Los sindicatos insisten en la falta de planificación en el Instituto de Medicina Legal de Tenerife

La polémica entre los sindicatos que conforman el Comité de Huelga en el Instituto de Medicina Legal (IML) de Santa Cruz de Tenerife y la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno canario continúa. Intersindical Canaria, CSIF, CCOO y STAJ insisten en denunciar la falta de planificación en el citado recurso.

Hace casi un mes que llegó a la sede de la institución un equipo para hacer fotos panorámicas de la boca de los menores migrantes no acompañados y conocer así su edad real (ortopantomógrafo), pero sigue en una caja, a pesar de que urge que entre en funcionamiento para agilizar dichas pruebas y evitar el colapso que existe en el Hospital La Candelaria.

Los representantes de médicos forenses y otros trabajadores del Instituto de Medicina Legal aseguran que el informe de viabilidad para instalar dicho aparato se pidió por parte de la Dirección del centro después de que ya hubiera sido comprado y estuviera en las dependencias del IML, ubicadas entre la Facultad de Medicina y el Hospital Universitario de Canarias (HUC).

Los delegados sindicales explican que, "no sólo nos ratificamos en nuestras declaraciones en cuanto a la nula planificación previa a la adquisición del instrumental, sino que destacamos la mendacidad con la que la Consejería se está manejando con la aparente finalidad de ocultar, una vez más", la supuesta "nefasta gestión de los recursos públicos".

Sobre la referida máquina, afirman los sindicatos que el 26 de enero se entregó en la sede del IML. En la caja figuraba como destinatario el Instituto de Medicina Legal de Las Palmas y la dirección de su actual sede.

Diez días después de la llegada del ortopantomógrafo, el 5 de febrero, se solicitó a la jefa del Servicio de Laboratorio que elevara un informe a la Dirección sobre la viabilidad y de los medios necesarios para la instalación del mencionado equipo, "debido a que éste ya se encontraba en una dependencia de nuestro Instituto de Medicina Legal y se desconocía si era posible instalarlo en la sala plomada destinada a la realización de pruebas radiológicas a los fallecidos".

Para los sindicatos, ese proceso cronológico de primero comprar y entregar, para después analizar si es factible su colocación, no resulta lógico.

Pero el Comité de Huelga señala que, además, la conclusión de dicho informe fue desfavorable. La jefa del Servicio de Laboratorio afirmó que: "...en mi opinión considero que realizar pruebas radiológicas a personas vivas en la sala de rayos en la ubicación actual no es la opción óptima, dado que es un lugar donde entran y salen cadáveres", a la vez que puede existir, "olor" a cuerpos sin vida "en estado de putrefacción".

Cabe recordar que una máquina para hacer pruebas radiológicas requiere, de forma obligatoria, de una sala "plomada", es decir, con aislamiento suficiente para evitar radiaciones.

La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia informó que, para poder utilizar el aparato, resulta necesario un equipo informático especializado. "Hubiera sido conveniente conocer este dato con anterioridad a la compra, y no averiguarlo con posterioridad, lo cual no sólo implica una enorme demora de la instalación, sino que, además, refleja aún más que la toma de decisiones se realiza a la ligera y de forma negligente", critican los sindicalistas.

Menciona el Gobierno canario que un técnico de la empresa que suministró el equipo informó de forma favorable sobre el lugar donde podía ser colocado. Los representantes de los trabajadores críticos desconocen si, "además del visto bueno de una empresa privada, que obtiene un rédito económico en su instalación, hay algún informe favorable de Sanidad y del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales en cuanto a la ubicación, equipos de protección necesarios y normas de seguridad" para las personas que dicen ser menores.

Pero, además, IC, CSIF, CCOO y STAJ apuntan que también "resulta inaceptable desde el punto de vista ético, llegando a rozar la vulneración de los derechos humanos". Apuntan que los usuarios serán "posibles menores que tendrían que recorrer pasillos visualmente impactantes, pasar por zonas contaminadas y ser sometidos a pruebas radiológicas en el mismo lugar y con el mismo instrumental que se utiliza para el estudio de cadáveres".

También aseguran que los médicos forenses del IML de Santa Cruz de Tenerife "llevamos años teniendo que realizar dicha exploración sin la asistencia para ello de un intérprete oficial proporcionado por la Dirección General", salvo en las efectuadas en los meses de noviembre y diciembre del 2023 en el dispositivo de emergencia llevado a cabo en el Hospital del Sur de Tenerife.

Apuntan que los acompañantes o cuidadores que acuden con ellos desde los centros en los que se encuentran por tratarse de menores de edad que deben ser acompañados no son intérpretes oficiales.

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