La empresa Desokupa trató de desalojar a las 46 familias que residen en un edificio de la calle Isla de La Graciosa de San Isidro, en Granadilla de Abona. Un equipo intervino durante los últimos tres días y accedió al inmueble a través de uno de los portales hasta la azotea, donde sustituyeron la puerta por otra antiokupa, «rompieron varias placas solares y desconectaron los tanques de agua», según los afectados, dejando a los vecinos sin abastecimiento potable y, de forma parcial, sin energía eléctrica.
David Esteve, responsable de la empresa y protagonista de polémicas en la Península, asegura que «había riesgo de colapso» por la presencia de 180 toneladas de agua almacenada en la azotea. A través de su cuenta social informa de que la documentación para el operativo fue presentada «vía online» ante el Ayuntamiento, que la intervención se hizo en presencia de Guardia Civil y Policía Local, que «la propiedad» optó por ofrecer un alquiler social de 450 euros al mes por vivienda y que «habían firmado acuerdos de salida once familias», a los que ofertaron 1.500 euros por piso para un alquiler provisional en otro lugar.
El mismo Esteve dice haber denunciado presuntas agresiones al cámara del equipo y amenazas a los vigilantes que dejaron en el edificio y que tuvieron que abandonar sus puestos de trabajo. Desde Madrid, ayer advirtió de que volverá con un equipo de 40 personas: «Ahora os vamos a desocupar sí o sí. Eso os lo puedo garantizar», afirma en un vídeo.
El Ayuntamiento de Granadilla de Abona dice tener constancia de la intervención solo por una comunicación de la empresa, mientras que el juzgado desconoce esta situación, aseguran los vecinos y colectivos que los apoyan.
Los afectados son más de 150, entre los que predominan menores y mayores y que configuran familias que perciben el ingreso mínimo vital, están en ERTE, desempleados y/o en situación de vulnerabilidad. Residen en este edificio desde el inicio de la crisis de 2007 como okupas, «con permiso verbal de quienes gobernaban entonces en Granadilla, pero han hecho todo para adecuar y dotar el inmueble». Sostienen que quieren regularizar la situación y pagar un alquiler social, «pero hasta ayer el edificio no tenía dueño reconocido, que sepamos. Este mes habrá algún juicio por usurpación y el denunciante es un rumano, que se personó como supuesto titular».
