El Congreso de los Diputados certificó ayer el recorte al diferencial fiscal a las producciones audiovisuales realizadas en Canarias y con ello asesta un golpe al Régimen Económico y Fiscal canario (REF) y abre un conflicto institucional entre el Estado y la Comunidad Autónoma sobre el procedimiento de reforma del fuero. La Cámara baja aprobó por amplia mayoría el proyecto de ley de medidas contra el fraude fiscal en los términos en que se remitió la semana pasada el Senado, donde se introdujo la polémica enmienda del PSOE que limitaba a 12,5 millones el tope de las deducciones al cine rodado en las Islas, y reduciendo así a un 25 % el diferencial fiscal respecto al resto del territorio nacional, pese al mandato del REF de que dicho diferencial debe ser del 80%. Para mantener esa ventaja fiscal, las deducciones al sector en Canarias deberían alcanzar los 18 millones, cifra que ha rechazado el Ministerio de Hacienda por su afectación en 1,8 millones a los Presupuestos estatales en vigor.
La votación en el Congreso se produjo tras algunos intentos por parte de la diputada de CC, Ana Oramas, y del representante de NC, Pedro Quevedo, de eliminar este punto del orden del día del pleno y paralizar así la tramitación del proyecto de ley, o al menos la retirada de la disposición final del proyecto, la que se refiere al REF, ante el informe desfavorable emitido el lunes por el Parlamento de Canarias. Se pretendía impedir así una reforma del fuero sin el visto bueno de la Comunidad Autónoma. Los dos grupos nacionalistas intentaban que antes de que el Congreso se pronunciara definitivamente al respecto se llevara a cabo la negociación entre Canarias y el Estado al amparo del artículo 167.2 del Estatuto de Autonomía.
Quevedo reclamó la paralización de dicha tramitación durante la reunión de la Junta de Portavoces celebrada a primera hora de la mañana, lo que fue rechazado por la mayoría de los grupos, en tanto que Oramas remitió un escrito en el mismo sentido a la Mesa del Congreso con el mismo negativo resultado. En consecuencia, el debate en pleno del proyecto de ley se produjo ya solo pendiente de que los grupos concretaran su posición respecto a la enmienda que venía del Senado, que finalmente fue aprobada por 206 votos a favor –de los socios del Gobierno– y 76 en contra –71 del PP (16 de ellos se confundieron en el voto telemático) y los nacionalistas canarios–, con 57 abstenciones.
Desde el punto de vista de Coalición Canaria el PSOE se ha «reído de Canarias y de sus instituciones» porque al negarse a sacar de la votación la supresión del diferencial fiscal «se queda sin efecto» la Comisión Bilateral a la que obliga el Estatuto de Autonomía. Ésta está prevista precisamente para resolver las discrepancias antes de la aprobación de cualquier ley que afecte al fuero, insisten los nacionalistas. Por lo que desde el punto de vista del secretario general de la formación, Fernando Clavijo, el informe desfavorable elevado por el Gobierno de Canarias al Parlamento para activar la Comisión Bilateral Canarias-Estado «no fue más que una pantomima y una puesta en escena de quienes son cómplices de que España haya pisoteado los fueros canarios». Se trata del «peor atropello de un Gobierno de España y de un presidente a los fueros», sostiene.
Sánchez apela al sector
Previamente al debate y votación del proyecto de ley de medidas antifraude, tanto la representante de CC como el de NC lanzaron duras críticas al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, durante la comparecencia de éste para explicar la aprobación de los indultos a los presos catalanes líderes del procés. En sus respectivas intervenciones, los dos nacionalistas canarios señalaron directamente a Sánchez como responsable último de lo que calificaron de «vulneración» del REF, aunque el tono y el sentido de las críticas fueron muy distintos en cada uno de ellos.
El jefe del Ejecutivo eludió cualquier referencia al conflicto respecto al REF durante su respuesta a Oramas, pero sí lo hizo cuando contestó a Quevedo. Y si a la primera Sánchez le aseguró que «nunca ha habido un gobierno que haya transferido tantos recursos a las Islas Canarias como este gobierno progresista», al segundo le insistió en que la oposición de los nacionalistas a la enmienda introducida por el PSOE en el Senado suponía de facto estar «en contra de una medida que beneficia al sector audiovisual en Canarias». Y en ese sentido aseguró que se va a poner en marcha la Comisión Mixta «para acordarlo» y pidió que constara en acta que «por supuesto, respetamos el REF de Canarias», una idea que repitió la portavoz del PSOE en el debate, Patricia Blanquer, quien insistió en que «se respeta el hecho diferencial canario porque lo hemos mejorado».
En contra de las afirmaciones de los socialistas, durante su intervención, Oramas acusó al presidente del Gobierno central de «importarle muy poco Canarias y por eso ha permitido que su Gobierno incumpla la Ley del REF, el Estatuto y se cargue los rodajes de cine en las Islas». «Señor Sánchez, su gobierno ha sido nefasto para España, pero sobre todo ha sido dañino para Canarias y hoy pisotean un Estatuto y un REF en contra del criterio por unanimidad del Parlamento de Canarias, incluido su PSOE», insistió.
Quevedo, por su lado, lamentó que no hubieran conseguido «entendernos con la ministra de Hacienda y le decimos a usted que nosotros no podemos permitir esto. Necesitamos que usted intervenga porque se incumple además el acuerdo del PSOE y NC para esta legislatura», advirtió el diputado nacionalista. «No debería haberse tratado este proyecto de ley, o al menos tendría que haberse retirado la enmienda contra la que se ha pronunciado Canarias», recalcó Quevedo.
El líder de NC y consejero de Hacienda en el Ejecutivo regional, Román Rodríguez, pedía precisamente ayer una solución política para resolver los conflictos por las modificaciones del REF que han promovido el Gobierno de España y las Cortes Generales sin el conocimiento de Canarias. En un comunicado, Rodríguez recordó que es un deber constitucionalmente establecido consultar al Parlamento de Canarias cualquier modificación llevada a cabo por el Estado sobre el REF. «Se debe respetar ese precepto constitucional al margen de la naturaleza de los cambios que se articulen, sean positivos o negativos». Que se conozcan hasta ahora ya son seis los cambios introducidos de forma unilateral por el Gobierno central en la ley fiscal isleña.
