Crisis climática

Bruselas denuncia a España ante el TJUE por casi 200 vertederos ilegales y por incumplir la directiva del agua

El objetivo de la directiva marco sobre el agua es garantizar una buena salud "cualitativa y cuantitativa" de las masas de agua europeas como ríos y lagos, reducir y eliminar la contaminación y garantizar que haya suficiente agua para cubrir al mismo tiempo las necesidades humanas y las de la fauna silvestre

Bruselas denuncia a España ante el TJUE por tener al menos 195 vertederos ilegales

Bruselas denuncia a España ante el TJUE por tener al menos 195 vertederos ilegales

Silvia Martínez

Doble denuncia de la Comisión Europea contra España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Por una parte, Bruselas ha concluido que las autoridades españolas han incumplido la directiva marco sobre residuos al no solventar las deficiencias detectadas en al menos 195 vertederos ilegales pese a los reiterados llamamientos. Y por otra, según el Ejecutivo comunitario, el Gobierno tampoco ha informado sobre el tercer plan hidrológico de cuenca ni sobre el segundo plan de gestión de riesgo de inundaciones por lo que los esfuerzos para cumplir con la directiva marco del agua siguen siendo "insuficientes".

La Comisión Europea avisa de que los esfuerzos del Gobierno por cumplir las directiva de residuos y del agua son "insuficientes"

El objetivo de la directiva marco sobre el agua es garantizar una buena salud "cualitativa y cuantitativa" de las masas de agua europeas como ríos y lagos, reducir y eliminar la contaminación y garantizar que haya suficiente agua para cubrir al mismo tiempo las necesidades humanas y las de la fauna silvestre. Es, por tanto, "parte esencial del Pacto Verde Europeo" y necesaria para alcanzar los objetivos de clima, naturaleza y reducción de la contaminación. Igual de importante, según Bruselas, es la normativa sobre inundaciones.

Los Estados de la UE están obligados a actualizar y notificar cada 6 años sus planes para mantener el buen estado de ríos y lagos

Cada seis años los Estados miembros están obligados a actualizar y notificar sus planes hidrológicos de cuenca en los que se incluyen medidas para garantizar el buen estado o el potencial de todas las masas de agua. Y lo mismo ocurre con los planes de gestión del riesgo de inundación. La Comisión Europea envió un primer aviso al Estado español en febrero del año pasado y un ultimátum en septiembre.

Bruselas denuncia que al menos 195 vertederos ilegales no han sido cerrados y que ponen en riesgo el medio ambiente y la salud humana

"A pesar de que se han registrado algunos avances, seis países siguen incumpliendo sus obligaciones en virtud de una o las dos directivas", concluye ahora Bruselas. Es el caso de España que, al igual que Malta y Portugal, todavía no han notificado por completo sus terceros planes hidrológicos de cuenca ni sus segundos planes de gestión del riesgo de inundación. "La Comisión considera que, hasta la fecha, los esfuerzos que han realizado las autoridades han sido insuficientes y, en consecuencia, va a llevar a Bulgaria, Irlanda, España, Malta, Portugal y Eslovaquia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea", ha anunciado en un comunicado.

El segundo caso por el que Bruselas ha decidido denunciar a España ante el tribunal europeo se refiere a la gestión de residuos y la obligación de los Estados miembros de eliminarlos de forma segura. "España no ha adoptado las medidas necesarias para cumplir los requisitos de la directiva marco sobre residuos", concluye el Ejecutivo comunitario. El problema se refiere a la "persistencia de al menos 195 vertederos ilegales" que todavía no han sido ni cerrados, ni sellados ni restaurados desde 2008 y que, según Bruselas, está provocando daños graves al medio ambiente y ponen en peligro la salud humana.

"España ha faltado a sus obligaciones de control, inspección y cumplimiento en relación con el vertido de residuos"

"Esto indica también que España ha faltado a sus obligaciones de control, inspección y cumplimiento en relación con el vertido de residuos", advierte la Comisión. El problema no es nuevo. Bruselas envió una primera carta a España en diciembre de 2015 pidiéndole que corrigiera la situación. Casi tres años después, en noviembre de 2018, recibió una segunda misiva en forma de ultimátum. "A pesar de algún avance, las autoridades españolas no han solventado por completo las deficiencias" y "la Comisión considera que los esfuerzos han sido insuficientes", concluyen en un comunicado.

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