Familias del edificio Tabaiba, en la calle Isla de La Graciosa de San Isidro (Granadilla de Abona), dicen estar más preocupadas en la actualidad por disponer de un plazo prudente para encontrar una vivienda alternativa que por la posible llegada de efectivos de la empresa Desokupa, contratada por la propiedad para el desalojo del inmueble, según la misma. «La gente está pasando, porque lo que les interesa, ahora mismo, es que les den un plazo para encontrar dónde vivir, que es lo que queremos desde el principio, no que les echen a la calle como a perros», señalan desde los colectivos que apoyan a los vecinos.
En el inmueble residen 48 familias en calidad de okupas, muchas desde hace más de una década. La propiedad reclama su devolución y emprendió las acciones legales para ello. Los primeros siete juicios por usurpación tuvieron lugar el pasado martes y los próximos están fijados para junio. Sin embargo, el día 4 se registró una intervención de la empresa Desokupa, que dice haber sido contratada por la propiedad para desalojar el edificio. Hecho que no se materializó, si bien, y con el argumento de que su peso supone un peligro para la estabilidad del inmueble, el dispositivo vació los depósitos de agua ubicados por los okupas en la azotea. Asimismo, rompieron varias placas solares colocadas por los vecinos, según estos, y sustituyeron puertas de acceso a la azotea, alguna de ellas retirada por los residentes. La situación derivó en insultos, amenazas y acusaciones que dieron lugar a denuncias cruzadas. Desokupa advierte, a través de redes sociales, que retornará para terminar el trabajo contratado.
Los vecinos del edificio Tabaiba destacaron ayer el papel actual del Instituto Canario de la Vivienda, del Gobierno de Canarias. «Se han implicado en buscar una solución y dar respuestas a los vecinos. Prácticamente, ha obligado al Ayuntamiento a emitir los informes de vulnerabilidad para que puedan tener el tiempo que requieren para encontrar un alojamiento alternativo al precio que pueden pagar», explican.
«El Ayuntamiento ni nos ha escuchado, no está ni se le espera», si bien el gobierno municipal dice no ser competente en Vivienda y que su papel es trasladar las demandas desde Servicios Sociales al Gobierno de Canarias.
