Abogados constitucionalistas y asesores fiscales canarios aconsejan una salida política y mucho diálogo con el Estado para que no se modifique unilateralmente el Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF), como lo ha hecho tanto el Gobierno de Pedro Sánchez como el Congreso con las bonificaciones fiscales al sector audiovisual regional. Sostienen que está bien que se acuda al Tribunal Constitucional pero no es la salida para acabar con este conflicto sobre eventuales modificaciones en el REF desde Madrid que dura años, y dudan de la efectividad de una denuncia ante el TC porque adolece de ser algo centralista.

Fernando Ríos, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna y experto en el Estatuto de Autonomía y en el REF, afirma que tanto que el Congreso desoyera el informe del Parlamento canario desfavorable a la modificación del REF en el sector audiovisual como que el Gobierno central aprobara un real decreto ley sin pedir un informe a Canarias son actos «claramente inconstitucionales», y el tribunal podría paralizar la ley de fraude fiscal, aprobada el miércoles en la Cámara baja, que cambia el REF, hasta que emitiera su dictamen.

Con todo, entiende que es muy beneficioso que, por primera vez, se pueda activar el artículo 167 del nuevo Estatuto de Autonomía, que establece que si hay discrepancias, como las ha habido en las bonificaciones fiscales en el sector audiovisual, se acuda a convocar la comisión bilateral Estado-Canarias. El Gobierno de Ángel Víctor Torres anunció el pasado jueves que ya ha pedido esta comisión y si no sale bien irá al Constitucional.

Según Ríos en los casi 40 años transcurridos desde que se aprobó el Estatuto de Autonomía en 1982, han sido innumerables las ocasiones en las que el Estado ha vulnerado el REF, sea por no solicitar el informe previo a la Comunidad Autónoma o por ignorar su contenido. Si bien el Tribunal Constitucional puso coto al primero de los agravios tempranamente en la sentencia 35/1984, de 13 de marzo -que declaró inconstitucional un decreto ley del Gobierno del presidente Suárez que no solicitó el informe-, nunca aceptó que el informe del Parlamento canario fuera vinculante, por lo que fueron desestimados varios recursos interpuestos desde 1993.

A su juicio, existe una interpretación del TC que trasluce «una visión sumamente restrictiva y centralista del modelo autonómico». Precisamente porque esa visión restrictiva del TC dejaba al albur de las mayorías de turno en el Parlamento y Gobierno españoles la existencia del propio REF, en la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía se introdujo un mecanismo que fuera una auténtica garantía del REF: que la negativa del Parlamento de Canarias tuviera algún efecto y no se erigiera en un mero trámite formalista, lo que se tradujo en el artículo 167 que ha activado, por primera vez, el Gobierno canario al pedir al ministro Miquel Iceta la convocatoria de la comisión bilateral Estado -Canarias para tratar las discrepancias en el REF. Para Ríos se ha de obtener el máximo provecho de esa comisión bilateral pero al mismo tiempo ir al Constitucional, para paralizar la ley aprobada el jueves en lo que al fuero canario se refiere mientras se llega a un acuerdo o el TC decide.

Sonia Mauricio, profesora titular de Derecho Financiero y Tributario de la ULPGC, que fue miembro del Comité de Expertos para la Reforma del Estatuto de Autonomía y lo es del Comité científico de la Cátedra REF, considera que es más efectivo que se active la comisión bilateral que establece el Estatuto de Autonomía que, por ahora, ir al Constitucional, porque precisamente ese organismo del Estatuto se estableció porque en su momento «el impuesto sobre la electricidad en Canarias iba en contra del REF, y el Parlamento votó en contra, y solo tuvo como única vía ir al Constitucional». En su opinión, ahora las partes se tienen que sentar a negociar.

Orlando Luján, delegado del Gabinete de Estudios de la Asociación Española de Asesores Fiscales en Canarias, asevera que a los asesores, en general, les sorprendió que el Congreso no se esperara que se convocara esa comisión bilateral tras el informe desfavorable del Parlamento de Canarias a la modificación del REF y aprobara la ley que cambia las ayudas al cine. «Es verdad que la ley del 2021 implica hacer la liquidación en julio 2022 y hay tiempo para negociar, pero lo que pasa es que todas estas cosas tienen que ser claras; el operador que tenga en proyecto hacer una gran película hoy debe saber si hay un máximo de 12,4 millones de euros en la bonificación o de 18 millones, y puede que se vaya a otros países que tengan otras ayudas más interesantes», explica Orlando Luján. Está convencido de que el Estado rompe con una dinámica de 30 años pues desde el 91 Canarias ha tenido ese diferencial del 80% con respecto a la Península en el cine. Para el asesor fiscal no es una cuestión de cuantía, pues el marco comunitario solo permite una bonificación para todas las producciones de las Islas de un máximo de 50 millones de euros al año, y eso no es nada en el presupuesto estatal, sino del incumplimiento del REF.

José Ramón Barrera, socio responsable del área jurídico fiscal de la firma Assap, recalca que lo más importante es que el Gobierno central «no ha respetado el fuero» y «ante eso no nos podemos parar y si se toca el REF es para mejorarlo porque pueden terminar por seguir quitándonos derechos».

Aconseja agotar todas las vías de diálogo posible en la comisión bilateral y si no ir al Constitucional. «Si no nos quieren dar 18 millones (lo que supondría el diferencial fiscal del 80% con la Península) es fácil: que bajen de 10 millones a 6,8 millones el de la Península y ya cumplen el REF» , sentencia.