la necesidad de cerrar un acuerdo político con el Estado para que el conflicto no tenga que dirimirse en la Comisión Bilateral, sino que ésta sirva para certificar ese acuerdo.
El jefe del Ejecutivo viajó ayer a Madrid para participar en un debate público sobre fondos europeos, pero lo hizo acompañado del viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, responsable directo de las negociaciones con Hacienda sobre este tema. Torres insistió, sin concretar apenas, que los contactos con Montero e Iceta y sus respectivos equipos son constantes, y que se mantendrán en los próximos días.
Opción del Constitucional
«Lo que tenemos ahora es esa petición oficial para que se convoque la Comisión Bilateral. Tal y como dice el Estatuto de Autonomía y el sentido común, una vez que se inicie, hay un plazo máximo [dos meses] para ponernos de acuerdo y sigo apelando a que ese acuerdo debe ser de carácter político», señaló este jueves el mandatario regional antes de reiterar que la opción de llevar el conflicto al Tribunal Constitucional sólo se baraja para el caso de un desacuerdo en el foro Canarias-Estado de negociación. Sin explicitarlo, dejó claro que esa opción es una baza indeseada por el Ejecutivo regional, entre otras sosas porque en al ámbito jurídico propiamente dicho, la interpretación sobre si se ha vulnerado o no el REF por parte del Estado se presentaría muy abierta.
«Estamos ahora mismo en posición de aclarar una disposición concreta que tiene que ver con la fiscalidad del sector audiovisual, es la única modificación del REF que está en discusión, en la que nosotros defendemos que el diferencial fiscal con el resto del Estado es de un 80 %. Los pasos administrativos están dados y ahora queda la relación institucional para buscar una salida a esta situación», recalcó el mandatario regional.
Una de las opciones que se barajan a la hora de llevar a cabo una rectificación de lo dispuesto por el Gobierno central y las propias Cortes sobre la reforma del REF sería a través del proyecto de ley de medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto social y económico del Covid-19 que acabará de tramitarse en el Senado en septiembre. Dicho proyecto de ley, que es en el que el PSOE y el Gobierno de Canarias pretendían subir a 18 millones el tope a las deducciones al sector audiovisual canario antes de que el Ministerio de Hacienda lo limitara a 12,4 a través de una enmienda socialista en la ley de medidas contra el fraude fiscal, tiene ya un calendario de tramitación en la Cámara Alta. Tiene un plazo improrrogable de presentación de enmiendas hasta el 6 de septiembre, y una fecha límite de tramitación hasta el 20 de ese mes. Si se quiere incluir en esta norma una enmienda sobre el REF debe presentarse justo en un plazo de dos meses desde hoy mismo, antes por tanto de que culminara el plazo de acuerdo en el seno de la Comisión Bilateral, aún sin convocar.
Coincidencia con Ayuso sobre los fondos de la UE
El presidente canario, Ángel Victor Torres (PSOE), coincidió ayer con la mandataria madrileña, Isabel Díaz Ayuso (PP) y el de la Región de Murcia, Fernando López Miras (PP) en defender la necesidad de que las comunidades autónomas tengan participación en la gestión de los proyectos que serán financiados a través de los fondos europeos de recuperación. En la apertura de una jornada organizada por la consultora Grant Thornton sobre los Retos de las administraciones autonómicas ante los Fondos Europeos, la presidenta madrileña ha afirmado que la recuperación económica «pasa por una participación directa de las comunidades autónomas y las empresas en la gestión de los fondos», aunque, a su juicio, «esto no está siendo así». En ese sentido, Torres abogó por «conseguir un acuerdo de Estado» que implique a todas las partes de forma para que la gestión de ese dinero se haga con «transparencia y objetivos debatibles». «Sería un error no ponernos de acuerdo porque nos estamos jugando la economía y creo que ahí nos está dando un ejemplo el sector privado», subraya.
