El TSJC demanda la creación de siete nuevos juzgados para evitar colapsos

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) demanda la creación de siete nuevos juzgados, además de la entrada en funcionamiento de varios de los ya creados en 2022 y 2023, dieciséis en total, para evitar el bloqueo en el funcionamiento de la administración de Justicia. Así se contempla en la Memoria de dicha institución, que fue presentada en la jornada de ayer por parte de su presidente, Juan Luis Lorenzo Bragado. El documento recoge que Canarias es la comunidad donde más se pleitea. Posee la tasa de litigiosidad más alta de España por cuarto año consecutivo, que supone 188,6 asuntos por cada 1.000 habitantes, según expuso.

Lorenzo aseguró que la Sala de Gobierno se reafirma en su compromiso de rendir cuentas y trasladar a la opinión pública y, por tanto, a la ciudadanía, qué es lo que ha hecho el Poder Judicial en las islas durante el año pasado y también poner de manifiesto lo que necesitan los juzgados y tribunales, «lo que demandamos a las administraciones» públicas competentes «para que los órganos judiciales puedan desempeñar correctamente su cometido constitucional, es decir, dispensar la tutela judicial efectiva».

El presidente del TSJC recordó que en el año 2023 el Archipiélago recibió más de 16 millones de turistas internacionales, lo que el 16 por ciento de la población residente, según los datos de Promotur. Para Lorenzo Bragado, ese dato debería obligar a las autoridades a replantearse sobre qué parámetros se han de dimensionar las necesidades de la Administración de Justicia; es decir, no se puede atender sólo a la población de derecho, sino también a la de hecho.

Más de 417.000 asuntos

Los 211 órganos judiciales existentes en la Comunidad Autónoma registraron el pasado año 417.539 asuntos, un 5,9 por ciento más que en el 2022. Además, resolvieron 380.394 casos, un 1,3 por ciento más que en el ejercicio previo, y quedaron pendientes 211.189, un 20,3% más que el año antes.

El análisis comparativo entre la resolución de asuntos judiciales en el Estado y en la comunidad autónoma de Canarias revela que durante el pasado año los órganos judiciales isleños fueron un 14,6% más resolutivos que la media nacional, según el resumen de la Memoria ofrecido por el Gabinete de Prensa del TSJC.

En la jurisdicción Civil aumentó la entrada de asuntos un 8,5 por ciento y, a la vez que se resolvieron más casos, también aumentó la pendencia (casos pendientes).

En el ámbito Penal subió la entrada un 4,5 por ciento. La resolución subió un 3,5% y la pendencia se incremento un 10,8%, según la Memoria.

La pendencia

En la jurisdicción Social bajó la entrada de asuntos un 1,3 por ciento, se redujo la resolución en un 11% y la pendencia se elevó en un 16%.

En el ámbito contencioso-administrativo, los casos que entraron subieron un 8%, se redujo la resolución un 8,9 por ciento y la pendencia subió un 15%. Una de las conclusiones de la memoria es el alto nivel de rendimiento de los órganos judiciales de Canarias, que está demostrado por la alta tasa de sentencias dictadas, lo que demuestra el esfuerzo y dedicación de los jueces y magistrados, así como de todo el personal al servicio de la Administración de Justicia.

La judicatura de Canarias consiguió durante el 2023 la media anual más alta de sentencias dictadas por un juez de todo el país (322), mientras que la media nacional es de 277.

Éxito ante el Supremo

A ese dato se añade que el Archipiélago presenta el mejor registro de resoluciones judiciales confirmadas por el Tribunal Supremo, que alcanza el 99 por ciento, el nivel más alto de España, según explicó Juan Luis Lorenzo Bragado.

También se aprecia en las conclusiones un incremento de los asuntos que quedaron pendientes, que subió un 20,3 por ciento en 2023, y que ya en 2022 había crecido otro 11 por ciento.

Promesas incumplidas

En opinión del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, estas cifras demuestran que en Canarias hacen falta más órganos judiciales. En el 2022 se crearon cinco unidades judiciales, de las que en la actualidad siguen sin entrar en funcionamiento tres. Se trata de un juzgado de Primera Instancia e Instrucción en Granadilla de Abona y otros dos en el partido de San Bartolomé de Tirajana. Tampoco han abierto otros seis juzgados creados en el 2023, en referencia a nuevos juzgados de Primera Instancia en La Laguna, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y Arrecife, así como uno de Violencia Sobre la Mujer en Las Palmas y un nuevo órgano judicial en Puerto del Rosario. Con independencia de dichos órganos, el TSJC reclama este año como prioridad acuciante la creación de, al menos, otras once unidades judiciales.

En el caso de Tenerife, la Sala de Gobierno solicita un juzgado de Primera Instancia y otro de lo Contencioso-Administrativo para Santa Cruz de Tenerife; un juzgado de Primera Instancia e Instrucción en Güímar, así como una plaza en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias con sede en Santa Cruz de Tenerife, y una plaza en las secciones civiles de la Audiencia Provincial.

Tres órganos en Gran Canaria

Para Gran Canaria se solicitan un juzgado de Primera Instancia y un juzgado de lo Social en Las Palmas, un juzgado Primera Instancia en Telde y otro de Primera Instancia e Instrucción en Arucas. Además, se piden dos plazas en las secciones civiles de la Audiencia Provincial.

De los 211 órganos judiciales existentes en el Archipiélago, 118 superaron el 130 por ciento del módulo de entrada, que es el parámetro señalado como aceptable por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Refuerzos

El 100% del módulo de entrada constituye el número de asuntos que un órgano judicial puede abordar con normalidad a lo largo de un año. Todo lo que supere ese porcentaje implica sobrecarga y puede comprometer el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, en referencia al derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. Superar el 130 del módulo de carga aconseja que haya medidas de refuerzo o crear nuevos órganos judiciales.

En opinión del presidente del TSJC, especialmente preocupante resulta la situación en los juzgados civiles, con una media del 232 por ciento. Los juzgados de lo Mercantil superan el 160 por ciento; los sociales, más del 156%, y los mixtos, sobrepasan el 157%.

Dentro de los órganos colegiados, llama la atención la situación de las secciones civiles de las audiencias provinciales. Por ejemplo, en la de Santa Cruz de Tenerife se llega al 191% del módulo de entrada, mientras que en la de Las Palmas se alcanza el 246%. En la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en Santa Cruz de Tenerife la sobrecarga llega al 138 por ciento.

Cambios en la organización

Considera el TSJC que no basta con crear nuevos juzgados, sino que resulta necesario introducir cambios en la organización. En la presentación de la Memoria se explicó que el Real Decreto 6/2023 introdujo avances en el ámbito de la justicia digital y algunos retoques procesales, pero falta la gran reforma organizativa de la Justicia. Además, la Sala de Gobierno del TSJC demanda cambios en la demarcación judicial. De forma concreta, pide que se materialice la comarcalización de la violencia sobre la mujer; la unificación de los partidos judiciales de La Orotava y el Puerto de la Cruz, para la que existe consenso, y que se aborde sin prejuicios la propuesta de unificación de los partidos de Arona y Granadilla de Abona, que se estima como la única solución para la viabilidad de este último, «que se halla en estado de colapso absoluto».

También demanda el Tribunal Superior de Justicia de Canarias nuevas y mejores infraestructuras judiciales, pues el año 2023 transcurrió sin avance alguno. La Sala de Gobierno cree que resulta prioritario un plan de infraestructuras a medio y largo plazo, con compromisos de inversión por parte del Gobierno de Canarias, «como hemos visto recientemente en otras comunidades, como Andalucía y Madrid».

Nuevos edificios

En el Archipiélago hacen falta nuevos edificios en los partidos de Santa Cruz de Tenerife, Puerto del Rosario, Santa Cruz de La Palma, Los Llanos de Aridane, Granadilla de Abona, San Bartolomé de Tirajana y La Orotava-Puerto de la Cruz.

En cuanto a las nuevas tecnologías, el TSJC requiere a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia que aporte doble pantalla de ordenador en todos los puestos de trabajo; dispositivos PDA que permitan la incorporación de la firma biométrica; equipos en todas las salas de vistas que permitan exhibir y digitalizar documentos, así como un número suficiente de escáneres en todas las oficinas judiciales.

Envíos telemáticos

Otras demandas consisten en remover los obstáculos que impiden la remisión telemática de atestados y, en general, las comunicaciones con todas las administraciones, así como procurar la mejor formación en el correcto uso del sistema de gestión procesal Atlante Web.

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