Santa Cruz sanciona de nuevo a la sala donde se celebró la fiesta de Nochebuena que acabó en avalancha

A la sanción de 30.000 euros por incumplir el aforo autorizado en Nochebuena, Urbanismo suma otro expediente por el mal estado del local, entre otras infracciones

Las imágenes de la avalancha en una fiesta de Nochebuena en Tenerife

E. D.

El polémico caso de la fiesta de Nochebuena celebrada en la sala Dubai, en Santa Cruz, vuelve a la palestra. A la multa de 30.000 euros ya interpuesta, por parte de la Gerencia Municipal de Urbanismo, por incumplir el aforo autorizado, se suma la tramitación de otro expediente sancionador, en este caso, de 78.000 euros, por cometer otras cuatro infracciones. En concreto, éstas se refieren al desarrollo de una actividad sin la previa licencia correspondiente, al incumplimiento del deber de contratación de personal habilitado de control de acceso, al mal estado de local, y a la «falta de carteles que anuncien la prohibición de entrada de menores u otros que exija la normativa vigente, en materia de protección de menores, sanidad o seguridad».

En el citado expediente se determina que la fiesta fue promovida y celebrada «con absoluta temeridad, al crear un riesgo grave para la seguridad de los asistentes». «Éstos acudieron de forma multitudinaria a un establecimiento que no contaba con requisitos mínimos en materia de seguridad, con ausencia de indicaciones de salidas y vías de evacuación, bloqueo de salidas de emergencia, falta de control en los accesos por personal habilitado, así como falta de sistema de conteo de los asistentes, que vivieron momentos de angustia, al desbordarse la capacidad del establecimiento», se indica en el documento.

Pero la fiesta celebrada el 24 de diciembre de 2023 en la sala Dubai, situada en el Polígono El Mayorazgo, que tuvo que ser desalojada y suspendida por parte de la Policía Local, tras producirse una avalancha de jóvenes, numerosos ataques de ansiedad y un desvanecimiento, no solo vuelve a ser noticia por este otro expediente sancionador, sino también porque el PSOE se niega a olvidar este asunto. El edil Florentino Guzmán Plasencia formulará una pregunta al respecto en el pleno que se celebrará este viernes, que irá dirigida a la concejala de Urbanismo, Zaida González (PP). Plasencia quiere saber «por qué, a raíz del informe realizado por la Policía Local antes de que se celebrara la fiesta en la sala Dubai (organizada por Univerzzo), no se suspendió la actividad». Anuncia que el PSOE ha llevado este caso a la Fiscalía.

El 23 de diciembre de 2023, la Policía Local de Santa Cruz acudió a la sala Dubai, a raíz de que el «representante» de la propiedad del inmueble se personara en las dependencias policiales para avisar de que estaba prevista la celebración de dos fiestas los días 24 y 31 de diciembre en el citado local, sin contar con título habilitante para ello. El supuesto arrendador explicó que el establecimiento está alquilado y que los responsables de estos eventos eran el arrendatario y los organizadores de los mismos. Comentó que estaba previsto incumplir el aforo autorizado y apuntó que no se contaba con seguros de responsabilidad civil.

En el establecimiento, los agentes se encontraron con el arrendatario y con el promotor de la fiesta, «cuyas declaraciones son contradictorias». Este último confirmó que tendría lugar una fiesta en la sala con una asistencia prevista de entre 700 y 800 personas. Y el primero señaló que el aforo era de 150. Sin embargo, en el contrato firmado entre ambos para la celebración de la fiesta de Nochebuena en la sala Dubai, de fecha 14 de noviembre, se aseguraba que el establecimiento contaba con «todos los permisos requeridos por las autoridades competentes para la correcta realización del evento», para un aforo de «950 personas». La fiesta organizada por Univerzzo empezó a promocionarse en redes sociales, como un evento exclusivo, sin informar del lugar finalmente elegido para su celebración. Fue el mismo día, el 24 de diciembre, cuando los clientes se enteraron de que debían acudir al Polígono El Mayorazgo.

La persona que figuraba como arrendador del local en el contrato firmado para la celebración de la fiesta, que, según el ciudadano que acudió a la Policía, es realmente el arrendatario, «pues el local no es suyo, sino que lo tiene alquilado», había presentado el 15 de diciembre en  Urbanismo la comunicación previa para el uso de la sala para eventos, obteniendo una autorización de un aforo de 150 personas. La venta de entradas se seguía produciendo por parte de los organizadores de la fiesta. «Sin duda alguna, la comunicación previa no era para la celebración de una fiesta en una discoteca, sino para un karaoke de unas 100 personas», aclara la edil de Urbanismo, Zaida González.

Tras inspeccionar el establecimiento, la Policía Local concluye en el informe, realizado antes de que tuviese lugar la fiesta, que «todos los identificados fueron informados de las posibles responsabilidades que tendrían si se llevara a cabo la fiesta, porque hay suficientes elementos objetivos para determinar que el inmueble no es apto para la celebración de la misma, y lejos de los incumplimientos administrativos que se pudiesen dar, existe un riesgo grave para los posibles asistentes».

«De todo lo expuesto ha sido informado los responsables, todo ello con el fin de que se realicen las gestiones oportunas y así poder evitar cualquier tipo de riesgo y, por consiguiente, posibles responsabilidades subsidiarais o penales del personal de esta Corporación», continúa el informe.

En éste se advertía, entre otras cuestiones, que el local no contaba con póliza de seguro de responsabilidad civil;que se tenía la intención de superar el aforo autorizado; que el inmueble no disponía de los aseos suficientes; que éste carecía de botiquín; que tampoco había equipos de climatización; que el local estaba, «en toda su extensión, provisto de cortinas de tela susceptibles de tener reacción al fuego»; y que el inmueble no estaba provisto de elementos de protección activa contra el fuego, así como de propagación a locales contiguos, «ya que no cuenta con certificación ignífuga». Asimismo, se señalaba en el documento que su capacidad de evacuación era de unas 160 personas.

Aviso

El informe, elaborado el día 23 de diciembre, fue firmado el 25 y llegó a Urbanismo el 26, debido a la tramitación administrativa. Sin embargo, y según explican fuentes policiales a ELDÍA, desde el área de Seguridad, que dirige la edil Gladis de León (CC), se avisó a Urbanismo, antes de la celebración de la fiesta, de que se iba a llevar a cabo un evento en la sala Dubai en el que se podía incumplir el aforo. Eso fue un sábado y durante los fines de semana, «no hay funcionarios disponibles en Urbanismo». Sí se acordó entre las dos áreas activar un dispositivo policial para comprobar si realmente se incumplía el aforo. Y así fue. La Policía Local contabilizó en el local un total de 665 jóvenes, «superando en un 415%» el aforo que había autorizado Urbanismo, de 150 personas. Los agentes desalojaron el evento. Los organizadores no devolvieron el dinero de la entrada. Sólo dieron la opción a los asistentes de utilizar lo que se habían gastado en otra fiesta.

El incumplimiento del aforo motivó la incoación del primer expediente sancionador, con una cuantía de 30.000 euros, tal y como lo adelantó este periódico el 29 de diciembre. La edil de Urbanismo ha señalado que los afectados no se han manifestado durante el periodo de alegaciones, «por lo que tendrán que abonar la totalidad de la multa». Con la intervención de la Policía Local en la fiesta, se emitió otro informe, detallando todas las infracciones relacionadas con el estado del local y con los permisos de los que se carecía. Este documento llegó a la Gerencia el 27 de diciembre. Tras realizar las inspecciones necesarias, se ha incoado un segundo expediente sancionador, por los que los organizadores de la fiesta y el arrendatario del local se enfrentan a otra multa, en esta ocasión, de casi 80.000 euros.