En peligro la terapia de 60 personas con trastornos alimentarios por los recortes

«No a los recortes sin medida a una enfermedad no atendida». Bajo este lema, una marea azul compuesta por más de un centenar de personas partió este martes desde la sede del Gobierno de Canarias, en la capital grancanaria, para protestar por el recorte presupuestario al que se enfrenta la Asociación Gull-Lasègue para el Estudio y Tratamiento de la Anorexia y la Bulimia en Canarias, pues la situación pone en peligro el tratamiento de 60 pacientes que en la actualidad reciben asistencia en el centro. Así lo puso de manifiesto este martes la directora de la citada entidad, Julia Castellano, durante una manifestación que finalizó su recorrido a las puertas de la Consejería de Sanidad. 

Y es que el Servicio Canario de la Salud (SCS) ha reducido este año en 50.000 euros la partida que destina a la organización. ¿El objetivo? Igualar las subvenciones que perciben los dos colectivos dedicados al abordaje de los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) en las dos provincias canarias. «Hemos pasado de contar con 200.000 euros a disponer de 150.000. Si no tenemos el dinero necesario, ¿qué pasará con estos pacientes?», cuestionó Castellano.

Tal y como explicó la misma fuente a este medio en febrero, fue el 23 de enero cuando la consejera de Sanidad del Ejecutivo autonómico, Esther Monzón, informó a la asociación sobre la causa que había influido en este recorte, tras haber prometido con anterioridad que la cuantía anual iba a permanecer invariable. Para solucionar el conflicto, la organización y la titular de la sanidad canaria acordaron un plazo de dos meses. «Finalmente, al cierre de marzo, nos trasladó a través de su gabinete de prensa que el dinero se había acabado y que no había más presupuesto para nosotros», lamentó la directora. «Ya hemos tenido que reducir las horas que realiza el personal, aunque los trabajadores están poniendo todo de su parte para no dejar a nadie fuera. Sin embargo, si el problema no se soluciona, habrá que parar a dos psicólogos y a una trabajadora social», aseveró Julia Castellano.

Nueva unidad

En abril, durante la presentación del protocolo de actuación ante situaciones de violencia en la infancia y la adolescencia en el ámbito sanitario, Monzón recalcó que la decisión obedece a un «reparto equitativo», si bien en la determinación también ha influido la intención de abrir en el primer semestre del año una unidad específica de Atención a la Anorexia y la Bulimia en el centro polivalente anexo al Hospital Juan Carlos I, un recurso del que carece la Isla hasta el momento. «Entendemos que muchos de estos pacientes podrán ser tratados en este centro. Esperamos poder mejorar el año que viene las cifras de subvenciones, pero la atención está más que garantizada», aseguró entonces la consejera.

No obstante, según Julia Castellano, la puesta en marcha de esta unidad no va a reducir el volumen de trabajo en Gull-Lasègue. «Se trata de un área de internamiento a la que irán las personas que están muy graves. Ahora mismo, los pacientes con TCA ingresan en los hospitales junto con los que sufren otros trastornos. Allí, reciben un tratamiento que solo les ayuda a regular el peso, pero cuando vuelven con nosotros están mentalmente peor de lo que se fueron», alertó.

La Consejería redujo este año en 50.000 euros la partida que dirige a la organización

«Esther Monzón, nos debes un montón». Al grito de esta y otras consignas, los manifestantes fueron avanzando en la última jornada por las calles de la capital. María –nombre ficticio para proteger su identidad– fue una de las personas que se unió a la concentración. «Soy madre de una chica afectada por un TCA y para mí es inaudito que esta situación se esté dando. Esta asociación está haciendo un esfuerzo titánico y mi hija está viva gracias a la labor que realizan», relató la mujer. 

A su juicio, la Consejería de Sanidad está cometiendo «una negligencia» contra los afectados por estas patologías, pues la sanidad pública no cuenta con los recursos necesarios para brindar a los aquejados el respaldo y el seguimiento que necesitan. «Están condenando a estos pacientes a una muerte lenta y agónica», subrayó María, que además recordó que los TCA son los problemas de salud mental que reúnen el mayor índice de mortalidad. 

Apoyo

Lucía –que también prefirió hacer uso de un nombre ficticio– tiene 22 años y es paciente de la asociación desde hace dos. «Empecé a tener estos problemas en la adolescencia, pero no era consciente de ello. Tengo un trastorno mixto –anorexia, bulimia y trastorno por atracón– y para mí fue increíble dar con este centro», afirmó la joven, que no dudó en secundar la protesta. 

Durante todos estos años, ha tenido que lidiar con muchos obstáculos. De hecho, estos problemas la llevaron a ingerir una sobredosis de pastillas para poner fin a su vida. «Esta enfermedad es una autolesión constante. Si no hubiera sido por este centro, mi vida habría acabado hace mucho tiempo», admitió, visiblemente emocionada.

No tuvo la misma suerte en la sanidad pública, donde su experiencia fue muy negativa. «Me sentí ignorada por la psicóloga. Me derivaron a Psiquiatría y me mandaron una medicación para dormir que, a día de hoy, no me puedo quitar. Solo he podido prescindir de los antidepresivos después de dos años, pero me ha costado muchísimo», informó Lucía. 

Actualmente, la asociación Gull-Lasègue atiende a 200 personas de Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma, mientras que una veintena permanece en lista de espera. Para abordar la problemática, los propios usuarios han solicitado mantener una reunión con la consejera de Sanidad. Según aseguran desde el colectivo, hasta el momento, no han obtenido respuesta. 

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