Condenado el exjefe de Protección Civil de La Palma por falsedad y cohecho

Un jurado popular ha considerado al exjefe de Protección Civil de Santa Cruz de La Palma F. F. P. M. culpable de un delito de cohecho y de falsificar dos documentos en los que se certifican el cumplimiento de las penas de servicios a la comunidad.

El otro acusado y miembro de esta unidad, E. J. T. F., fue declarado no culpable de cobrar sobornos por el que fue procesado tras recibir un sobre con 1.600 euros cuyo pago habría sido exigido por el entonces mando a cambio de permitir la celebración de un rally en septiembre de 2019.

Al primero se le atribuían cinco delitos, de los que tres eran cohechos y dos falsedad documental y el segundo de uno de sobornos del que ha sido absuelto.

Durante el juicio que ha tenido lugar esta semana fueron tres los casos que la Fiscalía ha puesto sobre la mesa y que podrían suponer cobros indebidos; uno se corresponde a una joven cuyo exnovio consiguió que no hiciera ninguna hora de las 48 obligatorias a la que había sido condenada sin que sepa si fue a cambio de algo.

El otro el de un hermano de éste que entregó seis pares de botas por valor de 300 euros para librarse de cumplir la pena.

Además, al exjefe se le atribuía haber obligado a los organizadores de un rally a pagar 1.600 euros para que no fuera suspendido y de utilizar al otro acusado para que lo cobrara.

Testigos de este supuesto soborno fueron dos exconcejales de la capital palmera, quienes vieron como el segundo procesado recogía el sobre en el que pensaba que había documentos, según declaró, mientras que el primero se mantenía fuera del hotel.

Durante la vista varias personas manifestaron que a lo largo de los años F. F. P. M. recibió de forma irregular diversos regalos como electrodomésticos y usó con fines particulares el coche de Protección Civil.

Según los testimonios ofrecidos durante el juicio, también habría permitido que los miembros de este cuerpo utilizaran tarjetas de gasolina y de comidas a cargo del Ayuntamiento o cobraran entre 30 y 50 euros por prestar servicios siendo voluntarios.

Hechos que eran conocidos por los miembros del grupo de gobierno quienes tardarían dos años en cesar al acusado, después de hacerle un homenaje en 2021, según manifestaron dos ediles.

En el escrito de Fiscalía se solicitaba para el exmando cinco años de prisión, 3.600 euros de multa e inhabilitación durante 11 años por el supuesto cobro de sobornos.

Una vez que el Jurado ha determinado la culpabilidad, ahora será el magistrado quien fije la pena que será recurrible ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y el Supremo.