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Puerto de la Cruz rechaza que las víctimas del machismo tengan que ir a los juzgados de Santa Cruz

PP, PSOE, ACP y CC coinciden en oponerse a que los casos portuenses de violencia de género se juzguen en la capital, a unos 38 kilómetros de distancia

Los juzgados de Primera Instancia e Instrucción Número 1 y 2 de Puerto de la Cruz Carsten W. Lauritsen

El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz rechaza que las víctimas de violencia de género en la ciudad turística tengan que desplazarse hasta los juzgados de Santa Cruz de Tenerife para ser atendidas. PP, PSOE, ACP y CC coinciden en oponerse al acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), del pasado 31 de marzo, que ha propuesto al Ministerio de Justicia que los casos de violencia sobre la mujer en este municipio se tramiten a partir de ahora a 38 kilómetros de distancia, en el Palacio de Justicia de la capital tinerfeña.

El PP ha mostrado públicamente su «oposición rotunda» a que «los asuntos relativos a la violencia sobre la mujer acaecidos o con víctimas con domicilio en Puerto de la Cruz sean conocidos por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Santa Cruz de Tenerife». Un traslado que consideran que «va totalmente en contra de los intereses de la ciudadanía y, en especial, de las mujeres víctimas de violencia, ya que parece evidente que se perjudicará a las que deberán trasladarse hasta Santa Cruz para estar a primera hora, debiendo soportar, no sólo las enormes retenciones de la TF-5, sino también, en muchos de los casos, tendrán que buscar medios para desplazarse hasta esos juzgados. Que, además, no se caracterizan por tener los mejores medios para las víctimas, y se verán absolutamente sobrecargados de trabajo, ya que también se propone que asuman los asuntos de los partidos judiciales de La Laguna y Güímar».

Desde el PP se afirma que esta medida, «en lugar de contribuir a disminuir la afección psicológica, supondrá una carga mayor que se le va a imponer a quien ya tiene serias dificultades para denunciar. Esto supondría empeorar la doble victimización o victimización secundaria, ya que no es únicamente el problema del desplazamiento, sino que se alejaría a las víctimas de aquellas instituciones que podrían prestarle apoyo, como los Servicios Sociales Municipales o, incluso, la policía.

Los populares creen que esta decisión irá en contra de los intereses de las mujeres afectadas

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El PP ha formulado una propuesta para que el Ayuntamiento portuense inste al CGPJ a reconsiderar su postura y comunique su firme oposición a esta medida al Ministerio de Justicia, al Tribunal Superior de Justicia de Canarias y al Gobierno de Canarias. También recuerda que «no se ha tenido en cuenta que el Partido Judicial de La Orotava cuenta con un juzgado especializado que, si bien no es de competencia exclusiva, sí que la tiene para atender a las víctimas de violencia sobre la mujer desde San Juan de La Rambla hasta La Matanza, por lo que no parece ni razonable ni coherente que las de Puerto de la Cruz, en lugar de ser atendidas en La Orotava, tengan que desplazarse hasta Santa Cruz de Tenerife».

El Gobierno portuense alerta de que alejar la justicia será un obstáculo para las denuncias

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El Gobierno portuense (PSOE- ACP), señaló jueves 21 de abril de 2022 a EL DÍA que existe un acuerdo con el PP para que este asunto se lleve al próximo pleno como una moción institucional, con el respaldo también de CC. A su juicio, «es imprescindible tener en cuenta la insularidad, así como las características territoriales, geográficas y la escasez y deficiencias de la red de transporte público de la isla, que hacen que no sea posible equiparar a Tenerife y las distancias existentes entre el Norte y la capital con otros territorios». También se rechaza que la interpretación del CGPJ en el citado acuerdo cuando señala que «alejar a la víctima del lugar donde se cometieron los hechos puede ayudar a disminuir la afección psicológica». PSOE y ACP alertan de que «alejar a la víctima de su entorno, de las redes de apoyos sociales, familiares y profesionales, y trasladarlas a un entorno desconocido y masificado, no contribuirá a disminuir esa afección, sino que podría resultar contraproducente por suponer para la víctima un coste emocional, económico y de tiempo importante. Unas dificultades para conciliar que, en muchos casos, llevarán a las víctimas a desistir de sus denuncias o de continuar con las acciones legales».

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