Juicio

"Pasamos por encima de ella y no la vimos", dicen los guías de la niña madrileña ahogada en el río Cares

Los monitores admiten que carecían de la titulación para bajar aguas bravas y que desconocían el protocolo de salvamento

El responsable del campamento sostiene que les dijeron que la actividad no era peligrosa y niega que otra menor casi se ahogase en 2018

Los acusados en el banquillo.

Los acusados en el banquillo. / LUIS ÁNGEL VEGA

Luis Ángel Vega

Confuso inicio del juicio por la muerte de una niña madrileña de 14 años que se ahogó al quedar atrapada en un sifón del río Cares, mientras hacía una actividad de canoa-raft junto a otros compañeros del campamento Castillo de Layos de Comillas, el 3 de julio de 2020. "No sabíamos que había riesgo de atrapamiento", aseguró el propietario de la empresa de aventura Canoe Trophy, Jesús Madrazo, al que habían subcontratado esta actividad, a través de un intermediario, H2O. Sin embargo, al pasar por el "Monolito", una gran roca que parte en dos el río –el lugar donde murió Ana–, había que tomar precauciones: las canoas debían pasar despacio, de una en una y por la derecha.

El grupo estaba formado por 18 adolescentes, más dos monitores de tiempo libre del Layos Camp, más otro cliente que fue con su hija de ocho años. Todos ellos quedaron a cargo de tres trabajadores de Canoe Trophy que admitieron este lunes ante la magistrada María Paz González-Tascón, titular del Juzgado de lo penal número 3 de Oviedo, que carecían de la titulación para bajar aguas bravas. Tampoco tenían nociones de primeros auxilios: uno hizo un curso online, y desconocían el protocolo en caso de accidente. Alfredo Gutiérrez, que acababa de ser contratado –verbalmente–, había bajado el río como usuario. Borja Berdial, conocía un poco más el río porque es pescador. Gustavo Sáiz, el más experimentado, había bajado con clientes, pero en grupos pequeños. Era la primera vez que iba de guía.

Sáiz abría el grupo. Decidió ir con la niña de ocho años, porque no veía al padre de la pequeña muy ducho. Tras pasar el "Monolito", se quedó en un remanso para vigilar que todos salían con bien. Sin embargo, una canoa golpeó la suya y lo expulsó fuera. Vio por el rabillo del ojo cómo volcaba una de las canoas. Cuando pudo volver, se esforzó por ayudar a dos de los niños que habían caído al agua.No vio cómo volcaba la canoa de la fallecida y su compañera. Ésta fue ayudada por otro menor. Tampoco vieron cómo se sumergía los otros «monitores» que iban detrás. "Pasamos por allí, pero no vimos nada", aseguraron. Cuando se reunieron unos 300 metros más abajo, preguntaron si faltaba alguien. "La propia compañera de la menor dijo que no faltaba nadie, y un monitor de Layos dudó que hubiese acudido a la actividad, porque le dolía la barriga", aseguró Sáiz. Pero al final sí que la echaron de menos y se produjo el pánico. Había pasado entre ocho y diez minutos vitales.

Sáiz buscó desesperadamente a la menor. Regresó al "Monolito" y creyó ver a la niña. Se lanzó cinco o seis veces a la grieta y trató de cogerla, sin éxito. Intentaron llamar, pero no había cobertura. Decidieron completar el recorrido para pedir ayuda. Desconocían que allí mismo había un camino para subir a la carretera de Las Arenas a Panes (AS-114), que quizá hubiese agilizado la llegada de las emergencias. Los Bomberos se negaron a entrar a por la menor, tan peligroso era el sifón. Fue precisa la actuación de los GEAS.

Madrazo aseguró que creía que no había riesgo, ya que los menores hacían actividades de surf y estaban acostumbrados a los vuelcos. Indicó que, en su opinión, la dificultad del punto en el que se produjo el fatal accidente es de grado II (iniciación), pero un perito sostiene que es de grado III (corrientes rápidas y con fuerza). Madrazo trató de dejar claro que su empresa estaba radicada en Cantabria, donde los requisitos son más laxos para este tipo de empresas que en Asturias. Y aseguró que, aunque no está titulado en descenso de aguas bravas, sí lo está en piragüismo.

La fiscal acusa a Madrazo y los "monitores" de homicidio imprudente, y les pide cuatro años de cárcel. La acusación particular, ejercida por los padres de la niña fallecida, bajo la dirección letrada de Gonzalo de la Torre, solicita tres años de prisión para Madrazo, y un año para sus trabajadores. E incluye a un quinto acusado, Pelayo de Gregorio, responsable del campamento de Comillas. Éste aseguró que, para programar sus actividades, confiaban en profesionales, como la empresa H2O. "Nos dijeron que no era peligroso. Informábamos a los padres de las actividades. Nunca hubo un accidente hasta el de la fallecida", dijo. Y negó que una menor que se hirió en una pierna en un descenso en 2018 le dijese que casi se había ahogado.