El alcalde de Güímar apoya que los hoyos se conviertan en una central hidroeléctrica

El alcalde de Güímar, Gustavo Pérez, se muestra partidario de aprovechar las canteras creadas con la actividad ilegal de extracción de árido en los barrancos del municipio para construir la central hidroeléctrica. A la espera de conocer el proyecto definitivo para emitir un pronunciamiento, sostiene que «la Isla necesita una gran infraestructura eléctrica ante la debilidad del sistema actual y la emergencia energética declarada por el Consejo de Gobierno de Canarias el 2 de octubre pasado. Emplazarla en estos hoyos es una buena opción».

Gustavo Pérez es precavido ante la falta de un proyecto definitivo, teniendo en cuenta que, además, sobre la mesa hay dos opciones para desarrollar esta infraestructura. Lo que sí se sabe es qué canteras se utilizarán para la central hidroeléctrica, «pero no dónde estará ubicado el salto de agua», apostilla.

El regidor güimarero advierte de que las actuaciones que se proyecten en los barrancos Badajoz, Los Ríos, Guirres y Guaza o Fregenal deben tener en cuenta y servir de solución a las importantes afecciones que registran los caminos y las fincas en producción –de aguacate, plátano y uvas, sobre todo–. Daños causados tanto durante los casi 40 años de actividad de la extracción de árido como después, «porque la erosión continúa» en un terreno donde existen cinco canteras cuya profundidad se aproxima a los 100 metros, en la mayoría de los casos.

Pero no es el único aspecto que ha de tener en cuenta cualquier obra que se realice en la zona. Gustavo Pérez reclama que también sirva para solucionar la canalización de estos cuatro barrancos «ante la peligrosidad derivada de posibles escorrentías y avenidas».

El alcalde reivindica que «cualquier proyecto debe contar con el Ayuntamiento de Güímar, el municipio que ha sufrido y sufre las consecuencias de abastecer a la Isla del árido necesario para casi toda obra privada y pública realizada durante los últimos 40 años. La sentencia se tiene que cumplir y Güímar ha de ser destinatario de los beneficios de la misma».

El emplazamiento de la central hidroeléctrica de Tenerife queda despejado tras la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que, el pasado 16 de noviembre, desestimó los recursos de los empresarios que extrajeron árido de forma ilegal y les condenó a pagar 185 millones de euros para restaurar el daño causado en Güímar por la extracción ilegal de áridos. La sentencia ratificó, además, que el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife son las administraciones que cobrarán la indemnización.

A la espera

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, asegura que «no hay nada decidido» sobre el futuro uso de estas canteras, pero admite que una de las opciones pasa por construir una central hidroeléctrica de bombeo. «No se trata de lo que le gustaría hacer al Cabildo» sino de «analizar con detenimiento la sentencia» del Tribunal Supremo.

Consciente de que el Cabildo y el Gobierno de Canarias son los beneficiarios de la indemnización y de que la sentencia del Supremo «pone claramente» que se debe impulsar la recuperación ambiental del entorno de los barrancos de Güímar, conoce que «se está trabajando desde hace un tiempo» en construir un proyecto de bombeo hidráulico que ayudará a la estabilización eléctrica de la Isla a través de las energías renovables.

Ante el «déficit» eléctrico que sufre Tenerife, Rosa Dávila entiende que «es muy importante» que se desarrollen proyectos «que permitan el almacenamiento y que no se pierda energía». Por ello, anuncia que los servicios jurídicos del Cabildo estudian la sentencia para, en el plazo de un par de semanas, mantener un encuentro con el consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández, y empezar a tomar decisiones.

El 28 de enero de 2016 y tras un acuerdo con la Fiscalía, los empresarios Antonio Plasencia, José Enrique Morales y Pedro Sicilia fueron condenados por los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente a restaurar el daño causado por sus empresas mediante la ejecución de planes de restauración, que la justicia consideró insuficientes e inejecutables, por lo que ahora deben pagar.