Zapata aboga por la central hidroeléctrica para regenerar las canteras de áridos

El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, aboga por la construcción de la central hidroeléctrica en el Barranco de Badajoz como uno de los proyectos para restaurar y aprovechar las seis canteras de extracción de árido. En esa línea, anuncia que el Ejecutivo regional trabajará con el Cabildo para estudiar cómo recuperar esa zona.

«Una posible solución de la que se ha estado hablando, y que se ha puesto sobre la mesa por Fepeco, podría ser el hidrobombeo, de tal manera que, aprovechando la parte alta con las extracciones de la parte baja se pudieran construir en la zona dos embalses y, con la altura, provocar un salto de agua que con turbinas pudiera generar electricidad», explicó. «Es una solución a futuro, pero es algo en lo que en este momento comenzamos a trabajar, a valorar junto al Cabildo de Tenerife, y veremos si esa solución u otra será la que finalmente decidamos de manera conjunta con el Cabildo», apuntó Hernández.

Esto es posible una vez que el Tribunal Supremo desestimó los recursos de los empresarios Antonio Plasencia y José Enrique Morales, condenados por el caso áridos. La consecuencia es que los industriales tendrán que pagar una indemnización de 185 millones por los daños medioambientales ocasionados con la extracción de áridos en Güímar. Importe determinado por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife en base al peritaje realizado por la Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, valoración elaborada a instancias de dicho tribunal.

«La indemnización debe recaer en la mejora de la zona afectada y en acciones consensuadas»

Gustavo Pérez

— Alcalde de Güímar

Además de la propuesta del hidrobombeo, el consejero de Transición Ecológica admitió que existen «varias alternativas sobre la mesa», si bien consideró que la clave para decidir qué hacer para restaurar los barrancos de Badajoz, Los Ríos, Guirres y Guaza o Fregenal se desprenderá de «sentarnos con el Cabildo Insular de Tenerife, trabajar de manera coordinada y, cuanto antes, ponernos manos a la obra y trabajar sobre las alternativas posibles». El consenso es lo que persigue Mariano Hernández, a pesar de que la Administración competente es el Gobierno de Canarias.

La sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Constitucional consta de 43 páginas y contra ella no cabe recurso. La misma pone punto y final a un proceso iniciado en 2005. Desde entonces, los empresarios Antonio Plasencia, José Enrique Morales y Pedro Sicilia fueron condenados en enero de 2016 a restaurar la zona dañada por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, para lo que se requería un plan de restauración. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial sustituyó, en un auto emitido el 21 de enero de 2021, esta obligación de restablecer el medio natural por indemnización de daños y perjuicios, al declarar la imposibilidad de restaurar el equilibrio ecológico perturbado.

«Veremos si será esa solución u otra la que decidamos de manera conjunta con el Cabildo»

Mariano Hernández

— Consejero Transición Ecológica

La indemnización que deben pagar los empresarios condenados la percibirán el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife, según la sentencia del Tribunal Supremo. Esto supone que mantiene la exclusión del Ayuntamiento de Güímar entre los beneficiarios. Al respecto, el alcalde del municipio, Gustavo Pérez, anunció ayer que el gobierno municipal «analizará esta sentencia con su gabinete jurídico».

Pérez tiene claro que «Gobierno de Canarias y Cabildo son conocedores de la situación actual de la zona y quienes presiden ambas instituciones «son sensibles a la situación de nuestro municipio». El regidor sostiene que, al margen de que la sentencia deja fuera al ayuntamiento como beneficiario directo, «la indemnización debe recaer en la mejora de la zona afectada y en acciones consensuadas que repercutan en sectores productivos sostenibles presentes y futuros. Así se lo hemos trasladado a ambas administraciones».