Francisco Villar Rojas: «El principal problema es haber dejado de hacer vivienda, no la vacacional»

Usted es el coordinador del equipo de trabajo que redactó el Decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda. ¿Era necesario un decreto de este tipo para agilizar la vivienda?

El origen de esa norma es que básicamente está constatado un enorme desequilibrio entre la demanda de vivienda que hay en Canarias, que en estos momentos en el registro autonómico de demandantes de vivienda hay 26.000 solicitudes, y una clara insuficiencia de oferta de vivienda, tanto de vivienda protegida como vivienda libre, para dar respuesta a esa demanda. El decreto ley lo que hace es asumir esa realidad y decir cómo se puede mejorar la oferta de viviendas que actualmente existen.

¿Cuáles son las medidas estrella del decreto?

Básicamente toma dos grandes bloques de medidas, que algunos suelos que existen y que están vacantes, los ayuntamientos tengan la capacidad de destinarlos a la construcción o favorecer la construcción de viviendas y, sobre todo, viviendas protegidas. En principio, el decreto de ley está pensando siempre en suelos urbanos, urbanizables y también se puede actuar sobre suelos turísticos, no agrícolas. De hecho, una de las medidas consiste en que los suelos turísticos que están parados se puedan reactivar para construir viviendas, siempre que como mínimo un tercio de las viviendas que se construyan sean viviendas protegidas. Porque todo el decreto de ley gira en torno a que las medidas excepcionales que se ponen en marcha favorezcan la construcción en todo o en parte de viviendas protegidas.

También habla de suelos dotacionales de los ayuntamientos. ¿Cuáles son?

Dentro de esas medidas está, en materia de suelo, la posibilidad de que en algunos suelos dotacionales vacantes, que son municipales, se pueda construir como dotación de viviendas protegidas de promoción pública en régimen de alquiler. El decreto de ley excluye los espacios libres y las zonas verdes. Por tanto, estamos pensando, por ejemplo, en un suelo que pudiera estar reservado para un futuro centro de salud, nunca espacios libres ni zonas verdes. Y normalmente todos conocemos suelos en todos los ayuntamientos que tienen mucha antigüedad, que no se desarrollan.

"El mercado de casas protegidas está muy parado y el decreto ley busca romper esa inercia"

Es un decreto que se aprobó en febrero. ¿Está siendo ya operativo?

Este decreto ley pretende romper la inercia que en estos momentos nos está llevando a un bloqueo. Entonces, establece medidas que dinamizan. Y mi impresión es que unas servirán en unos municipios y otras servirán en otros municipios, porque las realidades insulares son distintas. Pero si eso rompe la dinámica actual, que es que el mercado inmobiliario está muy parado y el mercado de vivienda protegida todavía más, ese es el objetivo, ofreciendo herramientas para que se puedan hacer cosas. Obviamente, eso no va a funcionar en tres meses. Es que el mundo inmobiliario no funciona en tres meses.

¿Cómo se le puede sacar el máximo rendimiento?

Los ayuntamientos tienen que conocerlo, eso está claro, y ahí está la consejería de Vivienda haciendo una labor de explicación por si, por ejemplo, les aparece algún promotor que está dispuesto a terminar un edificio que está inacabado deben saber que existen, más allá de las reglas generales, algunas vías excepcionales para que el promotor construya una parte de vivienda protegida. Ese es el contrapeso del decreto ley, en algunas edificaciones que ya existen, cuyo uso ya no sirve para lo que fueron diseñadas, locales que ya no se alquilaron y ya no están en esa operación o edificios de servicios administrativos que ya no se están utilizando, que se puedan destinar a vivienda. Y lo otro es que actualiza el módulo básico, como un incentivo para ver si los constructores que se fueron a otras actividades vuelven otra vez a colaborar en la construcción de vivienda protegida. Evidentemente, el problema de la vivienda tiene el problema de la renta y ahí está lo de las zonas tensionadas y la ley del Estado.

"El Tribunal Constitucional le ha dado la razón a Galicia en Costas y eso vale para Canarias"

Se han producido manifestaciones multitudinarias en Canarias en contra el actual modelo turístico. ¿Influye la vivienda vacacional en los altos precios del alquiler?

La vivienda vacacional ha sido una garantía de salud para propietarios, para recobrar renta. ¿La vivienda vacacional ha hecho que algunas viviendas de régimen general hayan pasado al sector vacacional? Seguro que sí. Nadie puede decir lo contrario. Creo que en todo caso hay que distinguir entre las viviendas vacacionales en zonas turísticas y las viviendas vacacionales en zonas residenciales. En las zonas residenciales sí hay problemas en algunos sitios de convivencia, porque uno se levanta por la mañana a las nueve con los niños y el otro se acostó a las seis de la mañana. En las zonas turísticas creo que la dimensión es otra. ¿La vivienda vacacional ha afectado a la vivienda residencial? Seguro que sí. Pero no es el único factor, ni mucho menos. El principal factor que más ha afectado ha sido dejar de construir viviendas, no la vivienda vacacional, El primer factor es que en el 2007 construimos 30.000 viviendas en Canarias, y en los últimos diez años, en el año que más se construyeron fueron tres mil, creo recordar.

Los promotores de la manifestación 20A piden la moratoria turística. ¿Tenemos un problema de suelo?

Mire, para construir vivienda hay suelo. De hecho, en el decreto de ley no se toca el suelo rústico. Hay suelo clasificado en las zonas turísticas o en las áreas metropolitanas, y no se han iniciado. El problema es la gestión del suelo y la burocracia a su alrededor.

Cambiando de tercio, usted ha dicho que el Gobierno central retiene competencias en Costas que son exclusivas de Canarias. No se ha llegado a un acuerdo en la comisión bilateral Canarias-Estado, y el Gobierno regional ha decidido ir al Tribunal Constitucional. ¿Qué le parece?

Pues acaba de salir una sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley gallega de Costas que dice que Galicia tiene las competencias. El Estado impugnó su ley ante el Constitucional y resolvió que le da la razón a Galicia. O sea, que eso vale para Canarias, y la balanza parece que empieza a inclinarse de parte de las comunidades autónomas.

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