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El Gobierno de Canarias solicita que los casos de violencia machista de Puerto de la Cruz no se trasladen en Santa Cruz

La Consejería de Justicia se suma a la demanda del Ayuntamiento portuense para evitar que los casos de violencia sobre la mujer se tramiten en juzgados de Santa Cruz

Juzgados de Puerto de la Cruz El Día

El Gobierno de Canarias respalda al Ayuntamiento de Puerto de la Cruz y solicita al Ministerio de Justicia del Gobierno de España que no obligue a las víctimas de violencia machista de Puerto de la Cruz a trasladarse hasta los juzgados de Santa Cruz de Tenerife para dar trámite a sus procesos judiciales. La viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carla Vallejo, detalla a EL DÍA que en Canarias existe una postura prácticamente unánime en todos los estamentos implicados en contra de que los casos de violencia contra la mujer de este municipio pasen a depender de un partido judicial ubicado a unos 38 kilómetros. Lo que se defiende es que estos asuntos se sigan abordando sin salir del Valle de La Orotava.

«Se ha dado audiencia a todas las administraciones que estamos interesadas, que tenemos competencias en justicia, para que aportemos cuál sería, a nuestro juicio, la mejor opción para atender a las víctimas de violencia sobre la mujer. En nuestro caso, tanto la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) como el propio Gobierno de Canarias entendemos que en el caso de Puerto de la Cruz la solución no es trasladar los procedimientos a Santa Cruz de Tenerife, sino que la mejor atención de las víctimas se produciría con la unificación de los partidos judiciales de Puerto de la Cruz y de La Orotava», subraya Vallejo.

Esta unificación, defendida también por las autoridades políticas y los operadores judiciales, permitiría, según resalta Vallejo, «contar con ocho juzgados» en el Valle de La Orotava, de los que uno podría ser exclusivo de violencia sobre la mujer o, al menos, uno de instrucción con violencia de género. «Esa es la posición que va a mantener el Gobierno de Canarias y la que va a trasladar al Ministerio de Justicia, en la línea de lo manifestado por los operadores jurídicos, la propia justicia canaria o las autoridades municipales», resalta Vallejo.

Para la viceconsejera regional, «la unificación de los partidos judiciales es una propuesta a medio plazo, pero es perfectamente viable que durante un tiempo no haya una única sede (el futuro palacio de justicia), como ya ocurre en otros partidos juidiciales. Sin embargo, esta unificación sí ofrece ventajas organizativas en cuestiones como el servicio de guardias o la organización de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, para las que resulta complejo atender dos partidos judiciales que se encuentran tan próximos entre sí, con dudas de competencias, guardias solapadas y otros problemas que generan disfunciones en el servicio».

Respecto a la posibilidad de que esta polémica medida se aplique a corto plazo, Carla Vallejo aclara que «aún es pronto para decirlo, pero dada la opinión que se ha expresado desde Canarias, creemos que el Ministerio de Justicia del Gobierno de España entenderá que trasladar esas competencias en violencia sobre la mujer desde el municipio de Puerto de la Cruz hasta Santa Cruz de Tenerife generaría para las víctimas más perjuicios que beneficios. No sería bueno ni para los derechos de las víctimas ni a nivel operativo. Nuestra interlocución con el Ministerio de Justicia es muy buena y confiamos en que atiendan a esta posición, que es la mayoritaria en Canarias, por no decir la unánime».

Carla Vallejo advierte de que el traslado a la capital generaría más perjuicios a las víctimas

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La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) celebrada el pasado 31 de marzo propuso al Ministerio de Justicia que los casos de violencia sobre la mujer en el municipio de Puerto de la Cruz, o de personas residentes en esta localidad, pasen a tramitarse en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Santa Cruz de Tenerife, en el Palacio de Justicia de la avenida Tres de Mayo. Esta propuesta no ha encontrado buena acogida en la ciudad turística y el PP, que fue el primer partido que mostró su rechazo, advertía de que «no se ha tenido en cuenta que el Partido Judicial de La Orotava cuenta con un juzgado especializado que, si bien no es de competencia exclusiva, sí que la tiene para atender a las víctimas de violencia sobre la mujer desde San Juan de La Rambla hasta La Matanza de Acentejo, por lo que no parece ni razonable ni coherente que las de Puerto de la Cruz, en lugar de ser atendidas en La Orotava, tengan que desplazarse hasta Santa Cruz de Tenerife». Un traslado que desde el Partido Popular consideran que «va totalmente en contra de los intereses de la ciudadanía y, en especial, de las mujeres víctimas de violencia, ya que parece evidente que se perjudicará a las que deberán trasladarse hasta Santa Cruz de Tenerife».

Acuerdo plenario unánime

El Pleno del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz aprobó el pasado lunes por unanimidad una propuesta del Partido Popular para instar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a que «reconsidere su postura de que los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Santa Cruz de Tenerife sean los competentes para conocer los asuntos de tal naturaleza acaecidos en Puerto de la Cruz»; comunicar al Ministerio de Justicia, así como a la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, «la firme oposición del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz a que se haga efectiva la medida propuesta por el CGPJ», e instar a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias a que realice las gestiones que fueran oportunas para que dicha medida no se lleve a cabo. Salió adelante con el apoyo de PP, PSOE, ACP y CC

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