Familias del edificio Tabaiba denuncian a Desokupa por entrada ilegal y agresión

Las familias implicadas han denunciad esta actuación «por diversas ilegalidades» además de «no contar con autorización alguna». La empresa advirtió de que el pasado lunes llegarían refuerzos para proceder al desalojo, lo que no ha ocurrido hasta el momento. Pese a ello, «nos mantenemos vigilantes ante cualquier novedad» explican los residentes.

Estas fuentes añaden que «estamos aportando documentación a los servicios sociales del Ayuntamiento de Granadilla así como al Instituto Canario de la Vivienda». La novedad «positiva» es que estos días ha pasado una cuba de agua municipal que «nos ha permitido llenar las garrafas para beber y poder asearnos».

Cansancio.

Insisten en «el enorme cansancio» de las familias, unas 150 personas, medio centenar de ellas menores de edad, que ocupan el Edificio Tabaiba. «Esta guerra dura ya siete días y los niños no quieren ir al colegio porque piensan que cuando vuelvan ya no estará la familia en la casa». Valoran que «algunos tanques costaron a personas vulnerables, algunas de las cuales ya no cobran nada, más de 70 euros y los han roto como las puertas de entrada de los cuatro portales». E cuanto a la puerta antiokupa colocada «nos han dicho que no hagamos nada hasta que se produzca juicio». De momento queda fijada la fecha del próximo día 17 para el desalojo de algunos inquilinos del inmueble. Se presume que esta vez con una orden judicial.

Otro dato. Desde el lado de los okupas señalan que «solo tenían un documento del Ayuntamiento que les autorizaba a revisar el estado de los tanques por un supuesto peligro de derrumbe. Nada más». Daniel Esteve, representante de Desokupa, ha señalado en redes sociales que había «más de 18.000 kilos de peso (el de los tanques) sobre los tejados, lo cual hace peligrar la estructura».

Argumentos.

Las plataformas que defienden a estas familias recuerdan varios de sus argumentos. Por ejemplo que llegaron a vivir a este edificio hace diez años «con la autorización del Ayuntamiento al ser personas en situación de vulnerabilidad». Además, «invirtieron en el edificio», pues se encontraba en pésimas condiciones. Critican que el Ayuntamiento, en vez de ofrecerles un alquiler social, «decide vender las viviendas a un fondo buitre extranjero con ellas dentro». Insisten en que «ya hay un procedimiento judicial abierto y debe ser un juez quien decida si estas personas deben seguir viviendo aquí». Otro argumento: «Si un fondo buitre compra en San Isidro, el resultado es que aumentarán los precios del alquiler». Recuerdan que «en Canarias hay 150.000 viviendas vacías a manos de fondos buitre y de bancos, y una lista de espera para vivienda pública de casi 18.000 personas». Califican de «increíble y doloroso» que se juzgue mal a estas familias «cuando ni siquiera las conocen ni se han molestado en averiguar que pasa». Apelan a la situación de los 50 niños si se quedan en la calle. Subrayan que «llevan una semana sin agua, un derecho fundamental e innegable por ley».

El Ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Granadilla recalca que se trata de «una propiedad privada». Recuerda que lo que le compete es «la evaluación de los casos de familias vulnerables», lo que hace junto al junto al Instituto de la Vivienda «área en el que no tenemos competencias», Su obligación es «trasladar las demandas desde Servicios Sociales al Gobierno de Canarias».

Sí Podemos Canarias.

«Cumplir con el acuerdo para paralizar los desahucios sin alternativa habitacional». Lo exige el grupo de Sí Podemos Canarias, que apoya de forma externa al gobierno, en el Cabildo de Tenerife. El consejero David Carballo muestra el apoyo «a las 48 familias en riesgo de desahucio en San Isidro» y pide que se investiguen «los métodos violentos y las amenazas empleadas por una organización privada que pretende intimidar a las familias».