«La Comisión por la identidad debe dotarse de contenido y objetivos claros»

Jorge Raúl Rodríguez Carrillo muestra su satisfacción por el avance del Gobierno canario, pero estima que este órgano debe ir más allá de los asuntos burocráticos

El diputado del Común, Rafael Yanes, y Jorge Raúl Rodríguez Carrillo, portavoz del colectivo Sin Identidad en Tenerife. | | E.D.

El diputado del Común, Rafael Yanes, y Jorge Raúl Rodríguez Carrillo, portavoz del colectivo Sin Identidad en Tenerife. | | E.D. / Pedro Fumero

El portavoz del colectivo Sin Identidad de Tenerife, Jorge Raúl Rodríguez Carrillo, manifiesta su satisfacción por el hecho de que el Gobierno de Canarias haya adoptado el acuerdo que designa a las personas que integran la Comisión canaria por el derecho a la Identidad, que se encargará de abordar los asuntos relacionados con aquellos ciudadanos que no conocen a sus familiares biológicos (padres, abuelos, tíos o hermanos, por ejemplo), así como a aquellas personas a las que les arrebataron a sus hijos.

Sin embargo, Rodríguez Carrillo manifiesta que este órgano debe tener objetivos claros y adoptar medidas efectivas. Es decir, que no debería convertirse en una comisión de carácter burocrático y protocolario, que no logre los avances que demandan las víctimas de esta realidad.

Nombramientos

La designación de los representantes en la mencionada Comisión se adoptó por el Gobierno de Canarias en el Consejo celebrado el pasado 5 de febrero. Habrá portavoces del Ejecutivo autónomo, de los cabildos, de los ayuntamientos y de las asociaciones de personas afectadas.

Por la administración regional figuran la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, que ejercerá como titular y presidenta del órgano; el viceconsejero de Justicia, Cesáreo Rodríguez Santos, como suplente; Horacio Umpiérrez, viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural (titular), y Miguel Ángel Clavijo, director general de Cultura y Patrimonio Cultural (suplente).

Representantes municipales

Por parte de los ayuntamientos están el alcalde de Valsequillo, Francisco Atta, que es presidente de la Comisión de Administración Pública y Seguridad de la Fecam (titular), y Trinidad María Pérez, técnico coordinadora del citado órgano de la Federación Canaria de Municipios (suplente).

En representación de los cabildos se encuentran la presidenta de Tenerife, Rosa Dávila (titular), y Antonio Morales, presidente de Gran Canaria (suplente).

Nieves Lady Barreto, Rosa Dávila o Francisco Atta figuran como titulares en la entidad

Y por los colectivos de afectados se ha nombrado a Jorge Raúl Rodríguez Carrillo y Francisco González de Tena (sociólogo e investigador de esta realidad), como titulares, así como a Víctor Manuel Bello, doctor en Historia y archivero por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Rodríguez Carrillo apunta que las personas afectadas deben ser reconocidas como víctimas, recibir atención de salud mental y recibir apoyo del Gobierno canario para efectuar la denuncia contra la administración que en su momento supuestamente no veló por los intereses de personas acogidas en recintos como la Casa Cuna, por ejemplo.

Para este representante de Sin Identidad en Tenerife, es muy importante «aprovechar el tiempo» y aclara que «el colectivo va a actuar como órgano asesor» en las cuestiones de carácter técnico, gracias a la información recopilada durante años sobre víctimas de esta realidad.

Diferencias

En opinión de Rodríguez Carrillo resulta muy importante diferenciar entre el fenómeno del denominado «nido vacío», que hace referencia a las víctimas primarias o los menores que fueron apartados de sus familias biológicas o nunca las conocieron; de los casos considerados como del «nido vaciado», es decir, el de aquellas madres a las que les arrebataron a sus hijos en clínicas u hospitales en unas circunstancias no aclaradas.

Francisco González de Tena asegura que los colectivos Sin Identidad «no van contra nadie, sino que simplemente pretenden el amparo legal y la ejecución de medidas, sin más dilaciones inhumanas; sólo apelamos a los apoyos obligados en aplicación de las leyes que afectan a las víctimas».

Para este investigador, la Comisión es «una oportunidad de dar cuenta de todo lo positivo que llevamos años haciendo en favor de todas las víctimas, sin haber recibido hasta hoy ni una sola atención, mientras las personas se siguen muriendo en la oscuridad social y administrativa».

Verdad y justicia

En el acuerdo adoptado por el Gobierno de Canarias el pasado 5 de febrero se recuerda que la ley 13/2019, de 25 de abril, sobre los menores robados en Canarias, tiene por objeto proporcionar los instrumentos normativos y recursos necesarios para el reconocimiento y efectividad del derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de tales circunstancias, así como facilitar las labores de investigación necesarias, mediante la regulación de los procedimientos administrativos precisos en cumplimiento de los artículos 133, 136 y 147 del Estatuto de Autonomía.

El colectivo Sin Identidad ha tenido serios problemas para acceder a diferentes archivos

Durante muchos años, una de las principales reivindicaciones de los colectivos de personas afectadas ha sido poder acceder a aquellos archivos en los que se cree que puede haber documentación que facilite la labor de búsqueda e identificación de las víctimas.

Obstáculos

El motivo es que los investigadores de Sin Identidad se han encontrado con serios obstáculos hasta el momento para poder desarrollar esas tareas. Buena parte de los afectados por esta realidad sufren problemas económicos y de exclusión social, patologías relacionadas con la salud mental, entre otras cosas. Más de una década después de que la labor de estos colectivos saliera a la luz para defender sus derechos, algunos de sus miembros han fallecido.

En el colectivo Sin Identidad de la provincia de Santa Cruz de Tenerife existen personas que fueron usuarias de la Casa Cuna a lo largo de varias décadas del siglo XX. Una parte de esos integrantes de la asociación nació durante la década de los años 50. Sin embargo, también hay casos de los años 60 y 70.

Durante años, algunos de esos integrantes mostraron sus críticas a la gestión realizada de dicho complejo al que llegaban menores con muy diferentes circunstancias personales.