Siete de las 48 familias que okupan el edificio Tabaiba, situado en el número 42 de la calle Isla de la Graciosa (San Isidro, Granadilla), declararon ante el juez como investigadas por presunta usurpación de la vivienda que habitan. Es un proceso que se extenderá a todos los ocupantes de este inmueble, en el que viven desde hace más de una década la mayoría de los afectados, según comentan. Los juicios quedaron vistos para sentencia, que los afectados esperan conocer el próximo martes.
El Sindicato de Inquilinas de Tenerife (SIT), que forma parte del grupo de colectivos que acampan y apoyan a estos vecinos, se mostró «muy esperanzado y confiado» en que alcancen su objetivo de permanecer en las viviendas, a las que accedieron de forma ilegal, con el aval de un pronunciamiento judicial.
Hace dos semanas que los más de 150 vecinos de este edificio –entre los que se encuentran unos 40 menores– carecen del servicio de abastecimiento de agua. Lo suplen con garrafas que llenan con agua desde el camión cisterna que la transporta hasta el lugar para garantizar este suministro, después de que hace dos semanas fueran vaciados y desconectados los depósitos que los residentes colocaron en la azotea. Una acción desarrollada por la empresa Desokupa, especializada en desalojos, protagonista de polémicas durante los últimos años y contratada por la propiedad para recuperar el edificio, según comentan.
En el operativo de desalojo impulsado por la propiedad, según expone en sus redes sociales Daniel Esteve en calidad de responsable de dicha empresa, no se ha completado. Anuncia el retorno a la Isla con un equipo de unas 40 personas para culminar una tarea en la que, afirma, ya cuenta con 11 vecinos que han firmado su marcha voluntaria a cambio de dinero. En la misma comunicación, Esteve confirma la presentación de denuncias a vecinos y al Sindicato de Inquilinas de Tenerife «por calumnias, injurias y demás».
El pasado día 4, un grupo de miembros de Desokupa intentó un desalojo a iniciativa del propietario. Accedieron por la azotea, colocaron una puerta blindada y «rompieron varias placas solares, además de desconectar los tanques de agua», señalan los afectados. Asimismo, las plataformas que defienden a estas familias recuerdan que llegaron a vivir a este edificio hace diez años «con la autorización del Ayuntamiento de Granadilla de Abona al ser personas en situación de vulnerabilidad». Además, «invirtieron en el edificio», pues se encontraba en pésimas condiciones. Critican que el Ayuntamiento, en vez de ofrecerles un alquiler social, «decide vender las viviendas a un fondo buitre extranjero con ellas dentro».
Insisten en que «ya hay un procedimiento judicial abierto y debe ser un juez quien decida si estas personas deben seguir viviendo aquí». En los próximos días se celebrarán más juicios por presunta usurpación.
